Luego de que el amplio arco opositor integrado por Legisladores Provinciales y Nacionales, Intendentes, Viceintendentes y Concejales del Partido Justicialista y del Frente de Todos de Corrientes exijan al Poder Ejecutivo la presentación del proyecto de ley de presupuesto provincial 2023, el Gobernador envió ayer el documento a la Legislatura correntina.
“El Gobernador Gustavo Valdés está incumpliendo con la Constitución”, sostuvo un comunicado presentado por los referentes políticos de la provincia ya que, según establece la Constitución Provincial en su artículo 118, inciso 7, “el Gobernador tiene la obligación de enviar el proyecto de ley de presupuesto un mes antes de finalizado el Periodo Ordinario de Sesiones de la Legislatura. Ese plazo venció este 31 de octubre”.
Asimismo, reclamaron que “el autoritarismo de creer que la mayoría circunstancial en la Legislatura les otorga poderes supremos para violar derechos; es un error que lo pagan los correntinos y correntinas con exclusión y falta de oportunidades”.
Respecto al proyecto de presupuesto provincial, se destaca un incremento del 117% en los fondos que se destinarán al ejercicio fiscal del año próximo. Se alcanza la suma de $505.917.400.562,25, frente a este año, en que se destinó $233.181.305.360, 68.
Entre sus aspectos más significativos, se proyecta un crecimiento de la actividad económica del país (Producto Bruto Interno) del 2% para el año entrante, una variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 60% y un tipo de cambio de $269,90 por dólar estadounidense, en ambos casos proyectado a diciembre 2023.
A su vez, solicita autorización para realizar operaciones con el Gobierno nacional de crédito público interno o externo, destinados al financiamiento de Obras de Infraestructura, materiales, equipamiento y/o el destino que determine, por la suma de hasta $15.000.000.000.
Recomposición salarial
El proyecto de presupuesto provincial 2023 señala que el Gobierno local se compromete a destinar a la recomposición, además de lo establecido en el marco de política salarial, como mínimo un 50% de los recursos excedentes de libre disponibilidad efectivamente ingresados, en concepto de impuestos provinciales y Coparticipación Federal de Impuestos, cuando fueran superiores a los estimados en el presente presupuesto.
Coparticipación a los municipios
En relación a la coparticipación que se destina a las jurisdicciones municipales, se habla de la suma de $60.107 millones que serán destinados a los gobiernos municipales durante 2023.
Fondos para las distintas áreas de Gobierno
En números, se prevé que sean destinados al Ministerio de Educación $138.584.597.593,00, a Salud Pública $57.743.743.219,72, a Obras y Servicios Públicos $12.261.500.828,00, a Desarrollo Social $11.900.057.463,00 y a Seguridad $52.470.308.559,00.
En tanto, el Ministerio de Justicia recibirá $1.913.918.499,00, Industria y Trabajo $1.913.918.499,00, Turismo $1.757.393.415,00, Ciencia y Tecnología $141.027.262,00, Producción $5.694.519.535,00, Coordinación y Planificación $1.247.783.493,00 y Hacienda y Finanzas $163.818.290.117,2.
A su vez, está proyectado que el Instituto de Previsión Social reciba $93.227.606.090; el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) $ 21.855.715.673; el Ente Provincial Regulador Eléctrico $1.020.000.000; y la Dirección Provincial de Energía (DPEC) $37.817.284.343,57.
En tanto, el Instituto de Lotería y Casinos recibiría $32.190.152.562; el Instituto de Vivienda de Corrientes $8.600.450.594 y la Administración de Obras Sanitarias (Ente Regulador) $419.627.448.
Recorte al Poder Judicial
Por un lado, se encuentran los fondos que se destinarán al Poder Legislativo provincial, que rondan los $10.499.673.417.
Sin embargo, el Poder Judicial recibirá mucho menos de lo que solicitó para el ejercicio fiscal del año próximo: $28.751.484.121 contra los $32 millones solicitados.
Cabe señalar que, si bien esta semana los agentes judiciales habían reclamado mejoras en sus haberes y lograron un 15% de incremento para este mes, desde hace años los recursos del Poder Judicial se terminan antes de culminar los años.
Entre octubre y diciembre de cada ejercicio la Justicia correntina queda sin recursos, por lo que debe solicitar un refuerzo al Ejecutivo. Esto no siempre termina de modo favorable para este Poder del Estado y es algo que pone en duda su libertad y autonomía.
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