El Gobierno Provincial decretó el estado de desastre y emergencia agropecuaria por el plazo de un año. La medida busca articular medidas para afrontar las pérdidas en el sector, ocasionadas por la falta de lluvias (desde marzo a agosto).
A través del Decreto 1.600 se estableció la emergencia en 13 departamentos: Capital, Bella Vista, Mburucuyá, Itatí, Goya, Lavalle, Empedrado, General Paz, Saladas, San Cosme, San Luis, San Roque y Berón de Astrada.
En diálogo con NEA HOY, Hugo Altamirano, subdirector de Economía Agraria del Ministerio de Producción, explicó los efectos negativos de la sequía y los gastos producidos por la situación.
Las pérdidas en cifras
Según los datos obtenidos en la campaña de vacunación ganadera realizada este año, 13.000 productores agrarios trabajan en las localidades contempladas en el decreto. De ese total, 11.065 productores sufren el desastre y la emergencia agropecuaria.
La superficie de tierra utilizada por el sector ganadero, en las 13 localidades, equivale a 1.500.000 hectáreas. De esa superficie, un total de 1.460.200 fueron afectadas por la sequía, según se registró de marzo a agosto, explicó Altamirano.
La producción anual de carnes es de 89.645.000 kg, pero, según el informe elaborado por el Ministerio de Producción, el número se redujo en un 51%.
“Es un ejemplo el caso de Bella Vista; de los 48,1 kg de carnes que obtiene por hectárea anualmente, sólo producirá, a causa de la emergencia, unos 22 kg de carne por hectárea”, detalló Altamirano
Se estima que entre marzo de este año a marzo de 2021 los ingresos serán de $8.213.000. Generalmente, se obtienen $16.200.000 anualmente.
En una situación ambiental favorable, las pérdidas por mortandad de los animales es de un 3% durante el ciclo productivo. Este año, debido a la sequía, la cifra aumentará un 0,6%.
En números, de 34.080 cabezas perdidas durante el ciclo productivo, se perderán 6.500 más. Esto genera un total de 42.000 animales muertos por la sequía y una pérdida de $503 millones de pesos.
Otro factor preocupante, señaló el subdirector de Economía Agraria, es la baja del nivel de preñez en las vacas, debido a las bajas de peso. Esto ocasiona un menor número de nacimiento de terneros.
Se estima que serán 87.330 animales menos, para el año próximo. La pérdida monetaria solo por este factor será de $11.700.000.
Beneficios que establece el decreto provincial
La norma otorga beneficios a los productores agrarios afectados que acrediten su condición presentando el certificado de desastre y emergencia agropecuaria. Podrán obtener: prórroga de vencimientos de impuestos y créditos provinciales, asistencia técnica y financiera y subvenciones por parte del Ministerio de Producción provincial.
El certificado se presenta en carácter de declaración jurada y es recibido por la Dirección de Economía Agraria del Ministerio de Producción.
En cuanto a los impuestos inmobiliarios rurales anuales, el pago se realiza en cuatro cuotas, de los cuales ya vencieron tres. La cuarta vencerá el día 20 de este mes. Por la norma, se extenderá el plazo del pago por un año.
Las cuatro cuotas equivalen a más de 100 millones de pesos, teniendo en cuenta a las 13 localidades. El 25% del impuesto anual significa $24.800.000.
Otro de los beneficios gira en torno a las deudas que los productores agrarios hayan obtenido en relación a la Dirección General de Rentas (DGR) o el Banco de Corrientes (BanCo). En ambos casos, podrán renegociar las deudas, con tasas de interés bonificadas según el grado de afectación que tuvieron el ganado y sus tierras.
Son considerados productores en emergencia si la producción se redujera entre el 50% y el 79%. A partir del 80% de afectación se considera la situación como desastre agropecuario.
El Gobierno Provincial contribuyó, además, con 240 pequeños productores agrarios en la venta de rollos de pastura a mitad del precio común. En esto, se produjo un gasto de $310.000, según informó Altamirano.
Según los datos provistos por el funcionario, entre este ciclo productivo y el de 2021, se contempla una pérdida total de $20.400.000.
En caso de aprobarse el estado de desastre y la emergencia agropecuaria, que se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación, la provincia tendrá apoyo del Gobierno Nacional para afrontar los gastos y otorgar otros beneficios que contribuyan a paliar la emergencia ocasionada por la sequía.
