El campo estuvo siempre ligado a la identidad argentina. Con una amplia historia y tradición agroexportadora, el campo no solo es importante para la economía del país, sino que buena parte de su identidad está vinculada con los productos que se producen en sus tierras productivas.
Pero no todo el campo es homogéneo. Más allá de la gran variedad de bienes que se producen en el suelo argentino, a lo largo del país existen distintos tipos de productores con realidades y necesidades distintas para realizar sus actividades.
Esto nunca es más visible cuando hay algún tipo de reclamo o movilización por parte de un sector particular del campo. Cuando el reclamo viene de los pequeños productores, aquellos que con pequeñas porciones producen el 80% de los alimentos que consumen los argentinos, incluyen puntos como la regulación de la tierra, la reducción de los costos de producción, mejora de los precios de venta de sus productos o hasta una ley de arrendamiento.
En cambio, cuando las protestas provienen de los sectores agroindustriales, aquellos que concentrando grandes extensiones de tierra producen pino o granos para exportación, los reclamos están más dirigidos a bajar impuestos ligados a las exportaciones o al tipo de cambio.
Historia de dos campos
Argentina necesita proteger una diversidad en su campo. Si bien es cierto que los productos de exportación generan divisas que mantienen la estabilidad macroeconómica, Argentina necesita de la diversidad de productos que provienen de la agricultura familiar y los pequeños productores para diversificar su mercado interno y no tener que importar bienes de consumo primario.
El problema es que los intereses de estos sectores son muchas veces contrapuestos, y mientras el sector agroindustrial fue creciendo durante las últimas tres décadas, lo hace expulsando a los pequeños productores hacia las ciudades.
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (CNA), la concentración de la tierra productiva se agudizó en los últimos 30 años. Desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias; como resultado, el 1% de las explotaciones mayores a 10.000 hectáreas (2.473 fincas en total) controla el 36% de las tierras, teniendo en promedio 22.000 hectáreas cada uno (el equivalente a 44 mil canchas de fútbol).
En cambio, las 125.023 familias que poseen menos de 1000 hectáreas tiene solo el 2,25% de la tierra, y en cuanto no se generen condiciones que regulen la expansión del sector agroexportador, estas desigualdad tenderá a agudizarse.
La expansión de la agroindustria y la pobreza
De acuerdo a un estudio publicado en el 2011 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la tendencia a la concentración se dio principalmente por dos factores. Por un lado, la convertibilidad durante la década de los noventa agudizó la desigualdad entre los dos sectores del campo.
La sobrevaloración del peso sobre el dólar, la estabilidad de precios de productos agropecuarios y las altas tasas de interés generan las condiciones para que a los grandes terratenientes les sea más fácil industrializar la producción para producir con menos mano de obra, a la vez que generaba condiciones adversas para el pequeño productor.
Después del 2001, la devaluación y el boom de las commodities generó condiciones favorables para que el sector agroindustrial se expandiera, expulsando de la agricultura familiar hacia las ciudades y aumentando la presencia de las villas miseria.
Durante el 2013, solo en la provincia de Buenos Aires se contaban 1.100 barrios informales de acuerdo a la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Viviendas del Gobierno bonaerense, cuando 10 años atrás la cifra se estimaba alrededor de los 300.
Este fenómeno se replicó en el norte argentino después de que, con la quita de las retenciones durante el Gobierno de Cambiemos, el agronegocio se expandió hacia provincias como Salta, Chaco, Tucumán o Santiago del Estero.
En el 2016 los datos oficiales contaban 4.416 barrios populares en todo el país, hoy esa cifra subió hasta los 5.000. Entonces, a pesar de las divisas generadas por la exportación de la actividad agroindustrial, la expansión de la actividad está vinculada con el crecimiento de la pobreza argentina por limitar las posibilidades de empleo que ofrece el territorio.
A pesar de los reclamos de los empresarios de los granos, desde el 2001 hasta hoy el sector nunca dejó de crecer. Sin embargo, tuvo una desaceleración entre el 2007 y el 2015, periodo en el que se fueron aplicando más retenciones, ordenamientos territoriales y se discutió la Ley de presupuestos mínimos de bosque nativo.
Es errado, entonces, pensar en las retenciones como una simple manera de generar recaudaciones para el estado. Si desde el sector se las considera como una medida perjudicial para la actividad, es justamente porque su función también es la de regular los beneficios de la actividad para desincentivar su expansión y contrarrestar el impacto que tiene sobre la economía interna.
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