Nicolás Caropresi es un referente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), uno de los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que entre muchas otras cosas gestionan los programas Potenciar Trabajo
Caropresi nació en Puerto Libertad, provincia de Misiones, y mientras crecía pudo ver como miles de motosierristas iban quedando sin trabajo a medida que la empresa Alto Paraná los iba reemplazando por máquinas que talaban y cortaban los pinos sin necesidad de mano de obra.
En favor de la productividad técnica, el mercado fue convirtiendo a su pueblo natal en un pueblo fantasma, rodeado de pinos que daban cada vez más ganancias a la empresa, pero cada vez menos trabajo a la gente.
Cuando se fue a Buenos Aires a estudiar, poco después del 2001, se encontró con una realidad parecida. La capital del país estaba llena de cartoneros, lavacoches, vendedores ambulantes y un sin fin de trabajadores que día a día se exponían a la insalubridad de sus actividades, las inclemencias del clima y el atosigamiento policial sin obra social, aportes ni jubilación.
Así como los motosierristas, estos miles de trabajadores habían quedado excluidos del mercado del trabajo formal y debieron salir a inventarse los oficios más precarios para poder alimentar a sus hijos.
Viendo esto, Caropresi se unió al Movimiento de Trabajadores Excluidos, una organización que nació al calor del 2001 acompañando y organizando el trabajo de los cartoneros para obtener mejores y más seguros elementos para trabajar, conformar cooperativas para exigir a los depositeros un precio más justo, etc.
“Lo que nosotros empezamos a ver es que, en realidad, lo que estaba sucediendo es que el mercado formal de trabajo no iba a poder resolver la situación de por lo menos un tercio de la población económicamente activa”, explica Caropresi, “desde esa perspectiva empezamos a construir la idea de un gremio que nuclee a todos los trabajadores que habían quedado por fuera del empleo formal”.
Esta idea fue la que, en articulación con otros movimientos sociales como el Movimiento Evita el Movimiento Popular La Dignidad, se transformó en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), pero en el 2019, junto a otras organizaciones como la CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán conformaron la UTEP.
¿Por qué organizarse?
Cuando se le pregunta por qué cree que es necesaria la organización de la economía popular, Caropresi explica que “el objetivo principal de la organización es conquistar derechos. La organización permite construir una herramienta de fuerza que permita negociar derechos para estos trabajadores”.
En palabras de Caropresi, la organización permitió, entre miles de ejemplos, que los cartoneros pudieron pelear mejores precios por los plásticos y cartones que los que obtenían negociando con los galponeros en solitario. Los vendedores callejeros pueden obtener mejores permisos municipales y espacios para vender sus productos en conjunto que por separado.
Gracias a la organización, muchas cooperativas a lo largo del país pudieron peticionar sus municipios herramientas y espacios de trabajo o generar un mayor reconocimiento y visibilidad de la actividad que estaban realizando, para así poder hacerlo con un mínimo de dignidad y no ser víctimas de los prejuicios de los vecinos o las sospechas de la policía.
Así también, la organización de todas estas actividades en un gremio permitió a muchos trabajadores de la economía popular obtener algunos de los derechos que gozan los trabajadores formales. Como ejemplo, Nicolás Caropresi nombra al monotributo social y a la mutual Senderos, gracias a la cual manteros, pescadores, o trabajadores de la agricultura familiar pueden acceder a una obra social.
“El objetivo central es la conquista de esos derechos, una vida digna, una vida feliz, un acceso a la tierra, al techo, al trabajo, el acceso a los servicios, a todo lo que tiene un ciudadano común y corriente que puede acceder a un empleo”, concluyó el referente.
La gestión del Potenciar Trabajo
Una de las principales herramientas que consiguieron con la organización de la economía popular fue la aprobación de la Ley de Emergencia Social en el 2016. Allí fue que se implementó por primera vez el “Salario Social Complementario” (SSC), que equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil ($22.250).
El trabajo de la economía popular es muy irregular, y no todos los días un cartonero, vendedor ambulante o pescador puede conseguir lo suficiente para costearse el plato. El SSC, que hoy se cobra a través del programa Potenciar Trabajo, sirve como un complemento para asegurar que el trabajador pueda seguir alimentando a su familia aún aquellos días en que no se pudo vender lo suficiente.
Ahi donde el Estado no llega, hay organización popular.#EconomiaPopularEsTrabajo pic.twitter.com/kEJnIamPiC
— Movimiento Evita (@MovimientoEvita) June 26, 2022
La gestión de los SSC a través de las organizaciones sociales, además, facilita una organización de la actividad en distintas unidades productivas, donde las decisiones pueden ser tomadas por aquellos trabajadores que la integran. Así, entre varios trabajadores pueden cubrir a un compañero que se encuentra enfermo o atravesando un problema familiar, y evitar así que se quede por ello sin las ganancias del día.
