El Gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich vetó el martes tres artículos de la ley que limitaba el uso de celulares en las cárceles basándose en el “principio de progresividad y no regresividad” en materia de derechos humanos.
Juntos por el Cambio en Chaco, había celebrado la aprobación de la ley semanas atrás que contó con una resolución con 23 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, ahora deberán esperar el tratamiento del veto partir de mayo, cuando ingresará a comisiones del Legislativo provincial.
Capitanich utilizó las facultades del Ejecutivo para vetar, es decir rechazó de forma parcial los artículos 1°, 3° y 4° de la sanción legislativa N° 3794-J que reza la «Prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios».
En el escrito, Capitanich escribió: «La presente ley pone en peligro los consensos y objetivos construidos junto al Gobierno Nacional y Provincial, descuidando y alterando derechos constitucionales y convencionales como el principio de progresividad y no regresividad, por los cuales se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos esenciales en forma progresiva, sin legislación alguna que cercene los respectivos derechos».
La Ley vetada por el Mandatario provincial, es una norma promovida por el diputado Livio Gutiérrez y fue aprobada en la primera semana de este mes, donde establece la prohibición de comunicación de los presos dentro de las cárceles, y propone que, para garantizar el derecho a la comunicación de los internos, se instalarán teléfonos públicos, los que deberán ser programados para reproducir al inicio de cada comunicación un mensaje pregrabado en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada.
Días atrás, cuando se aprobó la ley, el precandidato a Intendente por el Frente de Todos, Rodrigo Ocampo le anticipó a NEA HOY: “Esta ley que propone Livio Gutiérrez es irresponsable desde el punto de vista de lo que ya existe, porque es una ley que se aprueba en el año 2023, pero es una ley que la presenta en 2016 y se la aprobó sin informe, y sin ni siquiera que la pueda ver la justicia y atenta contra los procesos que nosotros realizamos en la legislatura”.
¿Por qué Capitanich vetó la ley promovida por Juntos por el Cambio?
Capitanich se ampara en la Ley Nacional N° 24.460 que establece que el único derecho del cual pueden ser privadas las personas estar en situación de prisión es el derecho a la libertad ambulatoria, debiendo garantizarse los demás derechos por parte de los Estados provinciales.
“En este momento las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios ya se encuentran reguladas por el poder judicial y la articulación que hay en un protocolo en común entre la Secretaría de Derechos Humanos, la Justicia y el Ministerio de Seguridad y Justicia. Lo que en definitiva se discutió en la Legislatura por parte de la Justicia ya es una realidad y, por lo tanto, seguramente la defensa de algunos detenidos ha expresado que eso ya existe”, explicó a NEA HOY, Ocampo.
Asimismo, el diputado explicó que no se pueden “perder de vista los protocolos vigentes ya que están monitoreados por la Justicia”, y pidió: “Cuando los tres poderes se ponen de acuerdo es mucho más fácil a la hora de resolver los problemas. Deberíamos mejorar los protocolos vigentes y regularlos por la debida regulación de la comunicación en los establecimientos penitenciarios”.
“Lo que intentó JxC en la Provincia del Chaco es una suerte de demagogia punitiva o un instrumento legislativo que intenta meterse en un debate que la Justicia ya lo tiene bastante contenido y que, si bien es importante seguir trabajando políticas de seguridad, no podemos perder de vista los derechos que ya existen ni mucho menos las garantías constitucionales que tienen las personas que están privadas de su libertad”, sentenció Ocampo.
Consultado sobre los fraudes y las estafas telefónicas, el funcionario confirmó que muchas de estos ilícitos se cometen desde las cárceles y aseguró: “Es clave reforzar los protocolos vigentes, pero no perder de vista que la justicia ya tiene un rol clave en todo esto. Muchas veces cuando uno habla de problemas vinculados a la Seguridad, pretende poner toda la responsabilidad solo en los establecimientos penitenciarios y lo que hay que tratar es de fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para tener monitoreado estos establecimientos”.
¿Qué hará Livio Gutiérrez?
En declaraciones para el medio MDZ, Livio Gutiérrez indicó que rechazará e intentará hacer caer el veto impuesto por Capitanich, una vez que esté en tratamiento en mayo, el diputado radical, dijo: “Veré si consigo dos tercios de los votos”.
Estos son los artículos vetados por Capitanich
Artículo 1º: «Limitase el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la Provincia conforme la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación de la presente Ley».
Artículo 3°: «El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia podrá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular en el interior de los establecimientos penitenciarios y actualizarlos, cuando sea imprescindible, de conformidad con los recursos establecidos en la Ley de presupuesto anual, sin que afecte a las comunidades aledañas a los mismos».
Artículo 4°: «Para garantizar la comunicación de los internos, la autoridad de aplicación facilitará la comunicación de la persona en contexto de encierro con su grupo familiar, afectos, representantes legales para su desarrollo cultural y/o proceso judicial a través de cualquier medio de comunicación».
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