La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La Ley Micaela tiene como órgano de aplicación al Instituto Nacional de las Mujeres (absorbido actualmente por el recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad) y, al estar abocada al Estado Nacional, invita a su adhesión a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De carácter obligatorio, la Ley Micaela prevé una serie de sanciones para quienes se nieguen a capacitarse.
Publicada en el boletín oficial el 1° de enero de 2019, su reglamentación invita, en el artículo N° 10, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su adhesión para que se efectúen capacitaciones en sus estructuras y organismos provinciales y municipales. Actualmente, todas las provincias adhirieron a la ley, una de las primeras provincias en adherir fue Córdoba, mientras que la última en hacerlo fue Tucumán, el 22 de mayo del 2020. Asimismo, se han adherido municipios de todo el país, el Consejo Interuniversitario Nacional y decenas de universidades públicas, sindicatos, organizaciones sociales, instituciones educativas, culturales y deportivas y empresas.
En el objetivo de incorporar un enfoque de género en el análisis de la violencia contra las mujeres y disidencias, el INAP, organismo que depende de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se encarga de capacitar a trabajadoras y trabajadores de la administración pública.
¿Quién fue Micaela García?
La Ley 27.499 lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en la ciudad entrerriana de Gualeguay, a los 21 años de edad, en abril de 2017. Militante del Movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos, Micaela era una joven comprometida con los sectores más vulnerables de la ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).
Micaela fue secuestrada, violada y asesinada en Gualeguay, donde cursaba sus estudios universitarios. Su atacante se encontraba gozando de libertad condicional por disposición del Juez Carlos Rossi, quien había desoído los múltiples informes técnicos que no aconsejaban su liberación. Un día antes del femicidio, el padre de una menor se dirigió a una comisaría en Gualeguay para radicar una denuncia contra el autor del femicidio de Micaela, por intento de abuso a su hija, pero la denuncia no fue tomada por la policía.
Tras el femicidio de Micaela, fue presentado un paquete de trece proyectos al Congreso Nacional pero sólo dos de ellos, unificados, lograron tratamiento mientras que el resto perdió estado parlamentario. Tras varias sesiones legislativas sin lograr tratamiento, el proyecto de ley llegó al recinto en diciembre de 2018 gracias a la presión pública que generó la denuncia pública que realizó la actriz Thelma Fardín sobre la violación sufrida en su infancia por parte de un compañero de elenco. Con tan sólo un voto negativo en Diputados y unanimidad de las fuerzas políticas en el Senado, la Ley 27.499 “Ley Micaela – Capacitación en género y violencia contra las mujeres” fue sancionada.
Pocos meses después de su femicidio, los padres de Micaela, Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, crearon la Fundación Micaela García “La Negra” con el objetivo de continuar la labor social que “la Negra” llevaba adelante y abonar a la erradicación de la violencia de género. Su rol fue fundamental en la difusión de la Ley a nivel nacional y en la sensibilización sobre la temática. Actualmente, la Fundación Micaela cuenta con un área de asistencia y asesoramiento a víctimas de violencia de género, un área de capacitaciones en perspectiva de género, un área de desarrollo social y territorial, a la vez que desarrolla talleres y actividades en su sede de Concepción del Uruguay.
¿Por qué es importante la Ley Micaela?
La Ley Micaela es importante porque al conocerse los detalles del caso se puso en evidencia la escasa formación en perspectiva de género por parte de las y los agentes del Estado, formación que no sólo logra hacer más efectivas las intervenciones estatales, sino que, incluso, puede salvar vidas. Es vital el compromiso del Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados locales (con sus poderes, agentes, funcionariado y presupuestos) en el objetivo de acelerar el ritmo de las transformaciones que el movimiento feminista demanda en las calles.
El Estado argentino, desde hacía más de 30 años, a través de su adhesión a la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por Ley en 1985 y jerarquizada a rango constitucional con la Reforma de 1994) había contraído compromisos vinculados a la educación y capacitación del personal abocado a la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, pero no los había cumplido. En el año 2010, el informe particular para Argentina Nº 6 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había exhortado a que el Estado “imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a que vigile los resultados de esa labor.” De igual modo, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en el año 2012 señaló a nuestro país que el Estado debía desarrollar “planes de formación continuos sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará, destinados a legisladores/as, operadores/as de justicia (jueces/zas, fiscales/as, funcionarios/as legales, comisarios/as de familia) y otros/as funcionarios/as públicos/as, operadores/as de salud, educadores/as, fuerzas militares y policiales, organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, centros de atención especializados en violencia y otras públicos similares”. Incluso, la propia Ley Nacional 26.485 define acciones vinculadas a la capacitación permanente.
