El domingo se cumplieron siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, México. Mientras continúan los reclamos de Justicia, se conocieron nuevas versiones de las investigaciones, que hacen tambalear la “verdad histórica” difundida por el exgobierno de Enrique Peña Nieto.
El 26 de septiembre del 2014, viajaron junto a un grupo de otros 57 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa hacia Iguala. Su objetivo era tomar unos autobuses para ir a la Ciudad de México, donde el 2 de octubre se realizaría la marcha en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968.
A la noche, tras salir de la terminal de Iguala, fueron perseguidos por fuerzas de seguridad que dispararon al aire para lograr que se detengan. Al ver que los estudiantes no se detenían, dispararon directamente hacia los vehículos. Finalmente, los ómnibus de los estudiantes fueron interceptados y atacados a tiros, hiriendo a varios de los tripulantes.
Después de un tiroteo intensificado, la policía obligó a bajar a los estudiantes de un autobús, y luego de mantenerlos un tiempo acostados boca abajo, se los llevaron en varios patrulleros. El mismo destino sufrió un segundo autobús, que detenido a unas cuadras del Palacio de Justicia.
El operativo fue coordinado por las fuerzas policiales de los poblados de Iguala, Huitzuco y Cocula, junto a la Policía Ministerial, Estatal y Federal y el 27 Batallón de Infantería. Como resultado hubo nueve personas asesinadas, 27 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
La “verdad histórica”
El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se hizo cargo de las investigaciones del caso y concluyó que el responsable habría sido el Presidente Municipal de Iguala José Luis Abarca.
La hipótesis fue que ese día los estudiantes interrumpieron un acto político encabezado por su esposa, por lo que Luis Abarca ordenó la detención de los normalistas. Luego de esto, los policías municipales habrían entregado a los estudiantes detenidos a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, quienes habrían confundido a varios de los estudiantes con miembros de una banda rival conocida como “Los Rojos”.
Según la Procuraduría General, tres miembros de Guerreros Unidos habrían confesado haber llevado a los 43 normalistas hacia el basurero de Cocula, municipio cercano a Iguala, para asesinarlos e incinerar sus cuerpos. Posteriormente, depositarían los restos en bolsas negras que arrojarían al Río San Juan.
Esta verdad histórica habría sido construida por el Procurador Karam a partir de 39 confesiones, 487 peritajes y 386 declaraciones. La versión además fue respaldada por el entonces Presidente de México Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones
Desconfiando de las intenciones y la información pública que brindaba la Procuraduría, las familias de los 43 normalistas realizaron marchas y convocatorias masivas por la aparición de los chicos y el esclarecimiento del caso.
Fruto de la presión social, el Estado de México se vio forzado a firmar un convenio de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien convocó a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para llevar adelante una investigación paralela que poco a poco fue desmantelando la “verdad histórica”.
Primero, determinaron que el acto político organizado por José Luis Abarca habría terminado a las 19:40hs, dos horas antes de que los estudiantes llegaran a Iguala. Esto desmonta las motivaciones que inculpan al Presidente comunal.
#CIDH refrenda su compromiso con madres y padres de los estudiantes en la resolución del caso, y alienta al Estado a mantener sus esfuerzos en el esclarecimiento de los hechos y sanción a responsables, conforme sus obligaciones internacionales de #DerechosHumanos #Ayotzinapa7años
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 24, 2021
El GIEI además denunció falta de consistencia y contradicciones entre las confesiones y las declaraciones. Según detectaron, los detenidos no se ponían de acuerdo en puntos clave como la hora en que se entregó a los 43 normalistas, quienes, cómo y dónde fueron asesinados y el sitio en que se los habría arrojado al río San Juan.
Más grave aún, muchos de los detenidos manifestaron haber sufrido torturas por parte de las fuerzas de seguridad. El análisis médico arrojó que el 77% de los detenidos presentaban distintos tipos de lesiones, concluyendo que habían sido torturados para declarar o confesar.
Sobre la incineración de los cuerpos de los 43 normalistas, el GIEI inspeccionó el basurero de Cocula y concluyó que el mínimo incendio requerido para la cremación de 43 cuerpos no pudo haberse dado allí, o de otro modo habrían daños visibles en la basura y la vegetación del lugar.
Por último, el GIEI detectó irregularidades e incompetencias en el resguardo de evidencias en las escenas del crimen que comprometieron el caso. Además, informó que los registros de las cámaras de seguridad en posesión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero habían sido borradas. Todo esto reflejó un deliberado encubrimiento por parte de los más altos órganos estatales de justicia y del ejecutivo mexicano.
Nuevas investigaciones
Los reclamos de justicia por el caso de los 43 normalistas desaparecidos y las denuncias de encubrimiento contribuyeron a que cayera la imagen pública del expresidente Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional, que perdió las elecciones presidenciales en 2018.
Tras asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador inició una nueva investigación que corrobora la participación del ejército en la desaparición de los estudiantes y que los restos de uno de los estudiantes hallados en el río fueron implantados en el lugar para sostener la “verdad histórica”.
Esta mañana estuvimos en La Barranca de la Carnicería. Ahí Omar Gómez Trejo, Fiscal especial del caso Ayotzinapa y @A_Encinas_R hablaron de los hallazgos que no solo echan por tierra la “verdad histórica” de Peña sino que la caracterizan como un atroz crimen de estado. pic.twitter.com/C805OF1Q9O
— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 21, 2021
Fruto de esta investigación, ya hay 80 detenidos entre los que se encuentran miembros del ejército y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel con pedido de extradición.
Sin embargo, el mismo Presidente viene denunciando un “pacto de silencio” y que se encuentran trabas en las investigaciones y encubrimientos desde los propios órganos estatales y las fuerzas de seguridad.
ADEMÁS EN NEA HOY:
