La Provincia de Corrientes tiene una larga historia en relación a las intervenciones federales, desde la conformación del Estado argentino. La primera intervención federal, de un total de 17, fue decretada por el entonces Presidente de la Nación, Justo José de Urquiza, el 1 de septiembre de 1854.
¿Qué motivó a Urquiza a tomar esta decisión? El objetivo era frenar los levantamientos del curuzucuateño Nicanor Cáceres, que pretendía destituir a Juan Gregorio Pujol.
Cáceres era militar y obtuvo el grado de Sargento en la batalla de Pago Largo. Además, se formó en el llamado “Ejército Libertador” del general Juan Lavalle e hizo la campaña a Entre Ríos resultando herido Sauce Grande. Él mismo había logrado que Pujol llegara a la Gobernación de la Provincia.
El problema se originó cuando Juan Pujol desplazó a Cáceres de su puesto, por lo que el caudillo se levantó contra él en junio. Finalmente, el curuzucuateño terminó rindiéndose y se retiró a Entre Ríos.
Nicanor Cáceres regresó a la provincia en agosto de 1854, pero no llegó a reunir a sus hombres y fue arrestado y enviado a Entre Ríos. Desde allí volvió en febrero de 1855, y ocupó varios pueblos del sur de la provincia.
Vale mencionar que una campaña dirigida por el propio Gobernador Pujol, quien estuvo en su cargo hasta 1859, lo derrotó una vez más en dos combates en Esquina y Goya. Cáceres huyó nuevamente, y Urquiza lo hizo arrestar.
En poco más de diez años, tres nuevas intervenciones
La larga historia de intervenciones federales en la provincia había iniciado durante el Gobierno de Juan Pujol en Corrientes y Urquiza a nivel nacional. La siguiente intervención federal no tardó mucho en realizarse, esta vez el 16 de marzo de 1855. Entonces, el Vicepresidente de Urquiza, Salvador María del Carril, decretó la intervención por el mismo motivo que había sucedido el año anterior.
Para entonces, durante esos años, la población correntina fue víctima de los choques armados que se registraron entre el 26 de Febrero y el 8 de marzo de 1855.
Las tropas correntinas sublevadas estaban bajo las órdenes de Nicanor Cáceres, mientras que las tropas leales al Gobierno estaban comandadas por Fermín Alsina.
Los encuentros armados tuvieron lugar en Esquina, Goya y Curuzú Cuatiá, siendo los vencedores el citado Alsina y los jefes leales gubernamentales. Allí, nuevamente, se restituyó el orden y la legalidad.
La tercera intervención federal a Corrientes se produjo durante la Presidencia de Bartolomé Mitre, el 10 de agosto de 1862, y estuvo relacionada nuevamente con el caudillo curuzucuateño Nicanor Cáceres.
Es que el Gobernador liberal José Pampín había designado Comandante Militar del Sur al militar curuzucuateño y esta situación creó enorme disgusto en liberales de la zona quienes, a las órdenes de Basilio Acuña, se levantaron en armas, desconociendo la decisión gubernamental, lo que provocó la intervención decretada por Mitre.
Por otra parte, todavía bajo la Presidencia de Mitre, se produce la cuarta intervención federal a la provincia. Una vez más, Cáceres es el motivo de la decisión.
Los liberales correntinos habían depuesto al Gobernador Evaristo López, y Cáceres, quien había sido su precursor y, por ende sostenedor, sale con su Ejército del Sur a enfrentar a los liberales rebeldes. Cuando el Presidente Mitre resuelve la intervención federal, Evaristo López se refugia en el feudo de Nicanor Cáceres, en su estancia “El Paraíso”.
Intervenciones federales
Es importante mencionar que la intervención federal es una instancia que prevé la Constitución Argentina, en su artículo 6º, cuando existe una situación de conflicto en una o varias provincias en caso de una invasión exterior, invasión de otra provincia o destitución de sus autoridades.
Esta herramienta funciona como garantía federal, esto significa que el Estado federal asegura y protege las autonomías provinciales en el marco de la forma de Estado federal propia del sistema argentino.
Cabe remarcar que, durante los primeros años de la Nación, la intervención federal se usó en Argentina como una suerte de arma política, por parte del Gobierno central, en contra de gobiernos provinciales administrados por opositores.
Sin embargo, desde el regreso a la democracia en 1983, la intervención federal se usó de un modo más sensible, ateniéndose a los criterios impuestos por la Constitución de 1853 que establece que debe ser pedida por el Poder Legislativo Nacional, no pudiendo disponerla libremente el Poder Ejecutivo.
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