Los ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Bernardo Montoya y Demetrio Vázquez Rey, que ejercieron durante la dictadura del ex general y represor Juan Carlos Colombo -de 84 años y condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad- serán juzgados desde este 24 de junio por el Tribunal Oral Federal de la provincia.
Durante dos días de audiencias se llevará a cabo el juicio oral a los ex jueces del Superior Tribunal de Justicia. También en la causa estaban acusados Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, pero ambos fallecieron.
Los ex jueces de Formosa están procesados por supuestos hechos de abusos de autoridad, incumplimientos de deberes de funcionario público y encubrimiento transcurridos entre agosto y octubre del año 1976 por la desaparición, secuestros y torturas de ocho trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa.
El tribunal estará conformado por el juez Ruben Quiñones como titular del Tribunal Oral Federal de Formosa, Roberto López Arango del TOF de Paraná (Entre Ríos) y Emilce Pereira del TOF de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa.
También participará del juicio Paula Álvarez Carreras que se desempeña como coordinadora del Equipo de Abogados Querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS).
Asimismo, el pedido de justicia por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar en el país también está centrado en la búsqueda de los restos de los desaparecidos en Formosa. Hasta el momento los cuerpos todavía no pudieron ser hallados, expuso a NEAHOY, Williams Caraballo, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad.
Además, se estima que unos 30 empleados judiciales, la mayoría de ellos con participación activa en el gremio de los judiciales, estuvieron secuestrados en centros clandestinos de detención como “La Escuelita” que funcionó en el barrio San Antonio de la capital formoseña, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
Estos delitos no fueron casualidad ya que los judiciales eran en Formosa uno de los focos más activos y convocantes de actividad gremial por lo que la Asociación Judicial, junto a Las Ligas Agrarias, se convirtieron en blanco de la dictadura militar.
El abogado Caraballo indicó que la querella busca que se dicte una sentencia ejemplificadora en busca de memoria, verdad y justicia por las víctimas de delitos de lesa humanidad.
Además, expuso que se insistirá en colocar una señalización de sitio por la memoria en el edificio del STJ para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares.
Ambos ex magistrados fueron procesados y embargados, sumado a la prohibición de salida del país por el fallo unánime de los jueces de Cámara Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Enrique Jorge Bosch, que confirmaron el procesamiento dispuesto por la jueza Federal Nº 2 Belén López Macé del 28 de diciembre del 2020 por acusarlos de ser autores penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La denuncia
La causa por la cual fueron investigados inició hace más de 15 años. Adriano Acosta era jefe de la imprenta del Supremo Tribunal formoseño en agosto de 1976 cuando una patota bajo el mando del área 234 del Ejército se lo llevó de su oficina y lo torturó en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 29.
Ese mismo día también fueron secuestrados Ángela Colman, Raquel Lebi, Andrés Medina y el matrimonio de Mirta Insfran y Ricardo Borgne.
El 4 de agosto, con el pretexto de que los acompañara a ver un expediente judicial en Tribunales, dos hombres secuestraron a Elsa Alicia Chagra de su vivienda. La mujer se desempeñaba en el archivo general del Poder Judicial de Formosa. El propio STJ había permitido un allanamiento en el escritorio de Chagra por personal policial. La mujer pasó por torturas en la Escuelita, en el Regimiento y en la Alcaldía de Mujeres.
Sobre los alcances del juicio que confían se conocerá la sentencia para la segunda audiencia, el abogado Dardo Caraballo, señaló que a los exmagistrados se les reprocha fundamentalmente el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, “ya que estamos hablando de secuestros, torturas y desaparición forzada de cinco empleados judiciales a los cuales estos jueces de la dictadura en su momento los dejaron cesantes, a sabiendas de que estaban sufriendo cautiverio en los centros clandestinos de detención”.
Consideró que “los ex jueces deberían por lo menos haberse interesado de la suerte que corrían los empleados judiciales que eran ‘chupados’ por las fuerzas represivas”.
La participación de los miembros del Poder Judicial
La causa que busca establecer responsabilidades civiles casi cae en el archivo porque tras rebotar en el fuero federal formoseño, en la Cámara de Resistencia y en Casación de Buenos Aires por 10 años, finalmente tomó impulso.
Desde la querella manifestaron que se hará hincapié en la sentencia por encubrimiento, ya que los ex magistrados tenían conocimiento de los hechos de los cuales los trabajadores judiciales fueron víctimas.
En el caso de Adriano Acosta, según su propio testimonio, el 5 de agosto de 1976 se encontraba en su puesto de trabajo en el edificio de Tribunales cuando personal del Ejército que respondía al área 234 lo fue a buscar. La víctima lo informó en el despacho de los jueces, pero no lo ayudaron, fue trasladado hasta varios centros clandestinos y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), condición con la que cargó durante tres años.
En acordadas emitidas entre 1976 y 1977, Martínez, Vázquez Rey y Montoya suspendieron o cesantearon a quienes, en esos momentos estaban desaparecidos o habían sido puestas a disposición del PEN.
Todos los ex trabajadores secuestrados del Tribunal de Formosa fueron desafectados de sus lugares de trabajo por el propio Superior Tribunal de Justicia, hasta el retorno de la democracia con el Gobernador Floro Bogado que firmó una solicitud para reincorporarlos a sus puestos.
La Justicia
Los magistrados del fuero federal concluyeron que la conducta asumida por los procesados ante la detención de numerosos empleados judiciales en el propio edificio de tribunales, resulta repudiable en base a la calificación legal (como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, previstos y reprimidos), y la conexión con otras causas como “Colombo”, “Camicha”, “Echeverría” y “Domato”, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.
Se acusa que en pleno conocimiento de la privación de libertad que sufrían sus empleados por comunicación del entonces Jefe del RIM 29 Coronel Martín Alturria sobre el cautiverio de los mismos, dispusieron en primer término sus suspensiones preventivas y posterior cesantías mediante el dictado de resoluciones reservadas y secretas.
Asimismo, el fallo advierte sobre la inacción de los procesados y la pasividad inmoral frente a la detención de dos magistrados quienes fueron obligados a renunciar de puño y letra desde sus lugares de detención como fue el caso del ex juez Héctor Tievas conminado a renunciar en la U-10 del S.P.F.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Pidieron que la Masacre de Napalpí sea llevada a juicio
Formosa: la CIDH determinó que la denuncia sobre embarazadas escondidas en el monte es falsa
