Desde la Masacre de Napalpí a la fecha, Chaco tiene una extensa historia atravesada por la discriminación contra pueblos originarios y sectores vulnerables de la sociedad. El común denominador de esos eventos tiene que ver con que siempre, en los hechos de violencia, estuvieron involucrados miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
Por eso, el Estado provincial lleva adelante diferentes acciones para revertir esa situación. En principio, las áreas de Derechos Humanos se encuentran trabajando en un Plan contra la Discriminación. A la par, el Ministerio de Seguridad y Justicia, avanza en una reforma de la formación académica de los miembros de las fuerzas.
Esto pone en evidencia la necesidad de que la discriminación y el racismo sean identificados como un problema de toda la sociedad.
En 2020 y en 2021, la provincia del Chaco fue noticia nacional por dos episodios que enlutaron a las comunidades indígenas: agentes de la Policía ejercieron violencia contra miembros de la comunidad qom. Los hechos se encuentran en etapa de investigación judicial pero introdujeron un debate profundo en la sociedad respecto a la discriminación.
Debate sobre la discriminación
En el marco de lo que se conoce como el Plan contra la Discriminación y el Racismo, organizaciones de la sociedad civil y áreas del Gobierno provincial, llevan adelante jornadas de debate que permiten construir un diálogo entre distintos sectores acerca de la discriminación y la violencia que se vive en la sociedad.
La semana pasada, se realizó una jornada que contó con la participación del historiador e integrante de la Secretaría de DDHH de la Nación, Alejandro Jasinski, que problematizó sobre el rol de las fuerzas de seguridad y de los Gobiernos en la construcción de una sociedad libre de discriminación y racismo.
En una jornada de la que participó NEA HOY, Jasinski advirtió que es necesario “conversar sobre los procesos de conflictividad social, laboral, las represiones atravesadas por el racismo y la discriminación. Creo que esta confluencia en el inicio de un plan provincial es una propuesta adecuada para reflexionar sobre la identidad que portamos, de pensarnos distinto”.
Consultado sobre la presencia de las fuerzas de seguridad tanto provinciales como federales en hechos de violencia contra las comunidades indígenas, Jasinski aseguró que la historia de constitución de las fuerzas como Gendarmería Nacional tiene una fuerte vinculación al colonialismo. Es decir, contra los pueblos originarios que habitaban el país.
“Había una policía pensada para el territorio para cubrir las necesidades de seguridad del colono blanco que iba a instalarse en los territorios. Lo que implica una policía militarizada, con uso de armas y jefes que provenían del Ejército. Una fuerza que tenía experiencia ya en el genocidio indígena”, analizó Jasiski.
Partiendo de esa constitución, se reconoce que la violencia que muchas veces ejercen los miembros de las fuerzas de seguridad tienen una extrema relación con la discriminación estructural e histórica con la que se constituyeron las fuerzas de seguridad en el país.
Por otra parte, reconoce que hay una necesidad en la sociedad de pensar el racismo estructural que existe y luchar contra él. “Es necesario crear propuestas desde el Estado para problematizar, debatir y aportar un cambio que nos lleve a erradicar la discriminación”, agregó el especialista.
Plan contra el racismo
La Secretaria de DDHH y Géneros, la Fundación Napalpí, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco, el INADI, el Ministerio de Educación y el Instituto de Cultura, se reunen con miembros de la comunidad para trazar políticas públicas que permitan erradicar los hechos de discriminación y racismo.
Desde el Estado provincial se entiende que las acciones articuladas entre Estado y sociedad tendrán resultados concretos si se trabaja de manera conjunta con los protagonistas y las víctimas de esa discriminación.
“Reconocer y abordar el racismo es una necesidad urgente para poder empezar a hablar de justicia racial y reparaciones para los/las afrodescendientes, los sectores populares, los pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, privadxs de libertad, y otras diversidades”, advirtió la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
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