La causa por el crimen de Josué Lago, el joven qom asesinado el 11 de junio en el barrio Los Silos de General San Martín, Chaco, tuvo un giro inesperado. Esta semana, la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Silvia Slusar, resolvió la falta de mérito sobre el agente de policía Guillermo Pablo Viñuela y lo dejó en libertad. El pasado 19 de junio ya habían sido liberados los otros cuatro policías implicados.
La semana pasada, el Procurador General, Jorge Canteros, designó a un fiscal coordinador para que participe y colabore con Silvia Slusar. Se trata de Carlos Rescala, actual Fiscal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña; quien ahora trabajará para poder avanzar rápidamente con la causa.
Una de las primeras acciones realizadas por Carlos Rescala fue tomar contacto con los familiares del agente Guillermo Viñuela, quienes estuvieron encadenados en la puerta de la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, exigiendo la liberación del policía.
La noticia de la liberación de Guillermo Viñuela causó malestar en comunidades originarias. Por esto, durante la semana pasada y esta, familiares de Josué Lago realizaron distintas manifestaciones en las rutas de los alrededores de General San Martín, la localidad donde ocurrieron los hechos.
Cuestionamientos a la Fiscalía
Tras la liberación de Guillermo Viñuela, el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) de Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos -ambas instituciones querellantes en la causa- presentaron un pedido de nulidad de la falta de mérito dictada por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de Silvia Slusar.
Por el momento, el agente de la Policía Guillermo Viñuela es el único imputado por el homicidio de Josué Lago. Como querellante en la causa, la calificación legal fundamentada por el Comité es la de “homicidio doblemente calificado por ser cometido por odio racial y por un integrante de las fuerzas de seguridad”.
En ese sentido, el Comité sostiene que la decisión de la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña es “arbitraria” y solicitó además la apelación “en el caso que la fiscal no considere los argumentos” expuestos y “garantice el verdadero acceso a la justicia a la familia y la comunidad”.
Para el equipo de abogados que lleva adelante la querella en representación del Comité de Prevención de la Tortura, el pedido de nulidad tiene varios aspectos, el primero es la falta de fundamentación suficiente. Las resoluciones deben ser fundamentadas con una deducción razonada de la prueba.
“Los argumentos que utiliza la Fiscalía de DDHH son en base a lecturas aisladas y no puestas en la circunstancias del hecho, no realizó lo que llamamos lectura integral de la prueba. Es decir, no se hace la conexión lógica pruebas e indicios, en las que la sumatoria de unas y otras lleva a construir la realidad histórica de lo que pasó en cualquier investigación judicial”, indicó a NEA HOY Kevin Nielsen, representante del Comité.
El otro es la falta de notificación y la posibilidad de las víctimas de ser oídas, indicaron desde el Comité. “La familia de Josué Lago debería ser escuchada antes del dictado de la resolución liberatoria, ello es así conforme la Ley Nacional de Víctimas y ya configura una buena práctica judicial en muchos casos”, agregó.
Por otra parte, los abogados sostienen que la Fiscalía mantiene la imputación (no desvinculó a Viñuela de la causa) pero entiende que no hay elementos suficientes para el dictado de la prisión preventiva. “Si la fiscal entiende que hay elementos que sindiquen a Viñuela como autor (criterio que compartimos), correspondería el dictado de la prisión preventiva por la carátula que conlleva”, señalaron.
Intervención del Estado Provincial
Asimismo, la solicitud de nulidad de la falta de mérito de la Secretaría de DDHH y Géneros de la provincia se centra en tres puntos:
- Se nos tenga por interpuesto recurso de apelación de la Resolución dictada en el de la fecha (05/07/2021) por parte de la Sra. Fiscal en lo Penal Especial en Derechos Humanos, Dra. Silvia M. Slusar.
- Se revoque por contrario imperio, la orden de libertad del Agente Policial Credencial Nº 24103 Guillermo Pablo Viñuela, por los argumentos ampliamente desarrollados.
- Hacemos expresa reserva de la cuestión extraordinaria local y federal a fin de articular oportunamente los recursos extraordinarios ante el STJ conforme y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de los art. 14 y 15 de la Ley Nº48, por violación a los art. 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
Avance de la causa
Josué Lago fue asesinado el viernes 11 de junio en el barrio Los Silos en General San Martín, Chaco, durante un enfrentamiento entre vecinos con la Policía. Hoy se sabe que, previo a este enfrentamiento, ocurrieron otras situaciones de violencia policial en el barrio contra jóvenes de la comunidad qom que residen en Los Silos.
La causa se encuentra en etapa de investigación a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos. En ese contexto, el Comité de Prevención de la Tortura lleva adelante solicitudes de medidas de protección previa de testigos que aún no han declarado, pero no quedan muchas pruebas por producirse en el marco de la investigación penal.
“La complejidad de las ejecuciones extrajudiciales en el mundo reclaman una lectura global e integral de elementos que aislados no dicen mucho pero concatenados son suficientes para llevar a un imputado perteneciente a las fuerzas de seguridad a juicio. Y eso es lo que pedimos”, insistieron los abogados querellantes del Comité.
Viñuela, el único policía que seguía detenido por el homicidio de Josué Lago, pero fue puesto en libertad por “falta de mérito”, luego de haberse cumplido los 10 días hábiles desde su declaración de imputado. Antes, fueron liberados el cabo primero Francisco Torres, cabo primero Javier Ramón Miño, el sargento Mauro Ramírez y el sargento José Alberto Gauto.
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