El primero de agosto se realizó en México la Consulta Popular 2021, un referéndum promovido por el gobierno de Juan Manuel López Obrador con el objetivo de que la población votara por si o no la realización de procesos para juzgar a expresidentes por actos de corrupción.
Al día siguiente, los primeros boletines del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojaban un resultado casi unánime por el si. Sin embargo, el referéndum obtuvo poca participación del electorado y no llegó al 40% necesario de votantes para que sea vinculante.
El Consejero Presidente del @INEMexico, @lorenzocordovav, anunció que el porcentaje estimado de participación de la #ConsultaPopular fue de un 7.07-7.74%.
Rangos de opinión:
Sí ➡️ 89.36-96.28%
No ➡️ 1.38-1.58%
Nulos ➡️ 2.19-9.21% pic.twitter.com/OhoN88y8Rf— @INEMexico (@INEMexico) August 2, 2021
¿Por qué no hubo mayor participación?
La falta de convocatoria a los comicios produjo dimes y diretes entre algunos referentes del partido y los organismos estatales involucrados. Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), responsabilizó al INE por no abrir suficientes comicios.
Primer ejercicio de consulta popular avalado por la Constitución en la historia de nuestro país.
La democracia participativa fortalece a México, esto es un triunfo de la gente, la Cuarta Transformación seguirá escuchando la voz popular en este y muchos temas mas. #JuicioSí pic.twitter.com/k6hbARqFK6
— Mario Delgado (@mario_delgado) August 1, 2021
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió a las acusaciones recordando a Delgado que el Gobierno aprobó un tercio del presupuesto que el instituto había proyectado para realizar el referéndum y que, sin embargo, el 99% de las mesas electorales del país abrieron con normalidad.
Lo cierto es que México viene registrando hace ya varias décadas una baja participación ciudadana en elecciones. El pueblo mexicano en general desconfía de las instituciones políticas y esto se expresa en que apenas alrededor del 60% del electorado acude a las urnas en las elecciones presidenciales y menos de un 50% a las intermedias.
La #ConsultaPopular es un éxito a pesar de las mentiras, noticias falsas y realidades alternativas que se han venido construyendo para tratar de desacreditar al @INEMexico pic.twitter.com/7kUuR68UaZ
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 1, 2021
Los ciudadanos expresaron escepticismo en los medios sobre las medidas reales que el gobierno llevará adelante para juzgar a expresidentes después del referéndum. Sin embargo, a pesar de no llegar al 40% vinculante, la respuesta casi unánime por el SÍ podría ser utilizada por el gobierno como aprobación para continuar con los juicios por corrupción.
¿Por qué el referéndum?
La corrupción siempre fue un tema de agenda en México y la apertura de procesos para juzgar a expresidentes fue uno de los puntos que Andrés Manuel López Obrador llevó adelante durante su campaña presidencial.
Sin embargo, a tres años de su mandato no fue capaz de obtener resultados en este aspecto y algunos piensan que el referéndum sería un intento de justificar el cumplimiento de esta promesa de cara a las próximas elecciones.
México no tiene amnistía para los exgobernadores. Todo presidente pierde los fueros y puede ser llevado a juicio una vez terminado su mandato. Por ello, algunos críticos no le ven sentido a la apertura de un referéndum para preguntar a la gente si se debe juzgar a expresidentes.
Pero también es cierto que el gobierno de López Obrador se encontró con trabas y complicaciones al intentar llevar adelante causas y procesos menores. La consulta popular, en este caso, se habría pensado como una herramienta de presión a la hora de abrir causas a exfuncionarios de mayor peso
¿A quiénes se juzga?
En total, México tiene a seis ex presidentes vivos. El mayor de ellos, Luis Echeverría (1970-1976), tiene 99 años y ha expirado el plazo de prescripción para los crímenes de los que se le acusa (principalmente, la matanza de estudiantes de 1968, mientras era Secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz).
El expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) es acusado de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a “allegados”, mientras que a su sucesor, Ernesto Zedillo (1994-2000), se lo procesaría de endeudar al país absorbiendo millonarias carteras vencida de los bancos tras la crisis de 1994.
A Vicente Fox (2000-2006) se lo responsabiliza de haber maniobrado, mediante el proceso de desafuero, para impedir la candidatura del propio López Obrador en el 2006. El mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue muy discutido por encrudecer la guerra contra el narcotráfico, que tuvo como resultado el aumento de los hechos de violencia durante su mandato.
La encuesta de @El_Universal_Mx dice que la mayoría quiere llevar ante la justicia a los exmandatarios:@EPN: 89.4@FelipeCalderon: 82.1%@VicenteFoxQue: 78%
Ernesto Zedillo: 74.3%
Carlos Salinas: 88.5 pic.twitter.com/s7ooglQjLV— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) August 27, 2020
Finalmente, Enrique Peña Nieto (2012-2018) estaría involucrado en casos de corrupción como el del exdirector de Pemex y distintos funcionarios de su gobierno. Además, al exmandatario se lo acusa de realizar espionaje a periodistas, opositores y organizaciones de derechos humanos utilizando el software Pegasus.
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