Ante lo ocurrido en Chaco, que tuvo como víctima fatal a un joven qom de 23 años, tomará intervención la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a pedido del Gobernador Jorge Capitanich. Hasta el momento son cinco los efectivos policiales detenidos tras el conflicto.
El área nacional de DDHH, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, tendrá como propósito garantizar la transparencia del proceso de investigación para encontrar a los responsables de lo ocurrido el viernes por la mañana, en el barrio Los Silos de San Martín.
Por su parte, desde la Secretaría de DDHH de la Nación, afirmaron que existe una decisión política de garantizar el esclarecimiento de los hechos en los términos establecidos por las normas internacionales, nacionales y provinciales en materia de Derechos Humanos.
Presencia del Gobierno en San Martín
Por otra parte, la Ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, de manera inmediata y una vez conocidas las circunstancias del hecho, se hizo presente en San Martín junto a autoridades de la Policía del Chaco, en compañía del Intendente local, Mauro Leiva, para garantizar el ingreso de los actores judiciales e iniciar el procedimiento de investigación.
“Mi presencia en el lugar tuvo el fin de garantizar la articulación de todas las áreas del Estado que se vieron involucradas en la situación y así destrabar el conflicto”, indicó Gloria Zalazar. “Se intervino y coordinó con el Poder Judicial, Gendarmería, y otras áreas de la Policía del Chaco que no pertenecen a la Dirección General de la Ciudad de San Martín”, agregó.
En comunicación con el secretario @pietragallahora, el gobernador @jmcapitanich solicitó la intervención de la @SDHArgentina para garantizar la transparencia en el esclarecimiento del asesinato de un joven Qom, ocurrido en Chaco. https://t.co/a2OSAYfdQu
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) June 11, 2021
En ese sentido, la titular de Derechos Humanos y Géneros informó que junto a los equipos de diversas áreas “esperamos a que llegara el IMCIF a retirar el cuerpo. La fuerza que ingresó fue Gendarmería Nacional. Estuvieron presentes la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch y parte de los equipos técnicos”.
Intervención integral de áreas de DDHH
Para la Secretaria de DDHH y Géneros, Silvana Pérez, hay una presunción de que el fallecimiento del joven se haya producido en un contexto de violencia institucional. Por eso, el área a su cargo se constituirá como querellante en la causa judicial, con el consentimiento de familiares directos de la víctima.
La decisión surgió luego de una visita que incluyó a los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Subsecretaría de DDHH y otras áreas.
“Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad y los escuchamos. Fuimos con la traductora indígena Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia”, explicó Silvana Pérez.
Investigación judicial con protocolos internacionales
Para avanzar con el procedimiento judicial acorde a los hechos ocurridos, desde la Secretaría de DDHH solicitaron la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia, cuya competencia corresponde en este caso a la unidad de Sáenz Peña, situación que fue comunicada mediante una nota digital al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF).
Una de las primeras medidas tomadas por la Fiscalía fue solicitar que se tomaran muestras de pólvora en las manos de los agentes policiales involucrados y una autopsia al cuerpo del joven fallecido. Más tarde, ordenó la detención de cinco agentes de la Policía del Chaco. En tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) interviene en la Dirección General de San Martín de la Policía del Chaco.
“También solicitamos se aplique en la autopsia el protocolo de Minnesota, que corresponde en estos casos”, detalló Silvana Pérez. Se trata de una herramienta elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes “potencialmente ilícitas”.
El Protocolo de Minnesota es aplicable en los casos en que una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.
Fuente: Informe del Gobierno Provincial
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