La política está al rojo vivo por la cuestión judicial de la Vicepresidenta Cristina Fernández, acusada de haber encabezado una asociación para defraudar al Estado cuando era Presidenta entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En el contexto del juicio, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de sentencia para Cristina Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Luego de la exposición pública de Cristina Kirchner desde el Senado, donde se defendió de las acusaciones que recaen en su contra por asociación ilícita en el marco de la denominada causa vialidad, sobre la que aseguró que “la sentencia ya está escrita” y existe persecución política y judicial, el Presidente Alberto Fernández afirmó que “estuvo espléndida” con sus declaraciones, habló de lawfare y lo denunciaron.
📺 “Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción, a nosotros no nos une la búsqueda de inmunidad, a nosotros lo que nos une es la búsqueda de justicia”. El presidente @alferdez en “A dos voces” por @todonoticias. #AlbertoFernándezEnTN pic.twitter.com/Ac7l2VcHS8
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 25, 2022
La denuncia de los legisladores formoseños
Así y aprovechando la movida política los legisladores por Formosa de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile y Fernando Carbajal, denunciaron a Alberto Fernández por “atacar al Poder Judicial” en el marco de su defensa a Cristina Kirchner a raíz del comunicado que difundió y se pidió un juicio político.
Con la firma de una veintena de legisladores y legisladoras de la oposición, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impulsar un juicio político contra el Presidente por el incumplimiento del mandato establecido en la Constitución Nacional. El mismo fue redactado por el legislador formoseño, Ricardo Buryaile.
¿Distintos criterios?
El pedido de juicio político, sin embargo, no fue apoyado por todo el arco que compone Juntos por el Cambio. Un ejemplo de ello es el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien desestimó el pedido.
El propio frente opositor no ha llevado adelante pedidos de juicio político o remoción de funcionarios, a pesar de las distintas polémicas o causas judiciales cuyos referentes se vieron implicado. El propio Buryaile, al asumir como Ministro nacional, causó polémica porque no había renunciado como legislador nacional sino que se tomó licencias, lo cual es ilegal.
En el plano judicial, el formoseño figura como imputado en la causa “Clientelismo M”, que apunta contra Ricardo Buryaile cuando fue Ministro de Agricultura durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y ahora ocupa una banca en Diputados como representante por la provincia de Formosa.
No podemos dejar que se lleven puesta la Constitución Nacional. Por ese motivo hemos pedido el #JuicioPolítico al Presidente. Gracias a @ceferinoreato y @Rivadavia630 por la comunicación. pic.twitter.com/Pl0rfTkQ9h
— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) August 28, 2022
Fernando Carbajal, por su lado, fue juez federal subrogante de Formosa y se hizo conocido tras polémicos fallos contra las políticas sanitarias implementadas contra el COVID-19, donde declaró inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de personas tras lo cual hubo un aumento de casos. Además, dio lugar a varios hábeas corpus de ingreso a esa provincia presentados en su mayoría por abogados del partido que hoy representa.
Antes de ser juez, Carbajal fue fiscal de Estado de Corrientes. Estando allí, fue vinculado a un mal proceder que habría tenido en una causa por un inmueble histórico, casa de un exgobernador, que supuestamente tenía que ser patrimonio provincial.
Si bien se acusaba que como fiscal no hizo nada para retener la propiedad para el Estado, esto fue presentado en medios periodísticos y luego fue desmentido públicamente, argumentando que se trató de un conflicto estrictamente privado en el cual el Estado no tenía injerencia.
Clientelismo M
El Legislador Buryaile está denunciado junto con Dante Sica – ex Ministro de Producción y Trabajo – en la causa comúnmente llamada “Clientelismo M”, que investiga el pago a fiscales de mesa con un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri había instrumentado en los días previos a los comicios del 2019 y que debía tener como destino real a desocupados.
Según la investigación de un medio nacional, de acuerdo a los registros a los que accedió ese diario, hubo para Formosa un total de 6.800 bonos a un costo de $34 millones.
