En la madrugada del 30 de diciembre del 2020, el Congreso argentino aprobó la Ley Nacional 27.610, que permite a las mujeres y personas gestantes que habitan en Argentina, acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de forma gratuita en centros y hospitales de todo el país. También, establece la cobertura por parte de obras sociales y prepagas.
La norma se aprobó en el marco de una gran vigilia organizada por miles de mujeres que se reunieron en las plazas de todo el país para esperar la decisión del Senado. Se trata de una ley que fue militada durante 20 años por mujeres que integran el colectivo de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito que trabajaron arduamente para armar el proyecto, mejorarlo año a año y, ante todo, garantizar el derecho a decidir.
Por eso, NEA HOY dialogó con cuatro mujeres de distintos puntos del país que se dedican a divulgar los alcances de la ley y que militaron el derecho al aborto legal por más de dos décadas. Ellas son: Laura Vizcarra de Catamarca, Majo Corvalán de San Luis, Noelia Moreyra de Chaco y Gaby Tijman de Jujuy.
Fuimos espacio porque íbamos lejos. No nos detendremos porque seguiremos luchando hasta que todes seamos libres. ¡Felices nuevos derechos, qué vivan nuestras vidas! #EsLey, compañeras y compañeres ✊🏾💚🔥 pic.twitter.com/nWVF0bH75h
— #30DAbortoLegalEsVida 💚 (@CampAbortoLegal) January 14, 2021
Cifras del acceso a la IVE
Según el Ministerio de Salud de la Nación, desde el momento de la implementación de la IVE hasta el 30 de noviembre del 2021, son 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público. En total 1243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica.
Además, la mayoría de las IVE se realizaron con medicamentos. Se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol. Mientras que, se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la IVE/ILE, en los casos de violación y en la atención pos-aborto.
Por otra parte, en todo el país se desarrollaron diversas líneas de formación en ESI para prevenir abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años con el objetivo de que ninguna niña requiera de una Interrupción Legal o Voluntaria del Embarazo.
Asimismo, según las estadísticas brindadas por Socorristas en Red -que acompañan abortos seguros-, seis de cada diez mujeres que buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Un dato significativo es el aumento de consultas por interrupciones de embarazo al 0800-222-3444, la línea gratuita y confidencial del Ministerio de Salud: entre enero y noviembre de este año llegaron a 19 mil casi la misma cantidad que se habían recibido en diez años, entre 2010 y 2020.
Al difundir el informe del Ministerio de Salud de la Nación, la Directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla detalló que “donde se registran mayores dificultades, precisó, es en Corrientes, San Juan y Santiago del Estero, mientras que en provincias como Formosa, se lograron habilitar veinte centros de atención con el apoyo de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir”.
El camino para llegar a la Ley
Gabriela Tijman vive en Jujuy, militó por el derecho a decidir durante mucho tiempo. “Una vez aprobada la ley IVE no volvieron a ocurrir obstaculizaciones de la práctica. El Ministerio de Salud de Jujuy garantiza las prácticas y los médicos no reciben presiones. Lo que hay es dificultades para implementar por un problema de falta de médicos y profesionales”, indica.
Para Tijman, el acceso a la IVE en Jujuy supuso un gran avance pero sigue siendo complicado no solo por la falta de profesionales sino también por la falta de formación en la materia y en el respeto a los derechos de las mujeres y personas gestantes.
“A nivel personal y colectivo, lo que me interesa destacar es el cambio de paradigma que se comenzó a gestar con la aprobación de la IVE”, afirma la periodista Laura Vizcarra. En este sentido, destaca que fueron muchos años de militancia para generar ese cambio cultural y que la sociedad admita que los abortos siempre existieron.
“Costó organizarnos, elaborar estrategias, hablar con legisladores, incidir en política, garantizar acceso a la información de todos los sectores para que nos pudieran acompañar en esta lucha”, advierte María José Corvalán, comunicadora de San Luis. También asegura que “la aprobación de la Ley es el resultado de una lucha colectiva, feminista, horizontal e interseccional”.
Para Corvalán, la IVE es solo un paso pero no garantiza derechos sin militancia. “Tenemos una ley de Educación Sexual Integral que cumplió 16 años y aún no se aplica plenamente. Entonces las militantes sabemos que tenemos el desafío para lograr la plena vigencia del derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, agrega.
Maternidades forzadas
Según cifras del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), ocho de cada diez niñas menores de 15 años transitan un embarazo no intencional. Muchos de ellos son producto de abuso sexual y otras violencias. Por este motivo una línea específica de trabajo asociada a la garantía de la IVE/ILE es la detección temprana y prevención de abusos sexuales y embarazos forzados.
Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se desarrolló un modelo de abordaje en red para la atención de salud a niñas y adolescentes embarazadas víctimas de abusos sexuales, que durante 2021 estuvo dirigido a equipos de salud de Jujuy, Misiones y Entre Ríos.
La IVE es una norma que, lejos de obligar a las mujeres a abortar, busca garantizar el derecho a decidir sobre cómo, cuándo y con quién tener hijos, aporta a la práctica de la planificación familiar y disminuye desigualdades entre mujeres que, a causa de un embarazo intencional no pueden acceder a educación, empleo.
Para más información, consultas o en caso de inconvenientes, se encuentra disponible la Línea salud sexual 0800 222 3444 para todo el país.
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