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Miércoles 30 de noviembre de 2022

Pablo Galfre sobre la granja de rehabilitación en la que detuvieron al ‘Teto’ Medina: “No es un centro terapéutico, es un centro clandestino de detención”

En la última semana trascendió el caso de “La Razón de Vivir”, un centro terapéutico clandestino que, bajo la fachada de rehabilitar personas con problemas de adicciones, funciona como un negocio que vulnera los derechos humanos de los usuarios de drogas.

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La semana pasada, después de varios meses de investigaciones, se realizó un operativo de allanamiento en La Razón de Vivir”, un centro terapéutico clandestino ubicado en Florencio Varela y con varias sedes en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, y que tomó impulso mediático por tener al ex presentador de televisión Marcelo ‘Teto’ Medina entre los principales involucrados.

La institución se presentaba como una ONG dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones, aplicando para ello un tratamiento que consistía en la internación de la persona durante varios meses, en las que se le proporcionaba medicación y realizaba trabajos comunitarios junto a otros pacientes.

El centro terapéutico clandestino fue denunciado por los familiares de uno de los pacientes y se abrió una causa por presunta asociación ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral. Se estima que hay más de 200 damnificados entre ellos menores.

Pablo Galfre es periodista y desde hace más de 14 años viene investigando la vulneración de los derechos humanos que se dan en estos instituciones como éste centro terapéutico clandestino, en donde se los encierra a jóvenes con consumos problemáticos para medicarlos y hacerlos vivir en situaciones de precariedad.

Su teléfono no paró de sonar ésta última  semana. Por su trayectoria, todos los medios nacionales quisieron contactarlo para que dé su perspectiva de lo ocurrido. Pero aunque pueda ser una oportunidad para visibilizar los crímenes que con impunidad se siguen perpetuando en estas instituciones, el hecho tiene para Pablo un sabor amargo.

De esos mismos medios, ninguno lo llamó en febrero, cuando murieron 4 pacientes en un incendio en el centro terapéutico clandestino de San Fernando, ni tampoco en agosto, cuando por el caso de Saulo Rojas se logró una condena, siendo éste caso la primera vez que una muerte dudosa sucedida dentro de éstas instituciones fue investigado y judicializado por homicidio culposo.

Como periodista, Pablo conoce el interés mediático, y sabe que hoy, la mayoría de estos medios están interesados en cubrir la noticia porque entre los 16 imputados se encuentra el conductor televisivo Marcelo “Teto” Medina, quien se encargaba de divulgar las actividades del supuesto centro terapéutico en los medios de comunicación. 

Es noticia cuando le pasa a los Chano, a los Pity y a los Teto Medina, porque son blancos, porque son pobres y porque se los puede tratar como victimarios a la vez que víctimas”, explica Galfre, “pero cuando son pobres y son víctimas, como en el caso de Saulo, como en los 5 muertos que describo en mi libro o los 4 que murieron hace poco en el incendio, no son noticias”. 

Para Galfre, esta es una de las consecuencias del paradigma prohibicionista y punitivista con el que se aborda el fenómeno de las drogas “En esos casos, el maltrato se naturaliza, porque son adictos. Se los encierra, se los maltrata, pero para la gente esta bien, porque no conciben otra forma de tratar a un adicto. Este caso fue noticia, solo porque está el Teto Medina, sino, no sería noticia”.

Pablo Galfre viene investigando desde hace 14 años las muertes y vulneraciones a los derechos humanos que se producen en centros terapéuticos clandestinos como “La Razón de Vivir”.

A pesar de esto, Pablo Galfre accedió a brindar una entrevista a NEA HOY, para hablar sobre el negocio que hay detrás de éstos centros terapéuticos clandestinos que funcionan entre el prohibicionismo de las drogas, la falta de alternativas públicas y la necesidad de las familias de los usuarios de drogas.

NEA HOY: ¿Cómo es que nacen este tipo de instituciones de encierro dedicadas a las adicciones y en qué momento comienzan a expandirse en Argentina?

Pablo Galfré: Estas comunidades surgen en los noventa, de la mano de Alberto Lestelle (primer secretario del SEDRONAR entre 1985 y 1995), y con la Ley 23737 que prohíbe la tenencia de drogas. Con ésta Ley el Estado se deslinda de la atención en salud mental y exponencialmente va creciendo el consumo de drogas

Y así como de la mano del neoliberalismo se privatiza el gas, la luz y otro tipo de servicios, se privatizan no solo la salud en general sino también la salud mental. Allí se da rienda suelta a éste tipo de instituciones y proliferaron éstas granjas y que se mantienen hasta hoy.

