Según su norma, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26522 tiene como fin “la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.
Hace 13 años, el 10 de octubre de 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue sancionada por el Congreso Nacional y promulgada y reglamentada con dos decretos posteriores.
Sin embargo, en enero de 2016, siendo una de sus primeras medidas, el recién asumido Presidente Mauricio Macri puso en marcha una serie de medidas que limitaron la aplicación de la LSCA, a través de varios decretos de necesidad y urgencia.
La Ley de Medios llegó con el objetivo de democratizar y universalizar el acceso a la comunicación, entendiéndose como un derecho humano básico y no como un bien económico.
Tras varios años de desarrollo, investigación y consenso por parte de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y actores del sistema de medios de comunicación de la Argentina.
La LSCA reemplazó a la Ley 22.285 del Gobierno de facto de Jorge Videla y estableció una regulación de los servicios de comunicación audiovisual de radio y televisión de todo el país, a través de mecanismos que procuran la promoción de la diversidad y pluralidad de contenidos, la desconcentración del sistema y el fomento de la competencia.
Ahora bien, el recién asumido expresidente Mauricio Macri modificó a través de el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 la Ley de Medios y disolvió los organismos regulatorios, creando el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Si bien se hicieron planteos judiciales que plantearon la inconstitucionalidad de los DNU de Macri, finalmente el Poder Judicial avaló la modificación de la ley de medios por esa vía.
Macri y la Ley de Medios: ¿qué pasó con el Grupo Clarín?
Los detractores de Macri sostuvieron en ese entonces, que el cambio en la Ley buscó beneficiar a los grupos de medios obligados en 2015 a desprenderse de numerosas licencias por la Ley de medios aprobada por el Congreso durante el kirchnerismo, entre los más comprometidos fue el Grupo Clarín.
El decreto en cuestión, modifica el artículo 41 de la Ley de Medios que restringía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora se encontraba restringido.
Otra modificación, fue que no hay topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, que hasta ahora era de 24, que además pasó a regirse por la ley de telecomunicaciones.
Además, se eliminaron las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.
Frente a este escenario, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó en el 2017 un recurso extraordinario federal, que fue aceptado por la Cámara de Apelaciones para que la discusión sobre la constitucionalidad de los DNU presentados por Macri se dé en el ámbito de la Corte Suprema, sin embargo, aún no se trató en el máximo tribunal.
Las principales modificaciones de la Ley durante el mandato de Macri
- La Enacom, se convirtió en la nueva autoridad del DNU 267, que reemplazó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
- Compra y venta de licencias: la LSCA, prohibía la trasferencia de las licencias, salvo situaciones puntuales (como la adecuación a los límites en un primer momento) para las que era necesaria una aprobación previa. La modificación permitió la venta de licencias del sector con fines de lucro a personas que cumplan con los requisitos de adjudicación.
- El servicio de TV por cable pasó a regirse por el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), es decir que las operadoras podrán tener más de 24 licencias para brindar televisión para cable o del 35 por ciento de los abonados de una región o del país que les limitaba la LSCA. Tampoco tienen “obligación de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el famoso orden de la grilla de señales. Se terminan las disposiciones de must carry, que obligaban a los cableros a incluir las señales producidas por otros”.
A su vez, las telefónicas podrán brindar TV por cable, algo de lo que originalmente estaban excluidas en la LSCA por tratarse de un servicio público, pero recién a partir del 1º de enero de 2018, plazo que el Enacom puede extender un año más.
- Se pueden tener más licencias audiovisuales: el máximo total de 10 licencias de televisión abierta o radio, pasó a ser de 15, y se elimina el tope de cobertura del 35 por ciento de los habitantes.
- Crea la Comisión para una nueva ley de comunicaciones: tendrá a cargo la elaboración de un proyecto que, entre otras cosas, garantice la libertad de prensa, el pluralismo, y la seguridad jurídica para fomentar inversiones, y “avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles”.
Ante Proyecto para la unificación de las Leyes 26.522 y 27.078, las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones respectivamente
Actualmente, se encuentra en tratamiento una comisión encargada de redactar un anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones, que unificará las Leyes 26.522 y 27.078.
Este espacio convocó a representantes de consumidores, sindicatos, cámaras, periodistas y a diversos intelectuales y especialistas para la “redacción de un marco regulatorio plural y moderno que contemple las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales de manera integral y convergente”.
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