El Salario Social Complementario nació en el 2016 con la aprobación de la Ley de Emergencia Social. La norma dispuso una serie de herramientas que contribuyeron no sólo a respaldar económicamente sino también a institucionalizar la tarea de los trabajadores de la economía popular a lo largo del país.
Como plan, representa una evolución en la forma de gestionar políticas sociales con la participación de las organizaciones y el desarrollo de unidades productivas. Sin embargo, sigue generando controversias con un sector de la población que aún no cree que los planes sociales puedan contribuir al crecimiento de la actividad económica.
Como parte de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, Horacio Errubidarte viene acompañando la aplicación de esta política tanto en la provincia de Misiones como en el resto del NEA. En diálogo con NEA HOY, ayudó a resolver algunos de los prejuicios y controversias que se repiten en los medios.
Completa al Salario Mínimo Vital y Móvil
Existe el prejuicio de que con el Salario Social Complementario se desmotiva la actividad laboral. Horacio aclara que, de acuerdo a lo establecido en la ley, el monto percibido es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que hoy alcanza los 27 mil pesos.
Según el informe del INDEC publicado en Julio del 2021, la canasta básica alimentaria de una familia de cuatro integrantes es de $29.000, mientras que la total asciende a los $67.000. El SSC no cubre las necesidades básicas de un beneficiario ni mucho menos de su familia, es ilógico pensar que pueda cesar su actividad económica por percibirlo.
Al contrario, por sus requisitos y la gestión desde una organización social, el SSC incentiva la creación de Unidades Productivas (UPs), en la que los beneficiarios trabajan asociativamente para potenciar el desarrollo de su actividad, como puede ser la construcción, la textil, la cartonera o agricultura.
De esta manera, son los propios trabajadores quienes se aseguran de que cada uno cumpla con su función dentro del grupo y no comprometan la producción.
Las Unidades Productivas, además, pueden tener fines sociales, como la gestión de un merendero que asegure la nutrición de los niños de un barrio o apertura de espacios culturales que promuevan la participación de los vecinos.
La organización de estos trabajadores en UPs, además de potenciar la capacidad de producción, genera una contención entre los miembros en caso de que alguno sufra enfermedades, lesiones o problemas familiares. De esta forma sus compañeros pueden cubrir su puesto sin reducir el ritmo de trabajo.
En caso de que un miembro de la UP no quiera seguir trabajando, la Unidad de Gestión que coordina las distintas UPs de la zona puede sugerir su baja para que el beneficio pueda otorgarse a otra persona.
Es importante destacar que, en estos casos, el titular no es dado de baja de inmediato. Pasa a cobrar el 50% del ingreso establecido en pos de dejar un lapso de tres meses para generar una instancia de reclamo o denuncia.
Esta instancia existe para que las Unidades de Gestión no utilicen el plan, por ejemplo, con objetivos punteriles, obligando al trabajador a realizar actividades ajenas de su rol en la UP bajo amenaza de quitarle el beneficio.
Asegurar la continuidad de la Unidad Productiva
El Salario Social Complementario, como lo explica Errubidarte, busca completar el salario mínimo vital y móvil (SMVM) junto a las ganancias de lo producido. “Hay periodos en los que los compañeros van a pérdida, por factores temporales propios de los oficios, el SSC asegura una base con la que puedan mantener la actividad. En periodos de ganancia, ayuda a completar el SMVM”.
Los trabajadores de la economía popular se someten a los mismos factores de temporalidad que cualquier otro sector. Dependiendo del rubro, la productividad y las ventas pueden verse reducidas o hasta suprimidas por climas adversos, bajas de temporada, pérdida de clientes y hasta problemas de salud.
La diferencia es que las PyMEs o empresas más grandes tienen la capacidad de planificar estrategias para sostener la actividad en estos casos. Para el trabajador que vive al día, en cambio, estas situaciones significan decidir entre la continuidad de la actividad o comer.
Con el Salario Social Complementario se asegura una base, que si bien no es suficiente para mantenerse a largo plazo, por lo menos sirve para soportar unos meses sin producción sin tener que vender sus máquinas para asegurar el plato de su familia.
“Si no tuvieran el salario complementario, los compañeros no podrían comprar mangueras, no podrían reparar una bomba que se les rompió”, declara Horacio, “porque lo que se hace con el salario complementario en algunos casos es hacer una caja común y poder asegurarse las herramientas”.
Como política pública, asegurar la continuidad de estas unidades productivas es fundamental. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en Argentina provienen de la agricultura familiar. Evitar que estos productores se vean obligados a cambiar de actividad o migrar a las ciudades contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país.
En otros rubros, como el textil o la construcción, las unidades productivas diversifican la oferta a lo largo de la región, evitando el encarecimiento de los productos por fletes y facilitando la logística y el consumo de combustibles para el abastecimiento de negocios e industrias.
SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO = CANASTA ALIMENTARIA
SALARIO MÍNIMO = CANASTA BÁSICA#EconomiaPopular #ConsejoDelSalario pic.twitter.com/3lo5aIGGMd— UTEP (@UTEPoficial) June 27, 2017
Hoy, El Salario Social Complementario y “Hacemos Futuro” están unificados en el programa “Potenciar Trabajo”. Juntos, ocupan apenas un 0.092% del presupuesto nacional y promueven el desarrollo de los trabajadores de la economía popular, que con esta ayuda gestionan proyectos de dignificación de su actividad y contención de las problemáticas en sus barrios.
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