La llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile significó un sismo para el panorama político y social del país trasandino. Es que, con una agenda dispuesta a encarar problemas estructurales, el mandatario más joven de la historia viene dando señales entorno a los temas que van a protagonizar su incipiente gestión.
Una de las cuentas pendientes que el nuevo Gobierno deberá asumir tiene que ver con las consecuencias de la dictadura llevada a cabo por Augusto Pinochet que, al día de hoy, todavía no pudieron saldarse.
En este sentido, dando cuenta de la renovación que la sociedad chilena estaba reclamando, en los últimos meses el presidente Sebastián Piñera, a través de su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, lanzó un plan piloto para agilizar la localización de los cientos de víctimas de adopciones ilegales cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet que se encuentran tanto en territorio nacional como en el extranjero, para favorecer el reencuentro con sus familias.
Sin embargo, el proyecto generó repercusiones negativas y promete abrir una discusión que, durante mucho tiempo, permaneció cerrada al debate: la asociación sin fines de lucro Hijos y Madres del Silencio, que trabaja en la problemática desde el 2014 y ya ha contribuido al reencuentro de 260 familias, elevó un comunicado criticando el proyecto por no adecuarse a los mecanismos y estándares adecuados.
Marisol Rodriguez, vocera de la agrupación, comentó en diálogo con NEA HOY la naturaleza de la problemática de la adopción ilegal en Chile y las razones por las que rechazan el proyecto de Larraín.
Hoy dimos un paso gigante en el apoyo del reencuentro de madres e hijos que sufrieron adopciones irregulares. Firmado convenio SML/Nos Buscamos para un Plan Piloto que pesquisará casos que investiga la Justicia. Cumpliendo compromisos hechos ante el Congreso y la sociedad civil!
— Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) January 10, 2022
Las adopciones ilegales durante la dictadura en Chile
De acuerdo a un informe del Centro de Investigación Periodística de Chile, las maniobras utilizadas para concretar las adopciones ilegales de los niños fueron básicamente tres: hacer que las madres firmen documentos que no entendían, mentirles informándoles que sus hijos nacieron muertos o declarar a las mujeres incompetentes para la crianza de sus hijos.
“El proceso dio paso y garantizó que esto ocurra”, explica Rodríguez. “Hay personas que han investigado que era una política de estado de erradicar la pobreza, ¿y cómo se erradica la pobreza? Quitándole sus hijos a las familias pobres”.
Durante la dictadura, las adopciones ilegales se volvieron un negocio muy lucrativo en Chile. Las familias adoptivas en Europa y Estados Unidos llegaban a pagar entre 6.500 y 150.000 dólares a las agencias internacionales de adopción. La red de tráfico contó con la complicidad de hospitales públicos, médicos, hogares infantiles, guarderías y asistentes encargados de “captar” a los niños.
Según pudo comprobarse, la lógica era la siguiente: las asistentes sociales engañaban a las madres, asegurándoles que cuidarían del niño mientras ellas trabajaban e intentaban salir adelante para en el futuro darle unas mejores condiciones materiales y que podrían visitarlo durante los fines de semanas.
Las primeras veces que iban a buscarlos se los daban para generar confianza, pero poco a poco iban buscando excusas, que estaban enfermos, que recién los habían bañado o cualquier razón que creyera la madre para que ese fin de semana no pudiera ver a su hijo.
Al tiempo, declaraban que la madre lo había abandonado y los niños pasaban a considerarse susceptibles de adopción para hacerlos desaparecer posteriormente. “En Suecia hay 2200 que están catastrados por una agencia”, enumera Rodríguez, “hay otros mil y tantos en Holanda, en Francia, en Estados Unidos”.
Mario Carroza, el primer magistrado designado en 2017 por la Corte Suprema para investigar la apropiación, analizó la cantidad de tuiciones que se generaron para poder sacar a los niños del país y concluyó que entre 1970 y 1999 se sustrajeron cerca de 20 mil durante toda la dictadura chilena.
