Dardo Caraballo, abogado querellante en causas por violaciones a los derechos humanos y lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura en Formosa estimó que el año próximo debería iniciar el juicio oral y público a exjueces del Superior Tribunal de Justicia, Alfredo Montoya y Jorge Vázquez Rey, quienes cumplieron dichas funciones durante la última dictadura cívico – militar.
Ambos exmagistrados fueron procesados y embargados, sumado a la prohibición de salida del país por el fallo unánime de los jueces de Cámara Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Enrique Jorge Bosch que confirmaron el procesamiento dispuesto por la jueza Federal Nº2 Belén López Macé del 28 de diciembre del 2020, por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, previstos y reprimidos por los arts. 248 y 277 inc. 6º del Código Pena.
Los magistrados concluyeron que los delitos en los cuales participaron los jueces del terrorismo de Estado tienen la naturaleza jurídica de lesa humanidad y se encuentran alcanzados por el reproche que prevé el Estatuto de Roma.
La causa por la cual fueron investigados inició en el año 2007 por una denuncia presentada por el empleado judicial jubilado, Adriano Acosta, quien cuenta con el patrocinio letrado del Dr. Williams Dardo Caraballo, querellante en las causas que se tramitaron en Formosa por los crímenes de la dictadura.
En este caso, los magistrados del fuero federal concluyeron que la conducta asumida por los procesados de complacencia e inactividad ante la detención de numerosos empleados judiciales en el propio edificio de tribunales, como también la de los jueces Tievas y Albariño, resulta repudiable en base a la calificación legal (abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, previstos y reprimidos por los arts. 248 y 277 inc. 6º del Código Penal).
Asimismo, hay una conexión con crímenes de lesa humanidad, privación ilegales de la libertad, tormentos y desaparición forzada, como derivados de las causas “Colombo”, “Camicha”, “Echeverría” y “Domato” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.
El pronunciamiento es una reconstrucción histórica de los secuestros, torturas y desaparición forzada de personas desatada contra empleados judiciales desde el 4 de agosto de 1976.
Hubo diversas víctimas como Elsa Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina –entre otros- y Mirta Insfrán, Ricardo Borgne y Zulma Sena (estos tres últimos continúan desaparecidos) ya que en pleno conocimiento de la privación de libertad que sufrían sus empleados, por comunicación del entonces Jefe del RIM 29 Coronel Martín Alturria sobre el cautiverio de los mismos, dispusieron en primer término sus suspensiones preventivas y posterior cesantías mediante el dictado de resoluciones reservadas y secretas.
Asimismo, el fallo advierte sobre la inacción de los procesados y la pasividad inmoral frente a la detención de dos magistrados quienes fueron obligados a renunciar de puño y letra desde sus lugares de detención como fue el caso del exjuez Héctor Tievas conminado a renunciar en la U-10 del S.P.F.
Sobre los alcances de esta resolución, el abogado Dardo Caraballo, señaló que la causa “coloca a las puertas de un juicio oral y público a los exjueces de la dictadura cívico militar Montoya y Vázquez Rey”.
En tanto, explicó que a los exmagistrados se les reprocha fundamentalmente el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, “ya que estamos hablando de secuestros, torturas y desaparición forzada de cinco empleados judiciales a los cuales estos jueces de la dictadura en su momento los dejaron cesantes, a sabiendas de que estaban sufriendo cautiverio en los centros clandestinos de detención”.
Caraballo, dijo que “estos empleados habían sido secuestrados, algunos desde sus propios lugares de trabajo, y eran llevados a centros clandestinos por el solo hecho de ser militantes del gremio judicial y a la vez integrantes de la comisión pro Universidad Nacional de Formosa”.
El abogado destacó que la política de Estado de verdad, memoria y justicia “también es abarcativa de la reparación que el Poder Judicial debe hacer en relación a las personas que han facilitado como encubridores de los verdugos de los empleados judiciales”.
Consideró que “los exjueces deberían por lo menos haberse interesado de la suerte que corrían los empleados judiciales que eran ‘chupados’ por las fuerzas represivas”.
Dijo que si bien representa al empleado judicial jubilado Adriano Acosta en la causa, no descartó que el gremio judicial se incorpore a la causa en marcha, para que también asuman el rol de querellantes en un eventual juicio oral y público.
Fuente: La Mañana
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