En la causa Clientelismo M se investiga el direccionamiento de los beneficios dado que jamás se abrió inscripción alguna para las “solicitudes”.
El Diputado nacional Ricardo Buryaile negó haberse quedado con plata del subsidio de $5.000 que el Gobierno de Cambiemos destinó supuestamente a desocupados y que, en el caso de Formosa, terminó por financiar la compra de fiscales electorales, tal como comprobó la Justicia, pero por el cual no se pidió juicio político alguno.
El dirigente, en tanto, no negó la maniobra ilegal y por el contrario asumió que pudo haber fiscales del oficialismo que también cobraron ese bono.
La causa “Clientelismo M” recayó en la jueza con competencia electoral María Servini, que entonces la derivó para su instrucción al fiscal Jorge Di Lello; tras su muerte el año pasado el expediente quedó en manos de Ramiro González, quien recibió finalmente la pericia que terminó de constatar la compra de fiscales en Formosa, una sospecha que había expuesto en la causa el abogado de Formosa Dardo Williams Caraballo.
En el día de hoy el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso desplegar un operativo policial con vallas que impedían la libre circulación en las inmediaciones del domicilio de la Vicepresidenta de la Nación.
— Alberto Fernández (@alferdez) August 27, 2022
El fiscal federal Jorge Di Lello había imputado al ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al actual Diputado Nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, entre otros funcionarios provinciales durante el Gobierno de Mauricio Macri por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario de $5000 a desocupados lanzado antes de las elecciones del 2019.
La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios del bono clandestino.
En la causa penal se investiga el hecho de corrupción en el manejo de un fondo cercano a los $650 millones que debía ir destinado a desocupados por ANSES y fue direccionado a punteros políticos de Cambiemos previo a las elecciones generales de octubre.
Con el entrecruzamiento de datos se pudo llegar a detectar irregularidades sobre unos 700 fiscales de Juntos por el Cambio que habían sido beneficiados con el cobro de un bono de $5000 destinado para personas desocupadas.
El actual diputado nacional Ricardo Buryaile siempre negó las acusaciones en torno a la causa Clientelismo M asegurando que no existió clientelismo electoral.
Sin embargo, la Justicia corroboró que casi la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en esa provincia que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraban como beneficiarios del bono.
La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.
Otras causas
Además, sobre el ex funcionario macrista recayó una denuncia por una deuda millonaria con el Banco Nación de más de 4,5 millones de pesos en concepto de créditos que el mismo Buryaile pidió a la entidad, la cual tuvo una serie de refinanciamientos e incumplimientos pero nunca un pago, según escribió un medio nacional.
También, durante el 2016 como Ministro de Agricultura la justicia embargó a Buryaile por una deuda de 700.000 mil pesos, esta vez con un empresario formoseño por el cual Buryaile tuvo su sueldo embargado tanto de legislador como siendo Ministro.
Un año de condena por gobierno
Con respecto a la causa contra Cristina Fernández, la expresidenta aseguró que la acusación de corrupción no tiene fundamentos y se trata de una persecución política y judicial en su contra por el proyecto político que representa.
“Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, dijo Cristina Fernández en un discurso encendido de una hora y media desde su despacho en el Senado, donde se defendió y habló sobre los negocios que nunca se investigaron y tienen como protagonistas al expresidente Mauricio Macri, junto con varios de los que fueron funcionarios de ese Gobierno.
La embestida judicial y política contra Cristina Fernández se tradujo en movilizaciones espontáneas de miles de militantes en todas las provincias del país.
La única manifestación popular que se vio empañada fue en el barrio porteño de Recoleta, después que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ordenara poner varios vallados en las cuadras donde vive Cristina Fernández y la presencia masiva de policías de la Ciudad de Buenos Aires en el lugar, para impedir la llegada de los militantes, lo que terminó en disturbios y represión contra manifestantes .
Dirigentes del ala dura de Juntos por el Cambio-PRO denunciaron por “traición a la patria” y otros delitos a Cristina Fernández; al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por las movilizaciones en apoyo a la Vicepresidenta y por la supuesta existencia de un plan de impunidad a su favor.
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