El lawfare es un concepto que se instaló en la agenda política en los últimos años: definido como el uso político del sistema judicial para deslegitimar y erosionar la imagen de un contrincante político, se convirtió en el método del siglo XXI de los partidos conservadores y liberales para perseguir a los gobiernos y líderes progresistas.
Distintos referentes del mundo están advirtiendo sobre la continua utilización de causas armadas y estrategias judiciales para obstaculizar el ascenso de contrincantes políticos o hasta ejecutar “golpes blandos” contra gobiernos populistas.
Últimamente, hasta el Papa Francisco en la Cumbre Panamericana de Jueces en el Vaticano expuso que “el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.
Paraguay, un escenario de práctica
Durante el principio del nuevo milenio, mientras que la subordinación de Medio Oriente a Estados Unidos se aseguraba a través de políticas exteriores “antiterroristas”, en América Latina se iba ensayando una nueva estrategia.
La misma consistía en una alianza entre los partidos conservadores, sectores exportadores y medios hegemónicos de comunicación, que se unían con el objetivo de dar continuidad a las políticas del Consenso de Washington en los 90, y de esta manera generar el escenario propicio de deslegitimación de referentes del progresismo o incluso destitución de gobiernos progresistas que amenazaban la continuidad del proceso neoliberal en el continente.
Así, en la primera década del siglo XXI se observó cómo esta estrategia se pusieron en marcha con el intento intento de golpe en Venezuela en el 2002 y posteriormente el exitoso golpe de estado en Honduras en el 2009. En la segunda década, el mismo Paraguay que sirviese como punta de lanza del Plan Cóndor el siglo pasado, fue escenario de práctica para la nueva estrategia.
En junio de 2012, esta coalición ejecutó una operación de derribo y acoso contra el gobierno democrático de Fernando Lugo, el único que interrumpió 30 años de dominio del Partido Colorado en Paraguay. Utilizando como pretexto la masacre de Curuguaty, evento que fue posible gracias a las políticas de expulsión del campesinado ejecutadas por el propio Partido Colorado, lograron destituir al Presidente y cortar de cuajo un proceso de construcción de una facción opositora dentro de la democracia paraguaya.
La Constitución paraguaya es clara, enumerando para estos casos las etapas del debido proceso siguiendo la línea establecida por el Pacto de San José de Costa Rica. En complicidad con los grandes medios que previamente instalaron un ambiente de catástrofe y caos político, este proceso no se cumplió.
Al presidente Lugo se le dio 19 horas para fundamentar su defensa. El escrito de acusación llegó al Palacio aproximadamente a las 18 horas, y la convocatoria a audiencia era para las 9 de la mañana del día siguiente.
10 años pasaron de la masacre de curuguaty, un hecho político que determinó el golpe de estado y el quiebre democrático que dió entrada al cartismo, no olvidemos quienes fueron los funcionales a ese circo trágico, y sobre todo aprendamos a reconocer de una vez que los accidentes
— eltioguille (@guillepaciello) June 15, 2022
Después de su destitución, se ejecutó una feroz campaña mediática, judicial y fiscal contra los principales referentes, senadores, ministros y diputados del Frente Guasú, una verdadera persecución política que aseguró el regreso del Partido Colorado que hasta hoy sigue gobernando Paraguay.
El caso brasileño: el mecanismo detrás del Lavajato que llegó a Netflix
El equipo de fiscales de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, fue disuelto en febrero del 2021. En solamente 7 años de existencia, el equipo reveló mecanismos financieros ilegales tan fantásticos que llegaron a Netflix, de la mano de la serie “O Mecanismo”.
El trabajo del equipo de fiscales derivó en un tsunami institucional y económico que consiguió destituir a Dilma Rousseff en 2016, inhabilitar como candidato al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y ensuciar a prácticamente todo el Partido de los Trabajadores (PT), dejando el camino allanado para que Jair Bolsonaro gane las elecciones en el 2018.
La operación de lawfare de Lava Jato se trató de una estrategia de fases con elementos muy parecidos a la Causa de los Cuadernos en Argentina. Se utilizó la causa para legitimar escuchas e investigaciones contra referentes del PT y se utilizó los testimonios de “arrepentidos” para dar lugar a las denuncias.
Posteriormente, el trabajo del periodista y ganador del Premio Pulitzer 2014 Glenn Greenwald, al frente del “The Intercept” pudo comprobar la existencia de una estrategia coordinada ilegalmente entre jueces y fiscales y motivado políticamente con el fin de criminalizar a Lula y al Partido de los Trabajadores.
Las conversaciones hackeadas que publicó The Intercept demuestran que existía colusión ilegal entre los fiscales y el juez Sergio Moro, quien posteriormente Bolsonaro designó como Ministro de Justicia.
El lawfare involucró también a la Policía Federal, el Ministerio Público Fiscal y la AFIP brasileña, que se enfocaban en los mismos hechos trabajaban para producir resultados que involucren a las figuras políticas alrededor de Lula.
Todo ocurrió en complicidad con medios como Folha de São Paulo, que se aseguraban de dar todas las semanas un nuevo episodio de la novela de Lava Jato donde se implicaba a un nuevo sindicalista o referente del PT.
Ecuador: persecución política de Lenin Moreno a Correa
El lawfare en Ecuador comenzó en el 2017, cuando el entonces presidente Lenín Moreno impulsó una proscripción del movimiento político que lo llevó al Gobierno. Esto implicó una proscripción al expresidente Rafael Correa, sentenciado en un proceso judicial irregular que se conoció como “caso sobornos”. Luego vino el turno del vicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión.
Con esto, Lenín se aseguró su separación del movimiento progresista y comenzó a avanzar sobre políticas conservadoras que tendrían más sintonías con los gobiernos anteriores al correísmo. Esto dió paso también a la asunción de Guillermo Lasso.
Con Lasso en el poder, quedó más claro que el enfrentamiento político interno era parte de la disputa geopolítica regional de las derechas por la restauración neoliberal en sinergia con los EE. UU. Durante su gobierno, Ecuador volvió a endeudarse con el FMI cuatro veces más, asegurando de esta manera la incidencia económica sobre el país.
Sin embargo, esta estrategia demostró no ser suficiente para eliminar al progresismo como pasó en Paraguay. La permanencia de Rafael correa en la agenda política es demostrada cada tanto, con las elecciones del 2019 o con su convocatoria a votar en contra de las reformas constitucionales en el 2018, logrando un 31% de adhesión.
Esto instó a Lasso y a fiscales como Diana Salazar a proceder a una nueva etapa del lawfare, persiguiendo a los nuevos referentes de la “Revolución Ciudadana” y evitar la formación de nuevos cuadros políticos opositores.
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