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Domingo 28 de noviembre de 2021

«La Ley Dice», la campaña de acceso a la información sobre la IVE y su aplicación, llegó a Formosa en lenguas originarias

A casi un año de la aprobación en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan 1.000 días de acompañamiento a mujeres irrumpió la campaña federal que informa sobre el derecho a un aborto seguro. En los casos que se requirió los mensajes se tradujeron para las comunidades originarias.

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El 30 de diciembre del 2020 las calles de todo el país se tiñeron de verde con la sanción de la Ley 27.610 que garantiza el derecho al aborto. A casi un año de la sanción lograda tras años de larga lucha, la implementación del texto jurídico en el cotidiano sigue siendo un camino a construir, transitar e informar. Si bien hubo avances se presentan algunos obstáculos y desafíos que la Ley presenta a lo largo y ancho del país.

En ese contexto, irrumpió en las últimas semanas en la ciudad de Formosa y el interior la campaña federal La Ley Dice que informa sobre el derecho a un aborto cuidado

La Ley Dice es el nombre de la campaña de comunicación que se replica en todo el país para informar y asegurar el acceso a la información y los contenidos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Nº 27.610. En Formosa, la campaña se hizo notar con pegatinas de La Ley Dice en distintos espacios públicos, tanto en la ciudad capital como en localidades del interior provincial como Clorinda, Las Lomitas, Pirané, Siete Palmas, Misión Tacaaglé, Fontana, Gran Guardia. 

Si necesitás abortar, la Ley 27.610 dice que lo podés hacer en cualquier centro de salud público o privado, es uno de los mensajes. Los otros apuntan a informar que, según lo establece la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una persona gestante  puede realizarse un aborto de manera gratuita y que la atención y la consulta son confidenciales, como cualquier práctica médica.

La campaña suena y se replica en la calle, en algunas radios y las redes sociales bajo los hashtag #EsLey y #LaLeyDice, para ampliar el alcance de la información.

La Ley Dice es una campaña de comunicación impulsada por una red federal de periodistas y comunicadoras feministas de distintas provincias del país. El objetivo es informar y garantizar el acceso a la información sobre los contenidos de la ley sancionada en diciembre de 2020 que garantiza el derecho al aborto voluntario hasta la semana 14, inclusive; y luego de ese plazo, al acceso por causales.

El Senado convirtió en ley el proyecto que prevé la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ese día afuera, en el Congreso y en las plazas de todo el país, una marea verde celebró la aprobación de una ley que, en 2018 quedó a medio camino. 

La norma obtuvo 38 votos positivos y 29 negativos, mientras que el proyecto de los 1.000 días para acompañamiento a madres embarazadas, se aprobó por unanimidad con los 65 votos de los senadores presentes en la sesión. 

“La base para desarrollar esta campaña es un trabajo cualitativo que hicimos en distintos territorios del país entre mayo y junio de este año. Queríamos obtener indicios sobre cómo se implementa la ley y cuáles son las necesidades de información y acceso de la población en general y de las y los efectores de salud en particular”, comentaron desde la Red de Comunicadoras de Formosa a NEA HOY y explicaron que al menos cinco localidades de Formosa fueron incluidas en ese proceso.

Además, ampliaron la Ley Dice a lenguas originarias de las comunidades Qom, Guaraní y Wichí de Formosa.

La Ley Dice en espacios públicos de Formosa.

«Se trata de un aporte en este contexto que puede servir para que las mujeres de las diferentes etnias y personal médico que trabaja en las comunidades, el personal sanitario o personas de las mismas comunidades tengan el mismo acceso a la información y la IVE y  cuenten con una herramienta más para informar y accedan con el mismo derecho”, dijo a NEA HOY una de las integrantes de la Red Emilia Ferreiros. 

Sobre la campaña la Ley Dice amplió: “Se trata de una herramienta para conocer más sobre un derecho, para seguir informando y para encender la alarma y denunciar cuando alguno de los derechos sexuales y reproductivos (o no reproductivos) no se cumple”. 

Dos las herramientas de información para orientarse en caso de no recibir la atención adecuada son el 0800 del programa nacional de salud sexual y reproductiva y la web de interrupciondelembarazo.org, que tiene información sobre el contenido de la ley, la práctica del aborto y también sobre otras cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

La Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales del 1° y 2° nivel del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, Cristina Mirassou, sostuvo sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que hoy en día nadie discute la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en referencia al derecho al aborto si el embarazo es producto de una violación y si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

“El aborto en Argentina y Formosa es una realidad y hay que afrontarla. La interrupción legal fue un paso y ahora si se da la interrupción voluntaria, quedará en la decisión de la mujer el camino a seguir con un acompañamiento sanitario”, declaró la funcionaria.

Asimismo, dijo que la Ley IVE y la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) deben ser integrales. Primero está la educación sexual que es la ESI que hay que implementar con fuerza para no llegar al aborto. Después están los métodos anticonceptivos que Formosa trabaja intensamente con eso, señaló.

Los ejes de la ley IVE

En primer lugar, es necesario recordar que en Argentina es legal la interrupción del embarazo (ILE) en casos de violación y de que el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer gestante. Eso está establecido en el artículo 86 del Código Penal Argentino. La Ley IVE le da un marco legal a aquellas interrupciones voluntarias de embarazos. 

Además el fallo Fal de la Corte Suprema de Justicia ratifica lo establecido en el CP y ordena a los gobiernos a promover un protocolo ILE en los centros médicos del país. Al cual solo 17 provincias se encuentran adheridas y con protocolos propios de abortos no punibles. 

Entre los puntos que establece la nueva ley IVE, la mujer podrá solicitar la interrupción hasta la semana 14 de embarazo, y previo al aborto, la persona gestante debe dar su consentimiento por escrito. Mientras que, los centros de salud deberán garantizar la interrupción en el plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento.

Campaña de acceso a la información sobre la Ley IVE en Formosa.

En los casos de personas menores de 13 años de edad, la solicitud debe realizarse mediante un consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

Pasadas las 14 semanas de gestación la mujer tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo es resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. 

Por otra parte, en los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida para la interrupción voluntaria del embarazo; y si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante también debe realizarse un aborto. 

El personal de salud debe garantizar: trato digno; privacidad; confidencialidad; autonomía de la voluntad; acceso a la información; calidad en los tratamientos. El establecimiento de salud debe brindar atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.

Legalización del aborto en Formosa.

La norma obliga a los hospitales públicos, las obras sociales y la medicina prepaga, entre otros efectores a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de una mujer gestante

Además, el proyecto impulsa la implementación de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, con políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Por último, la norma promueve sanciones de entre tres y 10 años de prisión efectiva para quien realice un aborto sin el consentimiento de la persona gestante; esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. Además, se establecen penas para quienes aborten después de la semana 14. 

Tras dos años de espera, las agrupaciones feministas y de derechos humanos celebraron la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo apelando a que se trata de “ampliar derechos” y no de suprimirlos. 

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