Esta forma de organizar el trabajo también permite a los trabajadores encontrar soluciones a problemáticas sociales que ven en el barrio. A través del SSC, las organizaciones sociales junto a los trabajadores de la economía popular han podido sostener merenderos, centros de apoyo escolar o de rehabilitación en barrios que los municipios habían dejado prácticamente olvidados.
“Nosotros tenemos una olla en Constitución que llegó a servir más de 4.000 platos en medio de la pandemia y que hoy sigue sirviendo más de 1.000 raciones”, enumera Caropresi entre los distintos ejemplos de gestión colectiva de problemáticas sociales que se lograron gracias al SSC.
El municipio o la organización social ¿quién gestiona el “plan”?
Cada tanto, los movimientos sociales reciben acusaciones por parte de los medios, la opinión pública y hasta algunos funcionarios del Estado por ser quienes gestionan los SSC y el Potenciar Trabajo. Las acusaciones refieren que los planes son utilizados con fines puteriles, que los trabajadores son forzados a dar un porcentaje del salario a las organizaciones y que son obligados a asistir a las marchas bajo amenaza de perder el “plan”.
Estos cuestionamientos volvieron a estar en agenda después del discurso de la Vicepresidente Cristina Kirchner en el acto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en la que dijo entre otras cosas que “el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas” y que “el peronismo no es dependiente de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”.
Nicolás Caropresi asegura que en su organización existen sanciones destinadas a todo referente que pida un porcentaje de los trabajadores o los obligue a asistir a las marchas. “El salario se lo gana cada compañero trabajando, cumpliendo horas en las unidades productivas”, explicó.
Para el referente, las acusaciones son una generalización de unos pocos casos reales, pero que terminan por cuestionar la totalidad del trabajo genuino que vienen llevando adelante las organizaciones.
Una de las propuestas que se discuten para que las organizaciones sociales dejen de ser “intermediarias” de los planes sociales es la de pasar su gestión a los intendentes. Para Nicolás Caropresi, más que una solución, esto agravaría el problema, dando la posibilidad a los municipios de utilizar los planes de forma espuria o como compensación por la realización de trabajos que deberían tener sueldos municipales en blanco como la limpieza o recolección de residuos.
La Economía Popular es Trabajo, No tercerización pic.twitter.com/cZKoZeM24p
— UTEP (@UTEPoficial) June 21, 2022
“Lo cierto es que cuando lo manejaban los municipios, los punteros que trabajaban para los intendentes obligaban a los compañeros beneficiarios de programas de empleo a participar en marchas, en actos o a hacer tareas municipales por menos plata” comenta Caropresi,
Además, explica que de esta manera “en vez de gastar en un sueldo municipal y darle vida digna al trabajador municipal, lo que hacían era utilizar los programas de empleo para precarizar a los trabajadores municipales o provinciales”.
Para él, discutir si los planes sociales los manejan las organizaciones o los municipios es “desviar el verdadero problema. Llevar la discusión a quién maneja la birome, si los que anotan son unos o son otros, es correrse del problema central, y es que cuando salió el IFE, se anotaron nueve millones de personas a cobrarlo”.
📻 Les comparto un recorte de la entrevista en @radioconvos899 con @Sietecase
La economía popular es trabajo que dignifica pic.twitter.com/OS7mK2B70u— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) June 22, 2022
Es por eso que, desde hace tiempo, las organizaciones sociales proponen la implementación de un Salario Básico Universal, un monto mínimo vinculado al índice de indigencia que lo puedan cobrar a través del ANSES quienes no registren ingresos en blanco.
“Entonces, si vamos a discutir el problema de los programas sociales, hagamos la discusión y llevémosla a una política universal”, concluye el referente, “porque si la discusión es quién maneja qué cosa, el laburo que han hecho las organizaciones populares organizando el trabajo de la economía popular no lo ha hecho ningún municipio”.
“Lo que me llama la atención” continua Nicolás Caropresi, “es que a la hora de discutir los planes están todos los intendentes a la cabeza, pero cada vez que se le acerca alguien de la Secretaría de Integración Sociourbana para proponerle la integración de barrios populares no veo a los municipios peleándose por esa caja para ir a resolver el problema de los pobres”.
Además, el referente del MTE explica que el problema más grave con estas acusaciones y declaraciones es que nuevamente se culpa a los pobres por la incapacidad en todo el espectro político, oficialismo y oposición, de resolver los problemas de la gente.
“Lo que van generando en una sociedad que está atravesando miles de frustraciones, por la pandemia, por la crisis económica, por los efectos de la guerra, es orientar la bronca de ese pueblo que está sufriendo hacia los más pobres o los que menos tienen”, concluyó.
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