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Miércoles 08 de febrero de 2023

Jueces sospechados de recibir dádivas: por qué se habla de lawfare y cómo los magistrados beneficiaron a Clarín

El Presidente Fernández pidió investigar el viaje que realizaron los magistrados invitados por funcionarios del macrismo y empresarios del Grupo Clarín.

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Que la justicia argentina es “lenta”, “no sirve” o “es corrupta”, es algo que se escucha constantemente en la opinión pública, pero ¿sobre qué base se construyeron estas expresiones?.

Errores humanos puede haber en todos los ámbitos del país, el problema es cuando se naturaliza un modo de operar que termina convirtiendo a uno de los tres poderes del Estado en una herramienta para hacer política partidaria y/o beneficiar a una empresa, sector o cúpula en detrimento de otra, sobre todo si es del pueblo argentino.

Pero para entender el fondo de esta cuestión es menester calar más hondo y, en primer lugar, dimensionar el rol que ocupa -y siempre ocupó- la justicia argentina en la “rosca” política; y los acuerdos y amistades que existen en el medio.

En estos últimos tiempos se escuchó mucho mencionar, sobre todo desde las exposiciones de la vicepresidenta en la Causa Vialidad, el término lawfare, pero ¿a qué refiere este concepto, en qué contexto político se suele utilizar y por qué toma relevancia en esta situación?

La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.

Se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos que atestiguó la sociedad argentina a lo largo de la historia política de este país.

“Lawfare” significa, entonces, la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra.

Elegido un sector, por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”, explicó el abogado Maximiliano Rusconi.

De la Patagonia al Lawfare

Pero este concepto toma especial relevancia luego de darse a conocer el viaje de los jueces federales y funcionarios porteños invitados -según se dijo públicamente- por Jorge Rendo y Pablo Casey, Presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, donde compartieron unos días en Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri.

Este viaje, en su momento, tuvo poca repercusión mediática al igual que los fallos a favor de Clarín que firmaron estos jueces del vuelo y que, por supuesto, favorecieron al multimedio, e incluso al propio Lewis, lo que acrecienta la necesidad de investigar el delito de dádivas.

El concepto Lawfare toma especial relevancia luego de darse a conocer el viaje de los jueces federales y funcionarios porteños invitados por el presidente y el abogado del Grupo Clarín.

La “escapada” a Bariloche por parte de magistrados, funcionarios porteños, un ex espías y empresarios ya era conocido por publicaciones de Página/12 y El Destape, pero este fin de semana Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil dieron a conocer la filtración de un presunto grupo de Telegram donde los protagonistas del viaje coordinan cómo tapar el escándalo que implicó su difusión.

Según estas filtraciones, estaban preocupados por la posibilidad de quedar envueltos en el delito de dádivas; y en pos de encubrir esto, se los lee y escucha planear otros delitos, desde el direccionamiento de una causa en la que ellos mismos estaban involucrados, hasta en la creación de facturas truchas para disimular la invitación que recibieron los viajantes.

Estas son las opciones barajadas en ese chat filtrado, señalado como un montaje por los magistrados, donde también se da cuenta de que el viaje fue financiado por Clarín. Aunque aún es un interrogante por qué viajaron y qué fueron a hacer.

Algo más que amigos

En ese marco, vale recordar cuáles fueron los fallos y convenios firmados por los invitados a Lago Escondido antes de viajar y que, por supuesto, dan cuenta de que debe investigarse el posible delito de dádivas. 

En primer lugar, es menester recordar que Jorge Rendo y Pablo Casey, son el presidente y abogado del Grupo Clarín, respectivamente; y quienes, según se desprende de los chats, financiaron el viaje y organizaron el grupo

Casey, además de sobrino de Héctor Magnetto, es el Director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom Argentina; y de acuerdo a los chats filtrados fue quien realizó la invitación a Lago Escondido.

 

En los chat, los jueces estaban preocupados por la posibilidad de quedar envueltos en el delito de dádivas.

Él fue también quien les dijo a todos los integrantes del grupo, cuando estaban viendo cómo disimular que no habían pagado nada por su viaje y tenían que crear alguna coartada de apuro: “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”. Y el juez Pablo Yadarola le respondió: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.

Ercolini

Por parte de los magistrados, el más emblemático es Julián Ercolini, quien, por ejemplo, impulsó las causas Vialidad y Hotesur contra CFK e intervino directamente en causas vinculadas al multimedios como el caso Papel Prensa, por lo que quien está más señalado en la maniobra de Lawfare. 

También fue el juez que se sumó a la persecución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó: la procesó en el caso de la compra de un edificio de la Procuración. Y es, a su vez, quien procesó y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo, en 2017. Todos casos que Clarín amplificaba desde sus portadas.

Casey, además de sobrino de Héctor Magnetto, es el Director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom Argentina; y de acuerdo a los chats filtrados fue quien realizó la invitación a Lago Escondido.

Ercolini también tiene en sus manos el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que opera el hombre fuerte de la exSIDE, Horacio “Jaime” Stiuso. 

Además el juez Ercolini subroga el juzgado federal que ocupaba Claudio Bonadío, por lo que interviene en el caso D’Alessio, donde estuvo procesado Daniel Santoro, periodista estrella de Clarín, y en el caso de las Fotocopias de los Cuadernos. 

Dos semanas después del viaje, que se hizo el 13 de octubre, Ercolini rechazó decretar la nulidad de la causa de los anotadores luego que se conociera un peritaje oficial que destroza la investigación, porque da cuenta que los cuadernos fueron escritos por varias manos y al menos dos se confeccionaron de corrido y no día a día. 

Ercolini se sumó a la persecución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó: la procesó en el caso de la compra de un edificio de la Procuración.

