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Miércoles 07 de diciembre de 2022

El oficialismo pide ayuda internacional ante la crisis política en Perú

Las permanentes acusaciones del Congreso e investigaciones de la fiscalía contra el Presidente Pedro Castillo están sumergiendo a Perú en una crisis política cada vez más profunda. El Gobierno solicita ayuda a organismos internacionales.

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Desde que asumió Pedro Castillo en julio del año pasado, Perú viene sumergiéndose en una crisis política provocada por la alta conflictividad entre el Congreso y el poder ejecutivo. Es que si bien Castillo superó a la candidata Keiko Fujimori en el balotaje presidencial, el fujimorismo sigue teniendo una fuerte presencia dentro del Congreso.

El poder y las alianzas de Fuerza Popular en el poder legislativo posibilitó una serie de medidas revanchistas con el objetivo de vulnerar la gobernabilidad del Presidente electo. Es así que, en su año y medio de mandato, Pedro Castillo debió confrontar dos pedidos de destitución y la apertura de seis investigaciones por corrupción. 

Esto, además de las permanentes acusaciones a su gabinete, habiendo sido cambiado más de seis veces. En poco más de un año, Pedro Castillo debió juramentar a más de 70 ministros por las permanentes acusaciones provenientes del congreso. Esto volvió imposible la concreción y ejecución de cualquier plan de Gobierno, llevando también a que el mandatario sea criticado por la falta de rumbo de su gestión.

El revanchismo del Fujimorismo

Desde que Alberto Fujimori dejara el poder en noviembre de 2001, fueron pocos los presidentes que no han podido terminar sus mandatos. Más aún, desde que Keiko Fujimori intentó sin éxito obtener el puesto a través de las urnas en el 2011 y el 2016, los mandatarios elegidos democráticamente en Perú duraron cada vez menos, siendo siempre destituidos por distintas acusaciones de corrupción desde las fiscalías y pedidos de vacancia desde el Congreso.

Los enfrentamientos entre el congreso y el ejecutivo llevaron a la destitución de varios presidentes en el Perú.

Los permanentes enfrentamientos entre el Congreso y Fiscalía contra el ejecutivo terminaron con la destitución de los presidentes Kyczynski en el 2018 y de Vizcarra en el 2020. Esto profundizó una crisis política y de representatividad que provocó un levantamiento popular en el 2020 y la disminución de la participación del electorado en cada elección.

En los casos anteriores, los escándalos utilizados para las destituciones involucraron a la empresa brasileña Odebrecht y la utilización de fondos públicos para fines políticos. Básicamente, al momento de la institución, la empresa mostraba a la fiscalía facturas para la construcción de viviendas que, por distintos retrasos en la construcción, serían entregadas en periodo electoral.

En cuanto a Castillo, la oposición en el congreso baraja entre tres opciones para sacar a Castillo. Por un lado, ha intentado destituirlo por “incapacidad moral”, lo que aún no ha podido porque, si bien cuenta con los suficientes legisladores para realizar un pedido de vacancia, no cuenta con los 87 votos de 130 necesarios para aprobarlo.

La segunda opción es suspenderlo por “traición a la patria” por una entrevista en televisión donde interpretan que el Presidente insinuó que podría concederle territorio peruano a Bolivia para que tenga salida al mar. Para esta estrategia la oposición solo necesita 66 votos, con los que cuenta, pero la acusación es tan débil que incluso legisladores opositores parecerían no estar de acuerdo en darle curso.

La tercera es dar curso a pedidos de investigación y esperar que la fiscalía lo acuse por entorpecerlas. Sin embargo, esta opción requiere de la decisión de un juez en última instancia, lo que hasta ahora no han conseguido

La preocupación ya está trascendiendo las fronteras. En un comunicado, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México expresaron “solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas y hacemos votos para que los peruanos logren encontrar fórmulas que fortalezcan la convivencia democrática”.

El pedido a la OEA

Al saberse que una comitiva de la Organización de Estados Americanos visitaría el país en las próximas semanas, legisladores del partido oficialista Perú Libre solicitaron al órgano internacional que se declaren sobre la crisis política que está viviendo Perú.

En el marco de la defensa de la democracia, la OEA debe pronunciarse sobre las acciones antidemocráticas que realiza un sector del Congreso de la República, el cual se niega a respetar la voluntad popular reflejada en las Elecciones Generales 2021″, sostuvieron en una carta dirigida al organismo.

Los legisladores hacen referencia al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, que tiene como finalidad preservar la democracia y la autonomía de los poderes del Estado. En este sentido, convocaron a la OEA a mantenerse en contra de medidas restrictivas que limiten el acceso a una Nueva Constituyente vía Asamblea, algo que de acuerdo a su postura la voluntad popular ya manifestó favorablemente con el voto a Pedro Castillo.

El pedido de los legisladores de Perú Libre se encuentra respaldado además por Edgar Ralón, primer vicepresidente relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien el jueves pasado declaró que la crisis política provocada por la alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad, “han impactado en el goce de los derechos humanos”.

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