Muchos organismos y asociaciones vinculadas al derecho vienen reclamando hace décadas por una reforma del Poder Judicial. Los reclamos se asientan en la necesidad de que la población tenga garantías de acceso a un sistema penal con profesionales actualizados en las nuevas corrientes del derecho y la jurisprudencia y que prioricen la resolución de los conflictos y no la penalización de los mismos.
Entre los reclamos más comunes se encuentran la ausencia de perspectiva de género en los fallos y la arbitrariedad de los mismos, la falta de celeridad de los procesos judiciales y la cantidad de personas que esperan más años por un fallo o sentencia, y la discrecionalidad en los concursos.
En diálogo con NEA HOY, la abogada laboralista y de derechos humanos Roxana Rivas explicó que “dentro de lo que es el sistema democrático y la historia de los procesos democráticos”, el sistema judicial “es el único que no se ha revisado para adentro ni ha revisado ninguna de sus prácticas”.
En los últimos años, muchas medidas se han llevado adelante para revertir algunos de los problemas más comunes que se observan en el sistema judicial. Muchas provincias han implementado los juicios por jurados en búsqueda de una mayor transparencia, y a nivel nacional se aplica la Ley Micaela, que mediante capacitaciones busca incorporar la perspectiva de género en el sistema.
Rivas celebra estas medidas ya que entiende a la formación y capacitación como necesarias. Como abogada y parte del equipo jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A), observa que el principal problema en los litigios es la falta de capacitación de los profesionales, inclusive en las cuestiones más elementales de la ley y la jurisprudencia.
Sin embargo, piensa que estas acciones “terminan siendo insuficientes” y que es necesario “avanzar en una reforma del Poder Judicial más profunda” que abarque tanto la designación de los jueces como la formación de los propios profesionales que brindan servicios al sistema.
“Los sistemas de capacitación son los que también se están poniendo en crisis porque, por ejemplo para cuantificar capacitación en género, te dan un curso de tres horas. Sigue siendo ineficiente cuando en realidad lo que se espera son reflexiones y cambios profundos de lo que significan cada una de éstas cuestiones”, explicó la letrada.
“En la práctica aún sigue siendo un sistema totalmente arcaico, un sistema patriarcal, un sistema jerárquico, y además se ha convertido en un sistema casi corporativo familiar”, afirmó la abogada, en referencia a muchas provincias en los que los que se observa que los jueces designados terminan siendo los hijos de otros jueces o ministros del Superior Tribunal.
¿Qué reformas se necesitan?
Al preguntarle sobre las medidas más necesarias, Rivas aclara que uno de las principales necesidades pendientes es la de pensar, tanto desde las colegiaturas como los distintos actores de la sociedad civil, qué tipo de justicia queremos para avanzar en una reforma del sistema judicial.
No va a haber cambio económico, si no hay reforma judicial.
Hay que ir por los que fugaron 400.000 millones de U$S, por los endeudadores, por los contrabandistas.Escuchá mi editorial completo de #SietePuntoCero acá:
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Pero desde su experiencia, afirma que a su criterio una de las medidas más necesarias es transformar a los jueces en cargos electivos o rotativos: “Que no exista esa sensación de que al llegar al cargo los jueces se jubilan, y esos son sus refugios y ya no importa nada ni tienen más contacto con la realidad, con el territorio ni con nada, o que haya que esperar a que se jubile para poder pensar y soñar que venga un juez mejor”.
En la región, sistemas como éstos se vienen aplicando, por ejemplo, en Perú, donde el Consejo de la Magistratura ratifica cada siete años a aquellos jueces idóneos que demuestren méritos y una adecuada producción jurisdiccional, o bien en Paraguay, donde cada cinco años los jueces deben confirmarse en sus cargos por concurso.
A su vez, la letrada recomienda una judicialización mínima, “porque emplear nuestros conflictos a un sistema como estos es poner en riesgo un montón de cosas sin que tengas garantías de que vaya a haber un acto de justicia o de equidad concreta”.
Para ello, Rivas entiende que es necesario avanzar no solo en una reforma del Sistema Judicial, sino que esta reforma debe ser ampliada hacia las casas de estudios donde se forman los abogados, ya que implica un cambio de paradigma en el ejercicio profesional.
“El sistema judicial en su conjunto, y cada vez más, está compuesto por abogados. La formación de éstos sujetos que van a decidir sobre las vidas es en una facultad”, explica Rivas, que además es docente en la carrera de abogacía de la Universidad Gastón Dachary.
Hoy, la lógica en la formación y el ejercicio profesional está pensada no alrededor de la mediación y la resolución de conflicto, sino en la negociación y el litigio de dos partes que se asume intentarán aventajarse mutuamente. Esto incurre en una mayor exposición y vulnerabilidad de las partes así como un mayor gasto del Estado y las partes en el proceso de judicialización.
“Por lo menos no se está pensando en formar a un abogado distinto al que sale y que termina actuando de ésta manera, porque para muchos no es negocio terminar una situación en una mediación cuando vos podes llevarlo cinco años y te significa ingresos”, concluyó la abogada.
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