Estos dos últimos meses del 2022 sin dudas quedarán en el recuerdo de los familiares de desaparecidos y víctimas de la última dictadura militar. Además de juicios por crímenes de lesa humanidad -una de ellas realizada en Formosa en la causa conocida como Juicio a los Jueces- falleció a los 93 años el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien estaba imputado por los crímenes cometidos en los ex centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.
El exsubjefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de cientos de personas alojadas allí, como lo determinaron las nueve condenas por genocidio que recibió.
Fue responsable de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, hecho conocido como “La Noche de los Lápices”. También estaba acusado de la desaparición de uno de los testigos claves, Julio López.
Juicio a los Jueces
Durante dos días de audiencias para conocer los alegatos finales, se llevó a cabo el juicio oral a los ex jueces del Superior Tribunal de Justicia. También en la causa estaban acusados Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, pero ambos fallecieron antes de que el expediente fuera elevado a juicio.
El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, viajó a la provincia norteña para acompañar a víctimas y familiares durante el inicio del debate, en el que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante. También, en Formosa se firmó un convenio marco que contempla la formación en derechos humanos a las fuerzas de seguridad.
Finalmente el Tribunal Oral Federal condenó a los ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Reya a un año y ocho meses de prisión como coautores de abuso de autoridad y encubrimiento en los secuestros y torturas que sufrieron ocho trabajadores y trabajadoras judiciales.
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El tribunal, compuesto por Rubén David Oscar Quiñones, Mariela Emilce Rojas y Roberto Manuel López, les fijó además la inhabilitación especial por tres años y cuatro meses para desempeñarse como funcionarios públicos.
El debate comenzó el 24 de junio y el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Carlos Martín Amad, asistido por el auxiliar fiscal Mauricio Romero. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini.
Durante su alegato, la fiscalía había solicitado -la semana pasada- 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse en cargos públicos para los ex jueces del Tribunal Superior de Justicia.
El fiscal general había calificado los delitos imputados a los exmagistrados como crímenes de lesa humanidad porque fueron ejecutados dentro del plan criminal de la dictadura militar.
Condena
Los ex magistrados se desempeñaron en esas funciones durante el gobierno de facto del represor y ex gobernador de Formosa entre 1976 y 1981, Juan Carlos Colombo -de 84 años-, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Ambos ex jueces, previamente habían sido procesados por la jueza Federal Nº 2 Belén López Macé en diciembre del 2020 por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La causa por la cual fueron investigados inició en el año 2007 por una denuncia presentada por un empleado judicial, Adriano Acosta, quien contó con el patrocinio letrado del Dr. Williams Dardo Caraballo, querellante en las principales causas que se tramitaron en Formosa por los crímenes durante la dictadura.
La causa por la cual fueron investigados inició hace más de 15 años por una denuncia del empleado que fue secuestrado y torturado. Aunque no fue el único del Poder Judicial provincial, otros sin embargo, siguen desaparecidos.
Víctimas y desaparecidos
Adriano Acosta era jefe de la imprenta del Supremo Tribunal formoseño en agosto de 1976 cuando una patota bajo el mando del área 234 del Ejército se lo llevó de su oficina y lo torturó en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 29.
Ese mismo día también fueron secuestrados Ángela Colman, Raquel Lebi, Andrés Medina y el matrimonio de Mirta Insfran y Ricardo Borgne.
El 4 de agosto, con el pretexto de que los acompañara a ver un expediente judicial en Tribunales, dos hombres secuestraron a Elsa Alicia Chagra de su vivienda. La mujer se desempeñaba en el archivo general del Poder Judicial de Formosa.
El propio STJ había permitido un allanamiento en el escritorio de Chagra por personal policial. La mujer pasó por torturas en la Escuelita, en el Regimiento y en la Alcaldía de Mujeres.
Las víctimas cuyos casos se abordaron en el juicio son Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, quienes militaban en la Asociación Judicial de Formosa.
El grupo de trabajadores y trabajadoras fue secuestrado en su mayoría el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, que eran pareja, continúan desaparecidos, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.
Las ocho víctimas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
Según se pudo reconstruir en la investigación, los entonces ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en los que las autoridades militares asumían la responsabilidad sobre las detenciones ilegales.
Los ex jueces omitieron corroborar la legalidad de esas detenciones y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos y por el contrario, a partir de esos informes, decidieron cesantear o suspender de sus tareas a las víctimas.
Dardo Caraballo, abogado querellante en causas por violaciones a los derechos humanos y lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura en Formosa dijo que “si bien con el juicio a los ex jueces se terminó una etapa más y es un logro, se seguirá en la búsqueda de los desaparecidos en nuestro suelo formoseño”.
Además, expuso que se insistirá en colocar una señalización de sitio por la memoria en el edificio del STJ para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares.
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