Ecuador está viviendo las consecuencias de una crisis carcelaria sin precedentes: el hacinamiento, el poco control y las malas condiciones propician el enfrentamiento de bandas y cada año se registran más muertes dentro de las instituciones penitenciarias.
El mes pasado, en el Centro Penitenciario de Guayaquil se vivió la mayor masacre fruto de esta crisis. En diálogo con NEA HOY, el abogado penalista Edison Campoverde analizó las condiciones y decisiones que generaron esta crisis carcelaria y las consecuencias que está generando tanto dentro como fuera de las cárceles.
De la mano dura al hacinamiento
En Argentina, el hacinamiento en las penitenciarías muchas veces se debe a la falta de celeridad en las sentencias. A pesar del máximo de dos años de prisión preventiva, es muy común encontrar en las cárceles a personas privadas de su libertad esperando por cuatro o más años su sentencia.
Para Edison Campoverde, el dictado de las sentencias en Ecuador es bastante expeditivo. Según su mirada, la diferencia radica en el endurecimiento del régimen de ejecución penal y en la lentitud en los trámites para acceder a garantías como la libertad condicional.
Según explicó, desde agosto del 2014 Ecuador reformó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), particularmente el beneficio de acceder a una modalidad de prelibertad al cumplir el 40% de la condena.
La prelibertad es una fase en la cual la persona privada de libertad, previo cumplimiento de los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla sus actividades fuera del centro de rehabilitación social bajo supervisión y control de la Unidad de reinserción social correspondiente. Desde la reforma, este beneficio es concedido recién al cumplir el 60 o el 80% de la condena dependiendo del delito imputado.
Además del endurecimiento de los requisitos, Monteverde advirtió que desde la reforma los trámites para acceder a éstos beneficios se han burocratizado a tal punto que terminan propiciando el hacinamiento.
“Uno de los ejes que debería ser analizado es reformar las leyes, pero para bien”, comentó el abogado. “Acá en Guayaquil fue la primera vez que sucedía algo así, una masacre tan tremenda, pero yo no estaría ajeno a pensar que de acá a unos años estos cuadros se vuelvan a repetir en otras cárceles del país”, agregó.
Sin embargo, aunque el expresidente Lenín Moreno declaró al sistema carcelario ecuatoriano en emergencia y el Gobierno de Guillermo Lasso asignó 75 millones de dólares para reforzar la seguridad, aún no han sido desembolsados.
¿Consideras que debe atenderse como prioridad?
— El hilo (@elhilopodcast) September 29, 2021
La falta de planificación carcelaria
Antes de la reforma, Ecuador ya venía implementando un nuevo modelo de gestión carcelaria, en la que se construyeron cárceles regionales, más grandes y complejas.
Sin embargo, a pesar de esto y de la implementación de leyes más rígidas para aumentar las penas y reducir las garantías de los condenados, no hubo aumento en el presupuesto, ni para incrementar el personal carcelario, ni para capacitarlos y prepararlos para las condiciones adversas a las que se enfrentarían.
“La ONU recomienda que por cada diez personas privadas de su libertad exista un agente penitenciario”, recordó Campoverde. “En el país hay casos en donde tenemos un guía por cada 260. Entonces, en el caso práctico de haber un complot, como pasó en la cárcel de Guayaquil, yo como guardia penitenciario voy a priorizar mi vida ¿cómo voy a controlar a 260 personas?”, disparó.
Otro punto que intensifica la crisis carcelaria, de acuerdo al abogado, es el poco recurso destinado a la rehabilitación de las personas privadas de la libertad: “La experiencia que yo tengo como abogado es que el sistema como tal, la práctica como tal de la política carcelaria, fracasó totalmente desde la perspectiva de la rehabilitación social”.
Del hacinamiento al crimen organizado
Las modificaciones en el sistema carcelario y el régimen de sentencias fueron propuestas, en un principio, como una forma de combatir la inseguridad en las calles. Sin embargo, con la crisis carcelaria no solo se vió un incremento en los hechos delictivos, sino también un crecimiento del crimen organizado en Ecuador.
“Con el hacinamiento viene necesariamente la confrontación de privados de libertad”, analizó Campoverde, “y no solo eso, sino que también genera que ciertas mafias internacionales quieran ganar soldados para tener más gente dentro de sus bandos, y eso prolifera el tráfico de drogas, se habla de la inclusión de carteles mexicanos, del cártel de Sinaloa, de carteles de nueva generación”.
Las personas privadas de libertad, independientemente del delito que hayan cometido, son sujetos de derechos, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Ecuador, además, el Gobierno tiene un “deber reforzado” de cuidar y proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, ya que la Constitución los define como “grupo prioritario”.
Hoy, condenar a una persona en Ecuador por un delito menor y sentenciar a dos o cuatro años en una institución penal, es obligarlo a tomar partido en los enfrentamientos de bandas dentro de las cárceles.
Así están las cosas este sábado 2 de octubre en la #penitenciaríadellitoral
Nuevos disturbios generados por estas agrupaciones criminales que dominan la cárcel #crisiscarcelariaecuador #Guayaquil pic.twitter.com/9lAlacRozr
— LaInfo (@LaInfoec) October 2, 2021
Al no generar tampoco las condiciones propicias para su rehabilitación, se la obliga a depender de este grupo aún fuera de la cárcel, probablemente viéndose involucrado en hechos delictivos más graves que aquellos por los que fue sentenciado la primera vez.
“Y esto de las cárceles tiene incidencia en las calles, porque todo viene relacionado con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas”, concluyó Campoverde, “hay ciudades que eran sumamente tranquilas, y en las que ahora ya se reportan asesinatos de personas bajo la modalidad de sicariato, a razón de cinco o seis asesinatos al mes”.
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