El viernes 13 de mayo se realizó el primer “Congreso de Educación Sexual Integral con base científica y valores” en Resistencia, impulsado por la Mesa Evangélica Metropolitana del Chaco y por la Mesa Evangélica del Interior del Chaco.
La jornada se concretó luego de una Resolución del Ministerio de Educación a cargo de Aldo Lineras y un Decreto del Ejecutivo, ambos del 2021, por la cual se aprobó “La implementación de programas de ESI cimentada en fundamentos científicos y en valores desde una propuesta alternativa de enseñanza, aprendizaje y formación en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial destinado a docentes alumnos y familias“.
Amnistía Internacional aseguró que estas medidas son contrarias a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y a los compromisos asumidos por Argentina en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, de las mujeres y de las personas LGBTIQ+; y derecho a la educación.
Así mismo, envió una carta al Ministro de Educación del Chaco, Aldo Fabián Lineras, a través de la cual manifiesta profunda preocupación por “la falta de cumplimiento del derecho a la ESI”.
“Ante esta situación, la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el Chaco instó al Ministerio de Educación de la provincia a profundizar las políticas educativas que garanticen el efectivo acceso a los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI“, finaliza el escrito.
En su página oficial, Amnistía Internacional rechazó el Congreso, avalado por el Ministerio de Educación provincial, que patologiza el aborto bajo el término “síndrome postaborto” y que cuestiona la igualdad de género “desde la ciencia”, entre otros temas.
Frente a esto, la organización solicitó que se adopten las medidas para prevenir que se promueva un Congreso de formación docente -que otorga puntaje- que pudiera atentar contra el derecho de niñas, niños y adolescentes de acceder a la ESI.
Paralelamente, quienes se presentan como expositores del Congreso han manifestado públicamente “posturas con contenido discriminatorio” hacia mujeres y personas LGBTI+. En particular, el INADI en dos ocasiones -en 2013 y 2018- dictaminó que los manuales educativos y la página web de quienes lideran la formación resultan contrarios a la ley antidiscriminatoria (N° 23.592).
“La correcta implementación de la ESI es un compromiso asumido por nuestro país. Por lo tanto, aprobar propuestas educativas alternativas con contenidos discriminatorios por motivo de género son contrarias a las obligaciones asumidas. Todas las personas tienen derecho a acceder a una educación integral para desarrollar su proyecto de vida, conocer sus derechos y tomar decisiones informadas”, señaló Mariela Belski, Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Fuentes: Amnistía Internacional
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