El Comité para la Prevención de la Tortura fue creado por ley provincial hace varios años. En julio pasado, asumieron las nuevas autoridades que fueron seleccionadas por concurso. Ahora sus miembros son un cuerpo colegiado con funciones específicas y una metodología de trabajo que cumple con normativas internacionales en materia de derechos humanos.
Sus miembros son: Ariela Álvarez, Kevin Nielsen, Silvina Amalia Canteros, Darío Edgardo Gómez y Bashe Nuhem Charole. Juntos desempeñan funciones que tienen que ver con litigio estratégico de causas de violencia institucional, discriminación y racismo, mujeres en contexto de encierro, pueblos originarios, etc.
En diálogo con NEA HOY, los cinco miembros del Comité para la Prevención de la Tortura, explicaron como fueron estos seis meses de gestión, cuáles son sus metas hacia adelante y por qué es tan importante que lleven adelante querellas estratégicas en casos de violencia institucional contra personas privadas de su libertad.
Uno de sus objetivos principales es mantener una fuerte presencia territorial en relación a las comunidades indígenas y otros espacios tradicionales como comisarías y alcaidías. También buscan “recuperar el diálogo con organismos del Estado”, como el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial.
Monitoreos para garantizar derechos humanos
Una de las tareas diarias del Comité es monitorear los espacios donde se encuentran alojadas las personas privadas de su libertad. Eso también alcanza a las personas que se encuentran en residencias de adultos mayores y dispositivos de niñez, adolescencia y familia.
“Hacemos una presencia periódica permanente, programada y sin previo aviso en lugares donde las personas no puedan disponer de su libertad. Después de cada monitoreo se elabora un estado de situación, un informe y un modelo de política pública para recomendar”, explicó Silvina Canteros.
En la misma línea, Kevin Nielsen detalló que en cada monitoreo se tienen en cuenta dos miradas: por un lado, lo material, es decir, lo respectivo al agua, luz, colchones, espacios, comida, acceso a atención médica; y por el otro, las condiciones sociales en las que viven, esto implica las torturas y los malos tratos ejercidos desde las fuerzas hacia las personas detenidas.
“En cada monitoreo aparece lo que vemos a simple vista, lo que percibimos del contexto y lo que nos cuentan los privados de su libertad”, afirmó Nielsen.
“Tenemos la versión de la persona privada de su libertad pero también de las personas que trabajan en los centros de detención”, indicó Ariela Álvarez, y agregó que “todo el proceso lleva un método de trabajo y, sin embargo, hay casos donde la espera no es una posibilidad“. Ahí es, justamente, donde los equipos técnicos del Comité actúan con distintos requerimientos a la Justicia y a las autoridades penitenciarias como lo son los hábeas corpus.
¿Cómo actúa el Comité ante casos de tortura?
Según indicó Silvina Canteros, a nivel mundial, las formas de tortura se van perfeccionando, encrudeciendo y repitiendo. “Hoy en día el contexto en el que viven las personas privadas de su libertad es también una forma de tortura. Hay una pena (la condena judicial) que es legal, que termina siendo una pena ilegal por las condiciones en que viven las personas”, afirmó.
En ese sentido, Bashe Charole aseguró que quiénes más sufren las torturas son los pueblos indígenas porque la padecen en el contexto de prisión preventiva. Es decir, cuándo no hay una pena judicial. “El exceso y abuso de las prisiones preventivas generan una violación a los derechos humanos”, adviertió.
La violencia institucional tiene patrones
“La violencia policial tiene patrones, es estructural, son prácticas que se repiten, en diferentes generaciones de trabajadores. Impulsamos la toma de consciencia y el trabajo sin negar que existen”, indicó Kevin Nielsen.
De acuerdo a las investigaciones que realizaron los miembros del Comité, “la formación de la Policía es parte del problema”. “Esa lógica militar que poseen es la que genera problemas, su postura de autoridad, de formas de atacar el delito, heredadas de los golpes militares. Es lo que recomendamos cambiar”, señaló Silvina Canteros.
“Tenemos el desafío importante de trazar una política a mediano y largo plazo. Parte del problema de la violencia policial radica en la matriz cultural, racista y discriminatoria que ejercen las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, y otros trabajadores del Estado contra las personas con conflictos penales”, analizó Gómez.
¿Causas judiciales estratégicas que acompaña el Comité?
Una pata importante del Comité para la Prevención de la Tortura es constituirse como querellante en causas estratégicas. “Somos querellantes en muchas causas pero en particular en ejemplos perfectos y acabados que demuestran prácticas estructurales de violencia institucional tales como el caso de Fontana (de detención ilegal y torturas a adolescentes qom) y el caso Josué Lago”, señaló Nielsen.
La causa de Fontana tiene todos los ingredientes: allanamientos ilegales, falsificación de documentos, malos tratos dentro y fuera de la comisaría, y la maniobra de encubrimiento para tratar de mostrar la legalidad. Además, con el apoyo de los mandos jerárquicos, que ya están debidamente imputados en la causa.
“Querellamos en causas que cuestionan el concepto de seguridad y de responsabilidad que le cabe a una persona que omite el deber de proteger y denunciar que una persona privada de su libertad fue torturada”, detalló Ariela Álvarez. De ahí es que avanzan con la causa de Josué Lago, que si bien no ocurrió en contexto de encierro, si tiene involucrados a personal de las fuerzas policiales de la provincia.
Perspectiva de género
No menos importante es la incorporación de la perspectiva de género en cada monitoreo. Por eso, en la actualidad forman parte de un programa de análisis federal de condenas de mujeres. En términos concretos, el Comité analiza la sentencia y la posibilidad de que hayan podido ser juzgadas con perspectiva de género pero que no lo fueron.
De once casos que presentó el Comité, se seleccionaron ocho para analizar las causas por las cuales se encuentran en las cárceles y alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial. “Es importante analizar por qué fueron encarceladas y entender que el encierro debe tener parámetros distintos que a los hombres, el Estado debe resguardar”, explicó Ariela Álvarez.
“Hoy las mujeres indígenas son las más hostigadas. El foco de la violencia institucional en las comunidades indígenas son las mujeres. Esto tiene que ver con el protagonismo en luchas comunitarias, organizaciones, tenencia de tierras y reclamos sociales. Lo que preocupa al Comité es que al ser protagonistas, comienzan a ser las que sufren la violencia policial y institucional”, concluyó Bashe Charole.
ADEMÁS EN NEA HOY:
La serie “No Abras Este Mensaje” realizada en Formosa llega a la televisión nacional
Gildo Insfrán se reunió con Anibal Fernández
