“Este es el río Corriente, del que lo único que se encuentra hoy es arena, gracias a la empresa Adecoagro que, cuando el cauce vuelve un poquito a su normalidad, vuelven a prender sus bombas y nos dejan así como está, sin una gota de agua”, relata un usuario de redes sociales, mientras muestra las preocupantes imágenes de la sequía.
Según describen quienes frecuentan la zona, el drama de la sequía de este río tiene como principales afectados a los ecosistemas dependientes del río Miriñay, a las comunidades productivas que tienen producciones trashumantes sobre la ribera, los productores arroceros más pequeños y la población que ingiere el agua del río.
Recientemente, la organización ambientalista Guardianes del Y’verá, dio a conocer un comunicado en que señaló: “Esta semana se conocieron las noticias que el río Miriñay se secó por la acción irresponsable e ilegal de la empresa arrocera Marcos Schmukler S.A. que construyó un terraplén a la altura del kilómetro 126, cerca de Curuzú Cuatiá, y que el río Corriente dejó su cauce al descubierto muy cerca de Palmita, a unos 10 kilómetros de Perugorría, por la acción de varias bombas, propiedad de la varias veces denunciada multinacional Adecoagro”.
Cristian Piris, referente de la organización, dialogó con NEA HOY y consideró que “la empresa peca de inescrupulosa ya que no es la primera denuncia que recibe y ha sido sancionada por su forma de proceder”, sin embargo, señaló que “la respuesta es repetir sus errores deliberados y desconocer las normativas vigentes, tanto provinciales como nacionales”.
En la misma línea, explicó que la respuesta de las autoridades de aplicación y con poder de policía como el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) es “absurda e indignante”, ya que, en relación a estos casos, manifestó que aplicaría sanciones posterior a la cosecha para no afectar la producción arrocera de los denunciados.
“Una locura, considerando que como mínima sanción corresponde que, ante tamaño daño biológico, sintieran el peso de la ley en sus bolsillos. Pero la autoridad de aplicación máxima de la provincia, prefiere preservar lo productivo aunque sea ilegal y destruya los bienes comunes”, manifestó Piris.
“No se puede continuar con una lógica puramente productivista que no contemple las consecuencias y daños que repetidamente se han generado”
Según habitantes de la costa del río Corriente, que denunciaron la sequía del río por parte de la multinacional, el ICAA le habría permitido la toma del agua en 3.200 hectáreas y ya que la firma posee una estación de bomberos, con siete bombas de agua, con una capacidad de toma de 1.500 litros por segundo, estuvo regando las 11.800 hectáreas que poseen en la Estancia Oscuro, en Curuzú Cuatiá.
“Cargó todo su reservorio con agua del río, fuera del término autorizado por el ICAA, para sustraer agua del río. Está totalmente fuera de la ley en todos los aspectos”, aseveraron.
Por otro lado, remarcaron que, en la actualidad, es imposible prender una sola bomba con el caudal de extracción que posee cada una porque directamente secan el río.
“A veces uno se pregunta ¿quién autorizó?, ¿quien dio la orden?, ¿como Adeco puede manifestar que tiene autorización para regar 3.200 hectáreas y tiene 7 bombas que le da para regar las más de 11 mil sembradas?”, se preguntó el autor del video viral
Y agregó: “Ahora no quieren perder una sola hectárea, y quieren dejar en la calle a productores que hace más de medio siglo están produciendo en la costa del Río Corriente”.
“No se puede continuar con una lógica puramente productivista que no contemple las consecuencias y daños que repetidamente se han generado. Hace años que nuestra región atraviesa una sequía única en todo el siglo, tres años seguidos del fenómeno de la niña, producido por la crisis climática. Esta situación no es nueva, pero al igual que con los incendios de este verano, el gobierno no prevé, no organiza ni prepara medidas hasta que el daño al ambiente y a toda la población, está hecho”, reclamaron desde Guardianes del Y’verá.
Por su parte, Piris manifestó: “Entendemos que es fundamental como criterio el caudal ecológico a la hora de autorizar obras de este tipo. Esto significa que el agua que se extrae de ríos, arroyos y todo cuerpo de agua no supere la cantidad necesaria para que los ecosistemas sigan funcionando y garantizando los bienes comunes y servicios ecosistémicos de los que dependen las comunidades y poblaciones que habitan allí, garantizando la calidad y régimen de flujo de la misma”.
“No es la primera vez que se realiza la construcción de una obra hidráulica por parte de compañías que administran empresas dedicadas a diferentes actividades productivas, sin tener en cuenta el impacto sobre el ambiente”
Un drama local que persiste
A raíz de lo que está sucediendo en Corrientes, Miriam Sotelo, miembro de la comunidad indígena Yahavere y Consejera de Participación Indígena del pueblo guaraní de Corrientes, señaló que no es la primera vez que se realiza la construcción de una obra hidráulica por parte de compañías que administran empresas dedicadas a diferentes actividades productivas, sin tener en cuenta el impacto sobre el ambiente, su fauna y su flora y la alteración de los ciclos naturales que regulan estos ecosistemas.
Comentó que en el 2006, Hacienda San Eugenio (en aquellos años Forestal Andina) construyó un terraplén en el paraje Yahavere, Concepción, de más de 20 km de extensión afectando la escorrentía de las aguas y la vida de toda mi comunidad.
En 2009 la problemática de la sequía de reservorios de agua salpicó a la senadora Josefina Meabe de Mathó que fue denunciada por desarrollar explotaciones arroceras ilegales en la reserva Iberá, robando aguas públicas en reiteradas ocasiones.
Mientras que en el 2011 se frenó un mega proyecto arrocero de los hermanos Aranda y George Soros que pretendía desviar el curso de agua del arroyo Ayuí y represarlo.
En el 2013 denunciaron un nuevo terraplén ubicado en los Esteros del Gallo Sapukay, en Mercedes, con similares consecuencias que en Yahavere, posteriormente resuelto por la justicia a favor de los pobladores denunciantes.
Durante ese mismo año se impulsó la instalación de una planta de celulosa sobre el río Paraná a la altura de Ituzaingó, que se frenó por la presión social. En el 2017 se realizaron, con autorización de los organismos de control, dragados en el Riachuelo, destruyendo su ribera y generando más problemas que soluciones respecto a las inundaciones que afectaban a las poblaciones vecinas.
Por su parte, Emilio Spataro, asesor técnico de Guardianes del Y’verá, consideró que “el caso reciente en Curuzú Cuatiá y los antecedentes demuestran lo que sucede cuando se prioriza el interés económico de unos pocos por sobre el bienestar de los ecosistemas y sus pobladores”.
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