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Sábado 20 de abril de 2024
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La verdad sobre el “curro” de los juicios laborales ¿Es necesaria una reforma laboral?

Desde la oposición se intenta instalar la idea que una industria de los juicios por indemnizaciones evita que crezca el empleo en el sector privado. Una reforma, sin embargo, limitaría aún más los derechos de los trabajadores.

Desde la oposición se intenta instalar la idea que una industria de los juicios por indemnizaciones evita que crezca el empleo en el sector privado. Una reforma, sin embargo, limitaría aún más los derechos de los trabajadores.

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En Argentina, los juicios por indemnización cuentan con una mala imagen. Cada tanto vuelve a reproducirse la idea de que en el país existe una mafia o “curro” de los juicios laborales, es decir, que abogados laboralistas en contubernio con jueces convencen a trabajadores para iniciar juicios contra sus empleadores en los que se exigen el pago de indemnizaciones más elevadas de lo que corresponde por ley.

Esta idea es además utilizada, generalmente por referentes de Juntos por el Cambio pero también por otros sectores opositores, para justificar la necesidad de una “reforma laboral, diciendo que la existencia de esta mafia cohíbe la generación de empleo en el sector privado¿Existe una mafia de los juicios laborales? ¿Qué hay de cierto en esta idea? 

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¿Cuánto se puede ganar en las indemnizaciones?

Cada vez que alguien quiere volver a instalar en los medios la idea que existe un curro o mafia de los juicios laborales, siempre cuenta la misma anécdota. Un empleador que dio trabajo a una persona por un corto periodo de tiempo, digamos, por uno o dos años, y que al ser despedida esta persona le reclama al empleador una suma irrisoria, digamos 10 o 14 millones de pesos de indemnización por ese poco tiempo de contrato.

Lo cierto es que la Ley de Contrato de Trabajo prevé un sistema muy claro y sencillo para calcular las indemnizaciones por despido: al ser despedido, al trabajador le corresponde un mes de sueldo por cada año de antigüedad y un mes de preaviso (o dos a partir de los cinco años de antigüedad)

Es decir que si al ser despedido un trabajador cobraba $80.000 mensuales, le corresponden $160.000 si tenía un año de antigüedad o $240.000 si tenía dos. A esto, cuando mucho, se le sumarán algunos conceptos menores como aguinaldos, vacaciones o el mes de despido que se debe cobrar entero.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos reclamos son correspondientes cuando el sueldo y contratación fueron adecuados a la ley. En cambio, si el empleador paga un salario menor al del convenio o no registra el total de las horas trabajadas o lo hace en una categoría menor a la actividad realizada, el empleado despedido puede reclamar un pago en reconocimiento a esos factores.

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Es decir que, siempre que se observe que un trabajador esté reclamando un monto mayor al correspondiente a su antiguedad, seguramente lo que está reclamando no es solo la indemnización sino el reconocimiento de todo lo que el empleador se ahorró al tenerlo subcontratado o en negro, ya que, en última instancia, estos juicios aparecen posterior al intento del empleador de ahorrar dinero mediante el subregistro del empleado.

¿Cuántos juicios laborales se inician por año?

De acuerdo al informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado, para junio del 2022 se contabilizaron 9,974 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2,725 millones de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

Se estima que la falta de registro o subregistro alcanza a un 30% de la masa asalariada. Son casi 3 millones de potenciales juicios laborales por subcontratación. En cambio, entre enero y diciembre de 2021 se acumularon un total de 78.061 expedientes por juicios laborales, y este número incluye los juicios por accidentes, que suelen ser una porción mucho mayor que las de despidos y que no afectan al empleador sino a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Las razones por las que un trabajador no inicia un juicio laboral son múltiples: puede que no esté en conocimiento de sus derechos o que simplemente no esté en condiciones de afrontar los gastos hasta que se dicte una sentencia. 

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Cada trabajador subcontratado que no le hace juicio a su empleador resulta en el ahorro del empleador por los años de sueldo, aguinaldo, jubilación y obra social que no aportó al empleado. Los números, por ende, no dan cuenta que exista un “curro” de los juicios laborales, sino muy por el contrario, el verdadero “curro” parece estar en subcontratar. 

Otros números también dejan entrever que, de existir un “curro” de los juicios laborales, este no sería muy lucrativo. La cantidad de juzgados para llevar adelante los juicios laborales simplemente no son suficientes, y se estima que en el 38% de los juzgados que existen en las provincias, uno o más jueces están vacantes. Como resultado, de los más de 70.000 expedientes que se inician todos años solo un poco más de 10.000 obtienen sentencia, es decir, poco más de un 12%

La escasez de sentencias termina siendo beneficioso para los empleadores, ya que son ellos los que tienen más solvencia para aguantar procesos más largos, mientras que el trabajador, al ver que el juicio puede prolongarse por muchos años, suele verse obligado a acordar por un monto mucho menor al demandado por no tener cómo afrontar los gastos de un litigio tan largo. 

Los datos arrojan no solo que los juicios laborales no estarían coartando un crecimiento en las contrataciones en el sector privado, sino que impulsar una reforma que reduzca las indemnizaciones por riesgo o despidos limitaría aún más el ejercicio de los derechos de los trabajadores que ya se están viendo vulnerados por la escasez de juzgados y jueces para llevar adelante los juicios.

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