Una nutrida columna de familiares y amigos de Lautaro Rose marchó por las calles de la ciudad para pedir justicia por la muerte del joven. Recorrieron la peatonal Junín, se dirigieron a la Jefatura de Policía y luego al Ministerio de Seguridad. La convocatoria fue importante, principalmente entre los jóvenes del barrio Galván, donde vivía la víctima.
El abogado Hermindo González adelantó que el adolescente que se encontraba con Lautaro al momento de la persecución policial ingresará al sistema de protección de testigos.
“El Ministerio de Derechos Humanos de la Nación ha cursado notas tanto a la jueza González Cabañas como al fiscal Robineau. Entienden, tanto el juzgado como la fiscalía, que la instancia de investigación en la que nos encontramos no depende ni requiere la asistencia del personal policial”, dijo el abogado.
“Hay 11 policías individualizados como supuestos autores del delito de abandono de persona seguido de muerte. Anoche el juzgado me notificó que nos aceptaron como parte y contra quienes estamos querellando. Ya le entregué la cédula de notificación a la familia“, agregó González.
Por último, el abogado dijo a los medios que la marcha tuvo dos consignas: ”No queremos ningún Lautaro más. Vamos hacia la Jefatura a decirles que implementen políticas públicas de prevención y no de represión. Lo segundo es: ya sabemos que son 11 y los queremos presos ya”.
La Justicia pide colaboración de Gendarmería para esclarecer la muerte de Lautaro
Josefina González Cabaña, titular del Juzgado de Instrucción N°3, se abocó ayer lunes al conocimiento de la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte del joven Lautaro Rosé.
La magistrada dispuso una serie de medidas probatorias que habían sido propuestas por la Fiscalía de Instrucción N°6 que tiene a su cargo la investigación, e hizo lugar a la citación –en calidad de imputados- de un conjunto de funcionarios policiales pertenecientes a distintas agrupaciones, hasta ahora sospechados de la presunta intervención en los hechos.
Por otra parte, dio intervención a la Asesoría de Menores N°2 y al Juzgado de Menores N°3- Secretaría Civil- respecto de las medidas proteccionales referidas a uno de los adolescentes víctimas.
También se hizo lugar a la constitución de querellante conjunta de la señora Juana María Luz Sotelo y se dispuso la realización de las medidas de prueba por ella solicitadas, con el fin de hacer efectivo el derecho a la víctima en la participación del proceso penal.
Se solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional para la realización de aquellas diligencias que las partes pudieran necesitar, todo ello con el objetivo de esclarecer los hechos investigados y determinar los responsables del mismo.
Fuente: República de Corrientes y Época.
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