Esta cifra sólo incluye aquellos que fueron trasladados bajo tuición, es decir, bajo la transferencia de responsabilidades en cuanto al cuidado personal de los menores. A esto hay que sumar los que se hayan vendido dentro el país o hayan cruzado la frontera de forma ilegal. “También hemos encontrado en Argentina o en Perú. Antes de la dictadura, familias de mucho dinero se llevaban muchos niños de Chile a Perú, por el clasismo, porque a lo mejor encontraban un niño más blanco acá”, define Rodríguez.
Irregularidades en la búsqueda
Este “plan piloto” no es el primero que se intenta llevar a cabo desde el gobierno chileno para buscar a las familias víctimas de las adopciones ilegales. En el 2019, después de que Hijos y Madres del Silencio lo propusiera en la Cámara de Diputados, el propio Hernan Larraín terminó aprobando el banco de huellas genéticas, que iba a funcionar de forma similar al de las Abuelas de Plaza de Mayo.
La organización participó de la primera convocatoria de muestras, movilizando a cientos de víctimas que se encontraban tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, el día de la convocatoria, el laboratorio solo tenía elementos suficientes para realizar poco más de cincuenta muestras porque los funcionarios no se habían asegurado de prepararlo logísticamente para la jornada.
Ese día, la organización tuvo que dar prioridad a las víctimas que habían venido al extranjero, bajo promesa de realizar una nueva convocatoria en cuanto desde el estado se pudiera proveer los instrumentos necesarios.
Pero al caer la pandemia, esta nueva convocatoria se fue postergando cada vez más, hasta que el Ministro de Justicia finalmente le comunicó a la organización que se iba a bajar el proyecto por no contar con muestras suficientes. Para Marisol Rodriguez, esto demostró la falta de voluntad política para buscar la verdad.
El nuevo plan
Apenas iniciado el 2022, Hijos y Madres del Silencio volvió a ser contactado por Larraín para que acompañen este nuevo proyecto. Sin embargo, Marisol Rodriguez advirtió que aun existen irregularidades sobre los protocolos bajo los cuales se analizarían las muestras.
“Cuando uno tiene que tomar muestras o hacer un proyecto de investigación tiene que existir un protocolo, consentimiento informado, y aquí no hay nada de eso”, acusa Rodríguez, “y se está firmando un contrato sin haber hecho una licitación previa y se están tomando particulares, ¿cómo sabemos que esos particulares van a manejar nuestros datos como corresponde?”.
Además, a diferencia del proyecto del 2019, esta vez las muestras serán tercerizadas a través de un banco privado de huellas genéticas y se asignarán fondos del Estado a otra ONG para los Kits internacionales de ADN.
En un comunicado, Hijos y Madres del Silencio manifestó que estos bancos internacionales de ADN “generan dificultades ya que reciben test de miles de personas de todo el mundo, pero no necesariamente ingresan sus nombres reales o permiten la búsqueda de familiares a través de estas cuentas”.
Además, expresa que “el Banco Internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad”.
Para Rodriguez, el Estado debe hacerse cargo de las muestras, “porque es el mismo Estado quien estuvo involucrado en la apropiación de niños”, pero la informalidad le sigue demostrando la falta de voluntad política, y que solo se quiere apurar un negocio porque se está acabando el mandato.
Por otro lado, también le da a sospechar que la falta de protocolos sea justamente para que menos víctimas estén dispuestas a donar su sangre. “Hay muchas víctimas que desde hace años viven con su familia adoptiva”, explica, “y por más que quiera saber su identidad, no se sometería a esta investigación porque no quiere exponer a sus padres adoptivos”.
Las adopciones ilegales se llevaron a cabo hasta por lo menos el año 99, año en el cual el propio Mario Carroza suponía que las mismas se habían acelerado. Habiendo pasado tan poco tiempo, es posible que en algunos organismos del estado todavía exista resistencia a que se investigue la verdad y al reencuentro de las familias.
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