El domingo pasado, la localidad misionera de El Soberbio volvió a ser noticia en los medios nacionales por los hechos de contrabando de soja; un negocio que, como lo remarcó NEA HOY en un informe realizado en febrero de este año, mueve millones de pesos en la frontera con Brasil.
Para contextualizar con los dichos del Gobernador Valdés, vale tener en cuenta primeramente que el costo de la bolsa de soja se triplica cruzando a Brasil; mientras que en Argentina se paga un precio menor, en el país vecino se obtienen aún más ganancias por kilo o tonelada si se evaden impuestos para la exportación de la materia prima.
En números, la soja en tierras argentinas tiene un costo de 28.000 pesos por tonelada, ahora bien, si esa tonelada de granos cruza de contrabando a Brasil el valor es de 87.000 pesos, libres de impuestos y de cualquier otro costo que se debe pagar por exportar a otro país.
A su vez, 50 toneladas de granos de soja en suelo argentino tiene una cotización de 1 millón y medio de pesos, pero a 200 metros cruzando el río Uruguay, la misma cantidad de producto se eleva a 5 millones de pesos. Cabe recordar que, esta cantidad de dinero es libre de impuestos.
En tanto, la localidad de El Soberbio cuenta con más de 500 puertos o bajadas directas al río Uruguay. Sin embargo, el único que está habilitado para el comercio y cruce de ciudadanos es el paso internacional: El Soberbio-Porto Soberbo.
El impacto de los dichos del Gobernador
Al día siguiente de la publicación de este informe en los medios nacionales, Valdés fue entrevistado por el periodista Carlos Pagni, en el programa La Odisea Argentina, y aseguró: “Vemos que es preferible sacar los granos por contrabando, que pagar los gastos del Estado”.
Asimismo, aseveró que “hay mucha soja que no sale por el puerto de Rosario, sino que es más rentable el contrabando por Formosa o Misiones”.
Poco prudente, los dichos del Gobernador resonaron en diferentes medios. Cabe considerar el impacto que tiene en el Estado nacional la evasión de impuestos. Solo lo que tiene que ver con soja que sale por la localidad de Misiones, se estima que genera una pérdida por $7.500 millones. Se habla de un monto considerable que, luego de ser recaudado a través de los impuestos, es invertido en obras públicas que redundan en beneficio de los ciudadanos argentinos o al menos da la posibilidad de llevar adelante estas acciones.
En ese sentido, debe recordarse además la ayuda que se dio a productores por parte de programas nacionales, como los 31 millones de pesos que en 2021 fueron presupuestados para proyectos de agricultura familiar, o los 500 millones usados para ayudar a productores afectados por los incendios en Corrientes.
Vale aclarar que estos dichos de Valdés, que exteriorizan una cierta demonización respecto a los impuestos fiscales, no son nuevos. Es así que, en mayo de este año, aseguró que en Corrientes “no solo no le sacamos los impuestos a los productores, sino que también los subsidiamos para que puedan vivir de su producción”.
Y explicó que “la provincia tiene 26.000 productores de ganado, de los cuales 22.000 son pequeños productores, que tienen menos de 400 cabezas, o sea que le tenemos que dar potencia para que la distribución de la riqueza sea más uniforme. Hay que sacar impuestos y dejar que el campo pueda tener toda su fuerza’’.
Más allá del partido político que gobierna el país, Valdés parece no considerar el hecho de que es también esa recaudación, la de las retenciones e impuestos fiscales, que permite al Estado girar fondos a la provincia o desplegar obras necesarias como la construcción y reparación de rutas, la provisión de servicios como la salud pública y la educación, entre otros tantos.
Sus dichos se pueden considerar más graves aún si se tiene en cuenta que es Gobernador de una provincia argentina e, incluso, de una de las más pobres del país, según el INDEC. Por esto, requiere mucha más asistencia del Estado nacional, que, entre otras actividades, recauda a través de los impuestos a la exportación.
Baja de impuestos y retenciones, ¿un beneficio para las “economías regionales”?
Valdés sostuvo en la entrevista con Pagni que se deberían bajar las retenciones y darle valor a los productos, así como equiparar el tipo de cambio para beneficiar a las “economías regionales”.
“Necesitamos que el productor del interior de la Argentina pueda recibir esos dólares que exporta para que las economías regionales realmente vuelen”, señaló el Gobernador.
Lo cierto es que son pocos los productores que se benefician directamente con esos dólares que se producen a partir de las exportaciones, si el Estado no regula la situación. Mayoritariamente, son beneficiados los grupos concentrados de productores por sobre los pequeños productores y las agriculturas familiares.
Para comprender este punto, es importante citar un estudio publicado en el 2011 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, respecto a la tendencia a la concentración que se incrementó en nuestro país en los últimos 20 años.
“Después del 2001, la devaluación y el boom de las commodities generó condiciones favorables para que el sector agroindustrial se expandiera, expulsando la agricultura familiar hacia las ciudades y aumentando la presencia de las villas miseria”, señala el informe.
Y agrega que, durante el 2013, solo en la provincia de Buenos Aires se contaban 1.100 barrios informales de acuerdo a la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Viviendas del Gobierno bonaerense, cuando 10 años atrás la cifra se estimaba alrededor de los 300.
Este fenómeno se replicó en el norte argentino después de que, con la quita de las retenciones durante el Gobierno de Cambiemos, el agronegocio se expandiera hacia provincias como Salta, Chaco, Tucumán o Santiago del Estero.
La expansión del agronegocio está vinculada con el crecimiento de las villas de emergencia o barrios populares.
En el 2016 los datos oficiales contaban 4.416 barrios populares en todo el país, hoy esa cifra subió hasta los 5.000. Entonces, a pesar de las divisas generadas por la exportación de la actividad agroindustrial, la expansión de la actividad está vinculada con el crecimiento de la pobreza argentina por limitar las posibilidades de empleo que ofrece el territorio.
A pesar de los reclamos de los empresarios de los granos, desde el 2001 hasta hoy el sector nunca dejó de crecer. Sin embargo, tuvo una desaceleración entre el 2007 y el 2015, periodo en el que se fueron aplicando más retenciones, ordenamientos territoriales y se discutió la Ley de presupuestos mínimos de bosque nativo.
Es errado, entonces, pensar en las retenciones y los impuestos fiscales como una simple manera de generar recaudaciones para el Estado, con todos los beneficios que eso significa para la población, si desde el sector agropecuario se las considera como una medida perjudicial para la actividad.
Por ello, que desde un Gobierno provincial se milite la baja de impuestos a grandes exportadores de soja es riesgoso y puede ser contraproducente, por las consecuencias que puede generar en la sociedad.
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