La Administración General de Puertos (AGP) oficializó el llamado a licitación para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, a través de la Resolución 136/2021. El Estado tomó el control de esa vía troncal desde el 11 de septiembre.
La nueva licitación se extenderá por 180 días hábiles (casi nueve meses de corrido). Se pagarán US$ 80 millones más IVA, es decir más de US$ 100 millones. Para calificar, las empresas deberán tener operaciones en el país.
Desde que el Estado tomó la concesión, la AGP hizo una contratación directa a la Compañía Sudamericana de Dragado “para garantizar la navegabilidad y la no interrupción de las tareas, en el marco de la crisis hídrica” que afronta desde hace meses el río Paraná, según argumentó el organismo administrador.
El proceso de contratación directa por tres meses y la licitación para otros nueve meses, conforman la llamada licitación corta. El Ministerio de Transporte de la Nación debe definir las características de una concesión más extendida, de décadas, como suele hacerse en procesos que requieren inversiones fuertes. De todas formas, si el Ministerio de Transporte no hiciera una nueva convocatoria, la licitación de nueve meses es “prorrogable”.
Desde hoy, nuestra @AGPuertos será la responsable de gestionar y supervisar el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal. Además, tendrémos a cargo el cobro del peaje y la realización de los controles hidrométricos. Más info https://t.co/KDbji1JRiA pic.twitter.com/TH055QnFS6
— AGP (@AGPuertos) September 11, 2021
La hidrovía en manos del Estado
En 1995 el Gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del río Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Esta concesión venció el 30 de abril último, pero se estableció una prórroga para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal. El 1 de julio último, a través del decreto 427/21, el Presidente Alberto Fernández determinó el pasaje de la hidrovía al control estatal.
A partir del 11 de septiembre pasado, la AGP tiene a su cargo determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se segmentará la vía navegable troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.
Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.
Asimismo, el organismo que conduce José Beni tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.
Fuente: Diario Norte, Clarín
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