Sin dudas la investigación de una mesa judicial bonaerense presuntamente dedicada a perseguir sindicalistas y tirar abajo derechos laborales es ciertamente un escándalo si se confirma su existencia a nivel judicial, ya que no solo salpica a funcionarios de la por entonces Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sino a miembros de la AFI y de la propia justicia. En ese marco, Julio Conte Grand, Procurador General bonaerense, es uno de los que está puesto bajo la lupa.
Al respecto Conte Grand fue citado a declarar al Congreso por la Comisión Bicameral de Inteligencia pero hasta el momento el funcionario judicial buscó eludir la cita presencial y solicitó responder las preguntas por escrito, ante lo cual nuevamente fue citado para el 27 de enero.
En ese sentido, un testigo del caso acusó que Conte Grand actuaba junto a la gestión bonaerense y nacional, en ese momento encabezada por Mauricio Macri. Al respecto, hoy el medio El Destape señaló que en el libro de visitas de la Quinta de Olivos durante el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO, se produjo en la quinta presidencial un encuentro entre la Gobernadora Vidal, Conte Grand y los ministros bonaerenses de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo (este último también señalado como parte de la mesa judicial).
Aparentemente, según dijo El Destape, antes de este encuentro, Vidal se reunió con el entonces Presidente Macri.
Pero ¿cómo entra Conte Grande en toda la investigación? Primeramente el caso se conoció porque la AFI difundió un video del 2017 de una reunión en el Banco Provincia, en el que se puede ver hablando a Marcelo Villegas, por entonces Ministro de Trabajo bonaerense; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires; Darío Biorci, cuñado y jefe de Gabinete de la Subdirectora de la AFI macrista, Silvia Majdalani; Julio Garro, Intendente de La Plata; el Senador Juan Pablo Allan, junto a empresarios de la construcción.
Por la AFI se identificaron, además de Biorci, al Director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra y el Director de Legales, Sebastián De Stéfano.
En el documento audiovisual se puede escuchar “consejos” de los funcionarios para que paralicen obras y detengan ciertos beneficios acordados con los trabajadores en cuanto a servicios de comida, para provocar a la UOCRA en este caso puntual, propiciar el conflicto y, en ese marco, ir acumulando presentaciones judiciales para comenzar a activar el engranaje montado con la intención de detener a referentes sindicales.
“Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida contra los sindicatos, lo haría” dijo Villegas en una parte.
El Mecanismo
“…El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales (sic), de amenaza, y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos” se lo escucha decir a Villegas en el video, registrado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.
“Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la procuración general, tiene estas medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar…”, completaba su idea Villegas y aseguraba que estaba “todo hablado”.
Al dar ejemplos de qué debían decir los empresarios en sus declaraciones, para que las causas terminen en la detención de los gremialistas, precisó: “Yo fui obligado a firmar un acuerdo a sabiendas de que no lo iba a poder cumplir (…) me obligaron a tomar decisiones contra mi voluntad”. Y utilizar palabras como amenazas o extorsión.
En ese sentido, según se dijo en la prensa, para que las cámaras y micrófonos estuvieran en el lugar, el Salón de Usos Múltiples de la sede del Banco Provincia fue reservado por tres días, lo que dio tiempo a la AFI para instalar todo, hacer la reunión y luego desinstalar los equipos.
Audios
Además de estos videos en que se nombra a la procuración, posteriormente se conocieron audios del por entonces subcomisario Hernán Casassa, quien estuvo en allanamientos en propiedades de Daniel Scioli y otros referentes cercanos al kirchnerismo, que fueron presentados ante el juez Ernesto Kreplak, que sigue adelante la causa.
En estos, Casassa indicó que: “Con respecto a cómo viene Asuntos Internos, que es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai (ex Jefe de Gabinete bonaerense), Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo”.
“Esa oficina tenía acceso a los Nosis (sistema de información económica), hablaba con la Unidad de Información Financiera (UIF), pedía información de todos lados. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Elisa Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así”, publicó el medio Página 12.
Casassa sí se presentó en el Congreso y ratificó que él fue el autor de los audios, además de su contenido y de señalar que la trama no fue aislada, sino que se trató de un sistema a nivel nacional, en connivencia con la AFI y la Unidad de Información Financiera.
Como ya se dijo, el tema está siendo investigado por lo que aún es necesario sumar pruebas para saber si habrá o no un avance concreto, más allá de que la “aparición” del video (que la actual gestión de la AFI denunció públicamente) obviamente generó todo tipo de suspicacias y más preguntas que respuestas.
La detención de Juan Pablo Pata Medina
“Hemos tomado la decisión como gobierno, cuando digo como gobierno nacional y municipal en este caso, de resolver, comenzar a resolver de forma definitiva, la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA seccional La Plata” dijo Villegas en el video de la reunión, tras lo cual vino luego la detención del Pata Medina.
Medina fue detenido el 27 de septiembre de 2017, es decir, tres meses después de la reunión en el Banco Provincia. Primeramente le fue adjudicado un tiroteo en un obrador que trabajaba en la electrificación del tren Roca, en estación Pereyra, que en ese momento estaba ocupado por personal de la seccional Florencio Varela. El hecho aparentemente habría sido denunciado por vecinos. También por extorsión a empresas constructoras para digitar quiénes trabajaban y qué compañías cubrían el servicio de comidas.
Debe recordarse que tras la detención de Medina hubo una celebración del por entonces Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora Vidal, en el que se habló de combatir a las mafias.
Más allá de estos festejos, en la actualidad el Pata Medina fue absuelto de la mayoría de las causas iniciadas durante el vidalismo, señaló el medio bonaerense Letra P, y actualmente la única causa que tiene es por “compeler a la huelga” de un grupo de trabajadores de La Plata. Dicho sea de paso, el sindicalista pidió ser querellante en la causa por la Gestapo antisindical.
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