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Viernes 09 de diciembre de 2022

Perseguidos por garantizar el derecho al aborto legal. El caso de la Dra. Cecilia Ousset

En el 2019, y de acuerdo a su voluntad, se realizó la interrupción legal del embarazo a Lucía, una niña de 11 años que había sido violada reiteradas veces por su abuelo. Los profesionales que participaron en la operación sufrieron persecuciones judiciales y fueron escrachados públicamente por sectores conservadores.

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La Dra. Cecilia Ousset es especialista en Tocoginecología, y a pesar de ser católica y objetora de conciencia, desde hace años viene manifestándose a favor del derecho al aborto legal seguro y gratuito.

Mi religión no puede estar nunca por encima del derecho de las personas. Mi conciencia nunca puede estar por encima de la vida de una persona” sentenció en una charla para la fundación Huésped en el 2020, “Un médico o una médica que no pueda garantizar los derechos de las personas, no puede ejercer la profesión”.

Por su perfil público, en el año 2019 se la convocó para realizar una ILE a Lucía cuando nadie más en el sistema público de Tucumán quería hacerlo. En diálogo con NEA HOY, cuenta cómo esto la llevó a ser víctima de amenazas, hostigamientos y una denuncia penal que la persiguió por dos años.

Garantizar un derecho

La Ley 27610 que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue aprobada por el congreso recién en diciembre del 2020. La interrupción legal del embarazo (ILE), en cambio, está vigente en el país desde 1921 y fue ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.

Para que el aborto no fuese punible, de acuerdo al artículo 86 del Código Penal se requería que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la gestante o que haya sido producto de una violación, requiriendo en este caso su sola voluntad para realizar el procedimiento.

El embarazo de Lucía había sido innegablemente fruto de una violación, ya que toda actividad sexual que involucre a un menor de 13 años es considerado abuso sexual independientemente del consentimiento. Así lo expresa el artículo 119 del Código Penal.

Como profesional, Cecilia además determinó que a Lucía, quien expresaba en cámara gesell “quiero que me quiten lo que me puso el viejo”, le habría sido imposible continuar con el embarazo sin poner en riesgo su vida.

Pero un año antes, en la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales había obligado a otra menor a transcurrir su embarazo hasta poder practicarle una cesárea. El caso terminó con la muerte del feto, pero le proporcionó al gobernador de la provincia los votos de los sectores conservadores que posibilitaron su reelección.

En Tucumán, algunos sectores estaban decididos a utilizar el caso de Lucía de la misma manera que en Jujuy. Se la encerró en el hospital para obligarla a cursar el embarazo y se le negó su voluntad poniéndole trabas burocráticas que violentaron su derecho al aborto legal.

La fiscal penal Giannoni mandó tres oficios al hospital público intimando a cualquier profesional que se atreviera a participar del caso. Para cuando una jueza de familia ordenó que se cumpla el derecho al aborto legal de lucía, ya nadie en el sistema de salud se lo quería hacer porque sabían que tendrían consecuencias legales.

Fue por eso que, para dar curso a la orden de la jueza, el Secretario Ejecutivo Médico Gustavo Vigliocco tuvo que comunicarse con Cecilia Ousset, quien por ser objetora de conciencia, derivó el caso al Dr. José Gigena.

 

Ambos debieron realizar la operación en el Hospital público en medio de la noche y acompañados por abogados de la asociación ANDHES. Tuvieron que conseguir un anestesista de otra institución porque, intimidados por los oficios de la fiscal, todo el personal de guardia se había declarado objetores de conciencia.

Antes de eso, en casos menos escandalosos, ya había habido persecuciones a profesionales y las ILE eran muy escasas en Tucumán”, comenta Cecilia, “y después del caso de Lucía directamente nadie las quería hacer, así que fue una maniobra total de amedrentamiento y disciplinamiento para todos los profesionales de la salud”.

Apenas salieron del quirófano, se encontraron con un Oficial de Justicia del Ministerio Público Fiscal que comenzó a interrogarlos. Lograron irse porque el feto aún tenía signos vitales, de lo contrario, habrían amanecido en la cárcel ese mismo día.

 

Al llegar a su casa, Cecilia tenía todas sus redes repletas de amenazas. Durante muchos meses sufrió gritos, amenazas y hasta golpes de extraños en la calle, y debió cambiar a sus hijos de colegio porque hasta las maestras los hostigaban.

Denunciándolos por homicidio, la Fiscal Giannoni utilizó todos los recursos disponibles del Estado para perseguirlos a ella y a Gigena, hasta que finalmente, gracias al acompañamiento de los medios, los abogados de derechos humanos y las organizaciones feministas, el mes pasado fueron sobreseídos por la justicia.

Continuar garantizando derechos

Un argumento que repetía quienes se oponían al derecho al aborto es que para los casos de aborto ya se encontraba contemplado por ley. Pero casos como los de Cecilia Ousset son testigos de cómo, a través de amenazas y amedrentamientos al personal de salud, los sectores conservadores obstruyen la posibilidad de acceder un aborto aún en los casos en que sean legales.

Según cuenta la doctora, la aprobación de la Ley 27610 ha facilitado aún más el acceso, pero es necesario seguir trabajando en la promoción y concientización del derecho para contrarrestar el estigma social y persecución que sufren tanto las mujeres como el personal de salud por garantizar el derecho al aborto legal.

Sigo siendo católica, sigo siendo objetora”, concluye Cecilia en la charla para la Fundación Huésped, “si yo supiera todo el escarnio público y la condena social que sufrimos, no solo mi marido y yo sino nuestros cuatro hijos, pero si también supiera que Lucía, en este momento estaría como está, estudiando y jugando, si yo supiera cómo está su violador preso, le digo a ustedes ante mi Dios, que no me arrepiento de nada”.

 

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