Lo que si, cuando la Dirección Nacional de Salud Mental hizo el censo en el 2017 solo censó las instituciones psiquiátricas, no las instituciones que tratan adicciones. Es por eso que no sabemos a ciencia cierta cuántas comunidades terapéuticas hay,  ni las legales ni las ilegales, como era “La Razón de Vivir”.

Y eso es importante de entender, instituciones como “La Razón de Vivir” no son comunidades terapéuticas, porque no son comunidades, no realizan terapia alguna y no están habilitadas. La razón de vivir es un centro clandestino de detención.

NEA HOY: ¿Existen instituciones como este centro terapéutico clandestino en otros lugares del país o por qué es que en la Provincia de Buenos Aires existen más de estas instituciones?

Pablo Galfré: Hay en otras provincias, de hecho, “La razón de vivir” creo que tenía sucursales también en Córdoba y Santa Fe, pero pocas. Y de nuevo, si bien no hay registros oficiales del Estado y no puedo decir cuántas hay, si sé que, en los 14 años que llevo investigando a estas comunidades, y he investigado a San Camilo, San Antonio, San Ignacio, La Razón de Vivir y un montón de los internos que estaban en estas instituciones venían de otras provincias, de Mendoza, de Córdoba, de Chaco.

Lo que sucede muchas veces es que personas con adicciones reciben tratamientos ambulatorios en centros de salud del estado o privado, después tienen alguna internación en algún centro privado o algún centro terapéutico de sus provincias

Como esto no les funciona, porque el sistema de comunidades terapéuticas no funciona en general, los terminan mandando a estas instituciones en la Provincia de Buenos Aires, que supuestamente son más importantes porque están en la Provincia de Buenos Aires.

Pero básicamente la gran mayoría están en la Provincia de Buenos Aires por una cuestión poblacional, por eso más que en la provincia, están en el conurbano, y los pacientes del resto de las provincias terminan acá más que nada por eso, porque van intentando tratamientos en distintos lugares hasta que terminan deportados en la Provincia de Buenos Aires.

Y digo deportados porque es eso, es como que cada uno de los estados provinciales no se hacen cargo de su población en materia de salud mental, entonces por su necesidad no satisfecha terminan deportados a otras provincias y terminan en algún centro terapéutico clandestino

La realidad es que las provincias tendrían que tener un sistema con dispositivos comunitarios como exige la Ley de Salud Mental para que cada usuario del sistema de Salud Mental tenga un lugar cerca de donde pueda trabajar y continuar su vida.

NEA HOY: ¿Cuál es el negocio detrás de estas instituciones? ¿Quitarles a las familias dinero por la necesidad del que sufre adicciones, medicalizar a los pacientes para venta de fármacos o algún usufructo de recursos públicos a través de supuestas comunidades terapéuticas?

Pablo Galfré: Más que nada los dos primeros puntos. Las comunidades terapéuticas son factorías, son empresas, son fábricas. Lo que hacen es cooptar a los pacientes, a través de un marketing en el que ofrecen a las familias soluciones mágicas, siempre ofreciendo soluciones mágicas haciéndoles pensar que su familiar va a salir de la adicción con el método de la institución.

Y el método es encerrarlo por lo general entre seis meses y dos años. Allí el objetivo es tenerlo encerrado el mayor tiempo posible para cobrarles a las familias, a las obras sociales o al estado la mayor cantidad de dinero. Nunca están dos o tres meses, nunca les dan el alta o los echan, siempre tratan de tenerlo encerrado el mayor tiempo posible.

Si bien creo que ninguno de éstos centros recibían subvención estatal, ni San Camino, ni San Antonio ni La Razón de Vivir, al Estado igualmente le conviene que existan, porque como no está haciendo lo suficiente para crear más y mejores centros ambulatorios como exige la Ley de Salud Mental, los pacientes con consumos problemáticos no tendrían dónde terminar.

Y por último, a la corporación psiquiátrica en general le conviene que existan estas instituciones de encierro, porque mientras el paciente está encerrado en un centro terapéutico clandestino generalmente lo mantienen medicado las 24 horas. Entonces de la necesidad de los pacientes de salud mental hacen un gran negocio para todos.

