Una planta extrusora de soja, instalada en la Ruta Nacional 81 a pocos kilómetros de la localidad de Ibarreta, Formosa, fue centro de polémica ya que uno de sus dueños, el productor agropecuario y candidato a Gobernador de Formosa Francisco Paoltroni, denunció que está sin operar porque se les “niega energía eléctrica”.
La noticia fue difundida por varios medios nacionales y regionales que se hicieron eco de la denuncia, que estuvo dirigida hacia la empresa REFSA, empresa proveedora de energía en la provincia. Sin embargo, en las últimas horas, los organismos competentes desmintieron la denuncia.
Desde la Dirección de Industria afirman que la planta extrusora de soja no presentó la documentación, mientras que Bromatología aclaró que no recibieron pedido formal para la habilitación de la planta.
La denuncia y la respuesta
Paoltroni contó que invirtieron en una planta en esta primera etapa unos 150 millones de pesos y que de arranque tienen comprometidos cinco puestos de trabajo y luego 20, a medida que avance el desarrollo del proyecto productivo.
Además, aseguró que desde el 30 de junio pasado “estamos esperando que REFSA nos baje la energía para la fábrica de aceite que instalamos con recursos propios en Ibarreta”, y dijo que es un “capricho” de la empresa de energía, ya que tenían todos los trámites hechos.
Sin embargo, el Director de Industria, Hidrocarburo y Minería de la provincia, Darío Vergara, refutó esto señalando que no tiene los trámites hechos para poder funcionar, informando que “hasta el día de la fecha, nosotros como organismo no tenemos iniciado ningún trámite específico referido al Registro de Industrias de tal empresa”.
Agregó que “solo hemos tomado conocimiento de esto por las redes sociales”.
De esa manera, el funcionario explicó que, desde la Dirección hay un decreto de confirmación y todas las empresas que están en el territorio provincial tienen que cumplir con esa condición para funcionar en la actividad.
“Quienes cumplen con el requisito y acceden al Registro de Industrias también deben reunir las exigencias complementarias, como las habilitaciones y autorizaciones de entidades municipales, provinciales, nacionales que reúnan la actividad específica de esa industria particular”, precisó.
Vergara, además, ratificó que, en el caso de dicha empresa instalada en Ibarreta, “no tenemos constancia de que formalmente hayan iniciado los trámites y, por ende, no está cumpliendo con lo que demanda el decreto que regula la actividad industrial en la provincia”.
“En el caso que presenten la documentación correspondiente, pueden realizar la actividad industrial”.
En tanto, el Director de Saneamiento de Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, José Francisco González, explicó la importancia del aval de los organismos correspondientes.
De este modo, hizo hincapié en que para realizar cualquier tipo de actividad industrial de desarrollo de alimento en las provincias, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), delega esta función en las autoridades sanitarias jurisdiccionales de cada provincia para otorgar los registros, tanto de establecimiento como de producto alimenticio.
Indicó que, en Formosa, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Saneamiento de Bromatología y Zoonosis, por ley tiene la facultad de exigir y realizar este tipo de registro para que los alimentos elaborados dentro del territorio puedan acceder al mercado formal y comercializarse para consumo humano.
A su vez, el funcionario detalló que esto está establecido en el marco de la Ley N°18.284 del Código Alimentario Argentino, al cual adhirió la provincia por la Ley N°477.
En ese sentido, precisó que esta ley establece y delimita cuales son los alimentos autorizados para que se elaboren, comercialicen y consuman, más la tecnología que se puede implementar para desarrollarlos y las condiciones que tienen que cumplir estos alimentos de carácter físico química, microbiológica y de aptitud para consumo.
Y añadió que el Código Alimentario Argentino es una “norma viva” porque está en “continuas modificaciones ya que aparecen nuevos alimentos y tecnologías para su desarrollo”.
González sostuvo que, desde el INAL de manera permanente, se planifican directrices para la elaboración de todos los alimentos que se pueden realizar en el país.
En este punto, argumentó que “para desarrollar la actividad industrial de alimentos, es una exigencia iniciar los trámites de habilitación del Registro de Establecimiento y de Producto Alimenticio, en esta Dirección”.
El funcionario, reiteró que “hasta la fecha no hemos recibido ninguna solicitud formal para la habilitación de la planta extrusora de soja asentada en Ibarreta”.
Asimismo, el Subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Hugo Bay explicó que tampoco llevaron adelante el estudio de impacto ambiental para poder operar.
“De acuerdo a las normativas ambientales, tanto nacionales como provinciales, es necesario hacer una evaluación del impacto ambiental que pueda tener cualquier actividad vinculada con lo industrial”, indicó.
Bay detalló que, a la fecha, en el Ministerio de la Producción y Ambiente, organismo pertinente en el tema, “no ingresó ninguna solicitud al respecto (…) Todos los particulares, empresas, lo deben hacer y permanentemente nosotros estamos realizando ese tipo de gestiones y evaluaciones”, finalizó.
¿Presentaron los papeles?
Más allá de la polémica entre la empresa y los organismos gubernamentales, lo cierto es que el tema fue aprovechado por la oposición para atacar a la gestión provincial.
El Gobierno indicó que Paoltroni no inició los trámites de industria, bromatología y de impacto ambiental y desde el entorno del empresario no se demostró lo contrario. Las diferentes explicaciones de organismos provinciales sobre estas falsas acusaciones no fueron difundidas en el medio nacional donde se conoció el tema.
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