El magnicidio de Jovenel Moise ocurrido el pasado 7 de julio sorprendió al mundo: la muerte del presidente de Haití, que debía ejercer el poder hasta las elecciones de noviembre, sumió al país en un caos institucional.
Lautaro Rivara es sociólogo recibido de la Universidad Nacional de La Plata. Como militante del movimiento Patria Grande, se encuentra desde hace un año en Haití realizando trabajos humanitarios. En diálogo con NEA HOY nos comentó cómo se vive la situación en el país y sus opiniones sobre lo que se vendrá.
Inseguridad y grupos armados en Haití
El magnicidio de Moise pareció haber romantizado su figura en algunos medios. Sin embargo, cabe recordar que su gobierno fue acompañado de crecientes protestas tanto en el 2019 por la devaluación de la moneda como por cerrar el parlamento y permanecer en el poder como presidente de facto aún después de finalizar el tiempo constitucional de su mandato.
A su vez, su gobierno estuvo marcado por el crecimiento de la inseguridad fruto del surgimiento de grupos armados. Según Rivera, estos grupos “no emergieron de forma espontánea ni son producto de la pobreza ni desigualdad, sino que están estrechamente ligados al poder nacional e internacional”.
Para el sociólogo, estos grupos delincuenciales han jugado un “rol político bastante eficaz vinculado a este intento de desmovilizar la protesta social”.
Las conjeturas sobre el asesinato
Antes de su asesinato, el presidente venía gestionando un referendo para cambiar la constitución del país. Muchos medios trataron el tema en la misma clave que el tratamiento dado a los referendos y constituyentes de Chile o Perú, cuyo objetivo fue ampliar derechos. Esta perspectiva vincularía al magnicidio con intereses conservadores que se habrían visto afectados por estos cambios.
Pero Rivara niega estas conjeturas. La constitución de 1987, según explicó, fue redactada después de una dictadura que azotó al país durante 29 años para introducir límites y contrapeso al poder del ejecutivo. Son justamente estos límites los que el gobierno de Jovenel Moise habría querido modificar mediante el referendo.
En cambio, Rivara menciona tres factores claves en el marco del magnicidio. El primero es la influencia norteamericana en el país. “Nadie en la política haitiana mueve una ficha o hace una acción de este calibre sin la participación o por lo menos la aprobación y el visto bueno de los Estados Unidos o alguna de las facciones del establishment norteamericano”, aseguró.
El segundo factor son las internas entre las clases dominantes haitianas. Según él, algunos actores de peso en el país ya venían enfrentándose a Jovenel Moise, “no porque tuvieran un proyecto nacional diferente al de Moise, sino para disputar los privilegios y las prebendas asociadas al control del aparato del estado”.
Y el tercer factor es el narcotráfico. Siendo Haití una isla de tránsito entre las drogas producidas que se producen en Colombia y un enorme mercado de consumo como lo es Estados Unidos, Rivara aseguró que gran parte de la clase política de Haití se encuentra vinculada al narcotráfico. Esta hipótesis toma fuerza considerando que muchos implicados en el magnicidio provienen de Colombia o de los Estados Unidos.
Crisis institucional
Antes del magnicidio de Jovenel Moise, la institucionalidad democrática en Haití había sido vulnerada por el mismo presidente, y esta situación se complejizó aún más después de su asesinato. Según la constitución vigente, las responsabilidades presidenciales en este caso podrían ser asumidas por el Presidente de la Corte de Casación, que falleció por Covid-19 en junio.
Finalmente, el encargado de asumir fue el primer ministro, cuyo cargo debía ser legitimado por el parlamento que Moise había desmantelado en el 2020. Para peor, antes del magnicidio este cargo se encontraba en transición, por lo que hasta el día de ayer el gobierno interino se disputaba entre el ministro saliente Claude Joseph y el entrante Ariel Henry.
El sábado 17 de Julio, la ONU, la OEA y los embajadores europeos en Haití a través de un comunicado dieron su apoyo a Ariel Henry, lo que terminó de equilibrar la balanza para que el ministro asuma como presidente interino hasta las elecciones de noviembre. Para Rivara, sin embargo, la crisis institucional, la injerencia internacional y la creciente inseguridad hacen difícil pensar que los comicios sean democráticos, seguros y transparentes.
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