Y a pesar de todo esto y después de todo lo que pasó con, por ejemplo, La Razón de Vivir, ¿cómo se explica que hayan familiares de pacientes que estén defendiendo a éstas comunidades terapéuticas clandestinas?

Pablo Galfré: Lo primero que hay que entender es que a éstas familias hay que respetar su postura, escucharlas y ver por qué las defiendes. Después hay que entender que son familias que no tienen los recursos económicos para estar bancando mejores tratamientos. 

Entonces, ante la desesperación de tener realmente a un familiar con consumos problemáticos, y no tener cómo acceder ni a un tratamiento que puede ser caro ni a soluciones que podría proveerles el estado, terminan cayendo en estos lugares.

De hecho, puede que este sistema en el corto plazo les funciona, porque les dan una primera solución encerrando a ese familiar que no podían controlar, y durante los primeros tres o seis meses cada vez que lo van a visitar lo ven mejor, porque esta sin consumir.

Pero lo que pasa es que cuando estos pibes vuelven a sus lugares de origen vuelven al consumo, porque estos lugares no tratan las cuestiones subjetivas. Pero también puede pasar cada tanto que veamos un caso de alguien que salió y dejó atrás los consumos luego de vivir este calvario. 

Son los mínimos, pero quizás estos mínimos casos son algunas de estas familias que salen a defenderse. Pero la cuestión es que, por más que tu familiar haya dejado los consumos mientras vulneraron sus derechos, no significa que esta gente deba tener la oportunidad de vulnerar los derechos de otros.

Recordemos que cuando digo vulnerar derechos es más o menos lo que está saliendo ahora en todos los medios, que les encerraban en una celda, que les pegaban, que les hacían trabajar y que les daban una comida de mierda. En algunas de estas residencias hay casos de pibes que terminaron muertos o incendiados por eso.  

Y después se explica también a través de lo coercitivo. No me gusta comparar a estos lugares con las sectas, especialmente ahora que están de moda, pero si es verdad que los líderes de las comunidades siempre son ex adictos y tienen un comportamiento de líderes carismáticos como los de las sectas.

Son encantadores de serpientes y convencen a los familiares de que estos lugares espantosos son lo mejor para sus hijos, o que sus hijos les están mintiendo cuando les cuentan lo que están sufriendo. Entonces es muy probable que muchos de estos familiares no sepan realmente lo que viven sus hijos o hijas porque estos líderes los manipulan y les hacen pensar que sus hijos están mintiendo para dejar el tratamiento.

Estos familiares de alguna manera también son víctimas del sistema. Algunos quizás no saben verdaderamente lo que sufrieron sus hijos o algunos quizás si saben y están de acuerdo, porque de nuevo, este paradigma de que se sale de la droga a través del estigma y el prohibicionismo y el punitivismo está muy arraigado en la comunidad psiquiátrica, en la prensa y en las familias.

NEA HOY: ¿Dónde está el problema a nivel legislativo? ¿Hay huecos legales que se deben solucionar con nuevas leyes?

Pablo Galfré: Hueco legal no hay, porque la resolución 15/2014 del órgano de revisión sobre muertes en instituciones monovalentes de salud mental establece que toda muerte dudosa en éstas instituciones debe ser investigada.

No hay hueco legal, porque la Ley de Salud Mental es ejemplar a nivel mundial. Lo que hay es un hueco a la hora de investigar muertes y violaciones a los derechos humanos porque el órgano de revisión de la Provincia de Buenos Aires y la justicia en general no intervienen y, a pesar de la resolución que nombré, no investigan las muertes en las instituciones de Salud Mental.

El problema está en el paradigma del prohibicionismo y el punitivismo.

Seguimos tratando a los usuarios de drogas como adictos y marginales o viciosos en vez de como personas que tienen una enfermedad, en caso de los que tienen un consumo problemático.  Seguimos tratando la droga como una especie de flagelo que hay que prohibir, en vez de una sustancia más como el alcohol, los cigarrillos y las grasas a la que hay que legalizar y regularizar.  

Lo que falta es implementar la Ley de Salud Mental. A la ley no le falta nada, lo que hay que hacer es finalmente aplicarla y subir el presupuesto. Y lo que falta también es decisión política para generar centros de atención comunitaria, centros de internación dignos.

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