La fábrica avícola “Cresta Roja”, ubicada en Esteban Echeverría, estuvo en manos de Rasic Hermanos hasta la llegada del macrismo. La firma venía pasando por varios años de crisis y pidió concurso de acreedores en el 2014 y se declaró en quiebra finalmente en octubre del 2015.
La quiebra se tramitó en el juzgado comercial 18, a cargo de la jueza Valeria Pérez Casado. A un expediente que en cualquier otro caso podría circular por años, la jueza le dio curso apenas asumió el nuevo gobierno en diciembre de ese mismo año, dictando la sentencia de quiebre ya para el 22 de diciembre.
Para febrero, finalizada la feria judicial, Rasic Hermanos se presentó junto a otros socios que habían conseguido durante el verano con una propuesta para levantar la quiebra, pero los activos de la empresa la terminaron comprando el consorcio Proteinsa, conformado por Ovoprot, Tanacorsa y Laclau.
El plan de Proteinsa era reincorporar en tandas a los 1800 trabajadores despedidos de la empresa en la medida que aumentara la producción, la misma propuesta que habían presentado Rasic Hermanos.
Ante la pérdida de mercados externos, su dependencia de subsidios cruzados y un derrotero de tropiezos e incumplimientos financieros que involucran al entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, la firma se declaró nuevamente en crisis en octubre del 2016 y se terminó vendiendo la empresa a la compañía Granja Tres Arroyos, que en 2019 aportaría 800 mil pesos a la campaña de Cambiemos.
Protestas y manifestaciones
Los despidos, la falta de cumplimiento en las promesas de reincorporación al trabajo y retrasos en el pago de las indemnizaciones llevó a los trabajadores a realizar distintas manifestaciones entre el 2015 y el 2019. Las protestas estuvieron cercadas por distintas represiones y el veto a la ley anti-despidos en mayo del 2016.
Para apaciguar las protestas, el nuevo grupo empresario reincorporó a algunos de los trabajadores despedidos con un recorte en el salario y haciéndolos firmar una documentación como accionistas, bajo la promesa de ganar con el aumento de la producción de pollos.
Esto no se cumplió a pesar de que en los siguientes años, Granja Tres Arroyos se establecía como líder en la producción. Tiempo más tarde, trabajadores denunciarían que la empresa desviaba su producción a otras fábricas para no compartir las ganancias con los empleados que habían firmado la documentación de accionistas.
Para estos momentos un grupo de trabajadores ya había comenzado a armar un grupo cooperativo con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo, reclamando que la venta de la empresa avícola realizada durante el macrismo sea declarada nula y se les permita gestionarla.
Granja Tres Arroyos compró Cresta Roja, despidió a mil trabajadores de la alimenticia y uno de sus dueños ahora aportó $800.000 a la campaña de Macri Presidente.
— Agustín Ceruse (@agusceru) July 31, 2019
Empezando el 2022, la empresa trabajaba con la tercera parte de las personas que trabajaban en 2015. Dos mil empleados siguen a la espera de ser convocados a volver bajo los acuerdos incumplidos.
Fallo a favor de los trabajadores
La semana pasada, la fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de los trabajadores de la cooperativa La Cresta, formada por despedidos de Cresta Roja.
En su dictamen, la fiscal Boquín pidió a la Cámara de Apelaciones que declare la nulidad de aquella venta en 2016 y libró oficios para que se investigue el involucramiento de los exfuncionarios macristas que participaron en la transacción, como María Eugenia Vidal, Marcos Peña, Jorge Triaca.
“LA JUSTICIA A FAVOR DE LA AUTOGESTIÓN EN CRESTA ROJA Y PIDIO LA INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS MACRISTAS”https://t.co/SMvFS6MSVu pic.twitter.com/kkgJQ8KGto
— LA RUEDA (@laruedanoticias) February 14, 2022
La fiscal además advirtió sobre la tradicional “doble vara” que existe en los tribunales, donde se aplica una excesiva rigurosidad para imponer reglas concursales a las cooperativas de trabajo que denuncien fraude pero se conceden excepciones a las grandes firmas, muchas veces responsables de que la vulneración de los derechos de los trabajadores.
En la parte resolutiva del dictamen dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante la posibilidad de que se hubiera producido el delito de lavado de dinero.
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