Los trabajadores judiciales de Corrientes transitan desde hace varios meses una difícil situación salarial por la falta de políticas estables y el incumplimiento de leyes que aseguran la independencia de este poder del Estado. En junio recibieron un aumento que dejó a la mayor parte del personal bajo la línea de pobreza y ayer el Superior Tribunal de Justicia tomó una decisión que dejó gusto a poco.
Carlos González, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) reclamó que desde el año pasado se vienen movilizando por la desvalorización de los salarios. “Si nosotros comparáramos inflación con salario vamos perdiendo terreno en la medida en que vamos avanzando en el tiempo. El año pasado perdimos bastante en relación al aumento que nos dieron, quedamos muy rezagados en relación a los otros dos poderes y eso se recrudeció este año”, expresó.
Las movilizaciones iniciaron en febrero de este año y recién recibieron una respuesta en junio: un aumento del 10%. Los gremios se quejaron de que ese aumento excluyó totalmente la posibilidad de mejorar el salario, y al contrario, nada tuvo que ver con el 30 por ciento que estaba previsto en el presupuesto que elaboró el poder judicial.
Respuesta del Tribunal Superior de Justicia
Por su parte, el Tribunal se apoya en la falta de presupuesto. Años anteriores, el Poder Judicial debió recurrir al refuerzo de partida para poder cerrar el ejercicio y este año se aceleró un poco más por el tema de la pandemia.
Además, recibió un recorte presupuestario en el anteproyecto que elaboró el año pasado; esto significó 1.500 millones de pesos menos, lo cual, en su mayor porcentaje, corresponde a la partida de personal y perjudica la posibilidad de mejorar los salarios.
No obstante eso, cabe mencionar que el Tribunal cuenta con la ley de autarquía financiera, que le permite hacerse de recursos para funcionar normalmente pero no se la utiliza. González señala que puede tratarse de un planteo de poderes que no debería existir.
“Lamentablemente lo que pagamos los platos rotos por esta situación somos los trabajadores que llegamos a estar alrededor de un 70 por ciento por debajo de la línea de pobreza, debajo de la canasta básica, nunca hemos estado en esta situación”, explicó el referente de SITRAJ.
Las movilizaciones reunieron en sus últimas ediciones a magistrados y funcionarios y el Tribunal se limitó solamente a manifestar su voluntad de solucionar el problema, siempre y cuando obtenga el compromiso del Ejecutivo de refuerzo de partida.
Ley de autarquía financiera
En el fondo de la cuestión se encuentra una norma legal que podría terminar con el problema de los trabajadores del poder judicial, es la llamada Ley de Autarquía financiera.
Gonzáles explicó que en su construcción, la norma tuvo un espíritu de independizar al Poder Judicial de los otros poderes en la parte económica.
En uno de los artículos de la norma se establece que, como piso, el presupuesto del Poder Judicial debe ser un 6, 27% del presupuesto total de la provincia. Sin embargo, en la práctica nunca se cumplió.
“Siempre el presupuesto que le asignan al Poder Judicial está por debajo de ese porcentaje, pero tampoco el tribunal nunca levantó su voz, reclamó o exigió. Hay una corresponsabilidad por parte del poder ejecutivo que elabora el proyecto de ley de presupuesto ya que siempre aplica un recorte presupuestario a lo que estima el Poder Judicial que necesitaría para funcionar normalmente”, agregó Gonzáles.
¿Qué sucede con las paritarias en el sector judicial?
Desde 2011 la provincia de Corrientes cuenta con la Ley de Paritarias (N°6.033) pero no se la pone en funcionamiento. Los gremialistas aseguran que la norma se podría utilizar como medio para sentarse en una mesa junto a la patronal y solucionar los problemas salariales y laborales de manera más rápida y eficaz.
Sobre los aumentos salariales, González señaló que es el Superior Tribunal de Justicia quien en la actualidad fija los porcentajes sin discusión, de motu propio. “Es una imposición y los porcentajes de aumento distan mucho de lo ideal para achicar la diferencia entre inflación y salarios”, dijo el sindicalista.
Falta de políticas salariales
Por otro lado, el representante reclamó que no existe una política salarial ni normas que regulen el salario de los trabajadores judiciales por parte del Superior Tribunal de Justicia.
Asimismo, mencionó que el salario de la categoría más baja del poder judicial, en donde existe un mayor número de agentes, no supera los $40000. En el mismo nivel salarial se encuentra la mayoría de los trabajadores.
Una respuesta con sabor a poco
Ayer, el Superior Tribunal de Justicia decidió, a modo de respuesta a las múltiples movilizaciones, realizar una recategorización para beneficiar a los cargos más bajos del poder judicial a quienes les subirán de escalafón.
Pero desde el sector aseguran que esta decisión solo conviene a los trabajadores que están en ese grado, mientras que quienes ocupan cargos más altos continuarán en la misma situación. Por ello, continúan manifestando su desacuerdo a la decisión.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Tito Yavorsky, Intendente correntino que ganó por un voto: “Siempre supimos que íbamos a ganar”
Todos por Nico: marchan en Corrientes para que la Justicia intervenga y salve a un niño