Cayssials

Entre la comitiva que vacacionó en el sur, también se encuentra Pablo Cayssial. El magistrado está al mando del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 9 y el responsable de anular la adecuación de oficio de Clarín a la Ley de Medios. 

Al igual que Ercolini, fue clave durante el macrismo para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó al habilitar que el gobierno pueda hacerla cesar en el cargo por decreto y no por juicio político. 

En uno de los supuestos chats filtrados este fin de semana, Cayssials reconoce que la avanzada contra Gils Carbó se la pidió Julio Saguier, el dueño de La Nación, tal como lo recordó en Twitter el diputado Rodolfo Tailhade.

Ercolini rechazó decretar la nulidad de la causa de los anotadores luego de que se conociera un peritaje oficial que destroza la investigación.

Mahiques

El Fiscal General porteño Juan Bautista Mahiques es el organizador del lawfare en la era Macri, según se señala, y actual nexo con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. 

En el supuesto grupo de chat, Mahiques se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y tramita en la Justicia de Bariloche.

Tal como se desprende de los chats filtrados y de documentos públicos, Mahiques firmó un convenio oficial con el abogado de Clarín, Pablo Casey, un mes antes del viaje a Lago Escondido. 

Se trató de un acuerdo rubricado el 13 de septiembre pasado entre la Fiscalía General de la Ciudad y Telecom, es decir, el Grupo Clarín, “para agilizar la información en las investigaciones penales”. 

Este fiscal es sospechado de tener un rol importante en la persecución judicial macrista, ya que desde el Consejo de la Magistratura, se ocupó de diseñar el copamiento del Poder Judicial, a través de concursos truchos, el nombramiento de jueces alineados con el macrismo y el desplazamiento de aquellos que resultaran molestos.

Carlos “Coco” Mahiques

Padre de Juan Bautista, Carlos Mahiques integra la retaguardia macrista en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal y ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido: El 15 de septiembre de 2021 firmó junto a Guillermo Yacobucci y la ya jubilada Liliana Catucci un fallo que benefició al propio Lewis.

El camarista llegó a la máxima instancia penal del país por un traslado dispuesto por Macri. Es decir, llegó a dedo, sin concursar para el cargo. 

Antes, integraba la Casación ordinaria y fue Ministro de Justicia de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cargo en el que duró poco.

 

Pablo Yadarola

Pablo Yadarola es magistrado del fuero Penal Económico y ex secretario del juzgado federal 12 de Comodoro Py, por lo que tiene influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene en su juzgado el caso del atentado a CFK. 

Actualmente, Yadarola está al frente del Juzgado en lo Penal Económico N° 2 pero tiene otro objetivo: integrar la Cámara Federal porteña. El macrismo lo había incluido en su terna para ese cargo clave en Comodoro Py.

Bergroth, Reinke y D’Alessandro

El grupo de pasajeros que viajó a Lago Escondido se completa con Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso; con el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño.

A raíz de la filtración difundida este fin de semana se presentaron denuncias cruzadas en Comodoro Py. 

D’Alessandro, por ejemplo, agita la tesis del espionaje ilegal en su contra, una estrategia que ya se había adelantado en el propio chat filtrado para abordar la difusión del viaje en un avión privado a tierras de Lewis.

“Técnicamente fuimos víctimas de un espionaje ilegal”, dijo Leo Bergroth. Todos asintieron. 

En otro chat filtrado, en interpelación a D’Alessandro, escribió el mismo exespía: “Avisá mañana dónde cae Marcelito??? Poné la palabra ‘espionaje ilegal’ de la que fueron víctimas, y vayamos viendo a quién le tocó”.

Investigación

Ante este tremendo contexto de favores, acuerdos y atenciones especiales para los magistrados por parte de una de las empresas más millonarias y poderosas, económica y mediáticamente en el país, el mismo Presidente de la Nación brindó una cadena nacional donde pidió que se investigue este viaje al sur por el presunto delito de percepción de dádivas.

Si bien, se tenía sospechas de esto, todo explotó cuando el diario Tiempo Argentino y el portal web El Cohete a la Luna publicaron los supuestos chats de Telegram, a partir del hackeo de la línea del teléfono celular de uno de los implicados. 

De acuerdo a los involucrados, las sospechas sobre la fuente de filtración de este viaje a la prensa se dio por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario nacional compartió además la lista de acciones que pondrá en ejecución a partir de esta infiltración que demuestra todo un mecanismo de mentiras.

Pero ¿por qué es importante que se lleve adelante esta investigación que involucra a altos magistrados, funcionarios públicos y empresarios poderosos del país?

En principio porque la percepción de dádivas es un delito y está penado por ley; en segundo término porque estas acciones poco transparentes entorpecen el ejercicio de una justicia que debería apuntar a ser objetiva, responsable y honesta con una sociedad que aún deposita expectativas en ella.

El Poder Judicial es uno de los tres estamentos del Estado a través de los cuales se gestiona una Nación y que, además, tiene la facultad de penar a los ciudadanos que no se adecuen a la paz social que deberían pregonar.

Entonces, una justicia adicta a un determinado grupo económico con el que intercambia favores, que solo apunta al bienestar individual y no colectivo, que llega a sus cargos elegidos a dedos en complicidad con un sector de la clase política, difícilmente llegue a estar a la altura de lo que una sociedad democrática espera y merece.

En síntesis, la decisión del primer mandatario nacional es pertinente en este contexto para darle un dejo de transparencia a estos manejos que resultaron muy turbios por la agilidad para ciertos fallos y condenas y el congelamiento o atraso para otros, como por ejemplo, el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, el cual también constituye un atentado enorme para el sistema democrático.

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