En las últimas semanas, las usurpaciones de terrenos fueron noticia en todo el país. En Chaco, integrantes de movimientos sociales realizaron protestas en el centro de la ciudad de Resistencia en reclamo de “vivienda y trabajo”, otros optaron por llevar adelante ocupaciones pacíficas de terrenos.
Esta situación originó la preocupación de la Legislatura provincial y originó dos proyectos de ley: uno de legisladores oficialistas, quienes declaran la emergencia habitacional en toda la provincia, y otro de la oposición que busca quitarle beneficios sociales a aquellas personas que encabezan usurpaciones de terrenos.
El pasado jueves la Legislatura chaqueña sancionó una ley que establece la emergencia habitacional en todo el territorio por el plazo de 2 años. Tiempo en el que se deben desarrollar desde el Estado diferentes acciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia del Chaco en materia de viviendas e infraestructura.
Por otro lado, el diputado del Partido del Trabajo y del Pueblo, Rodolfo Schwartz, detalló: “Esta ley pretende implementar un programa de soluciones habitacionales y de infraestructura para la población en situación de precariedad. Queremos crear un programa provincial y una Mesa Ejecutiva que articule esos fondos para potenciar la capacidad para dar respuestas en este sentido”.
Leyes para dar soluciones
La Ley de Emergencia Habitacional crea un programa que brinda soluciones habitacionales, de infraestructura social y empleo a los sectores más vulnerables de la ciudadanía chaqueña.
Entre sus funciones, se establece que en el plazo de 2 años el Estado provincial debe brindar servicios básicos como: agua, electricidad, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales, veredas, cloacas, recolección de residuos y transporte público en asentamientos.
El punto fuerte del proyecto es la construcción de soluciones habitacionales para familias que vivan en situación de hacinamiento o en condiciones precarias en asentamientos, villas y barrios populares.
Además, establece que el Estado promueva la creación de carpinterías y herrerías, entre otras. El objetivo es que fabriquen insumos para la ejecución de obras de viviendas. En cuanto al pago de la mano de obra, deberá alcanzar un salario mínimo vital y móvil, con posibilidad de articular los planes sociales.
En otro artículo de la ley se incorpora la creación de una Mesa Intersectorial que articulará el trabajo de los organismos del Estado provincial con las organizaciones sociales de presencia territorial provincial y de cada lugar donde se desarrollarán las construcciones de viviendas.
Desde la Legislatura se espera que el programa de urbanización y construcción de viviendas genere empleo para resolver de raíz las usurpaciones de terrenos ocurridas en el Gran Resistencia como en el interior provincial.
Todo lo contrario
Lejos de entender la situación, los diputados provinciales de la UCR Leandro Zdero y Alejandro Aradas presentaron un proyecto de ley para suspender los planes y beneficios sociales a aquellas personas que usurpen terrenos.
Tanto Zdero como Aradas, consideraron que “es imprescindible que el Gobierno Provincial tome medidas para evitar situaciones que perjudican tanto al Estado nacional, provincial y a los municipios, como a los sectores privados”; por eso, crearon este proyecto de ley.
Entre los artículos de la iniciativa, se establece la restricción al acceso de asistencia social o económica por parte del Estado Provincial, en el caso de que el beneficiario lleve adelante la ocupación de un terreno. Dicha restricción tendría una duración de dos años a partir del momento en que se cometiere el hecho en cuestión.
“Aquellos que participen o instiguen usurpaciones de terrenos y/o propiedades en el territorio de la provincia integrarán un Registro a cargo de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con el fin de identificar a los destinatarios de programas asistenciales por parte del Estado Provincial y restringir su acceso a los mismos”, cita uno de los artículos.
Para Zdero, las usurpaciones “terminan generando problemas habitacionales graves que perduran en el tiempo” y constituyen delitos tipificados en el Código Penal.
El proyecto de los legisladores de la UCR no ofrece una alternativa a la problemática habitacional que origina las usurpaciones de terrenos y, además, suma otro ingrediente: la quita -o suspensión- del único ingreso que tienen algunas familias como lo son las asistencias económicas por parte del Estado.
El camino para resolver la cuestión habitacional en la provincia y en todo el país es la generación de políticas públicas que desarrollen programas de construcción de viviendas. Un proyecto que, además, es una alternativa para generar empleo directo e indirecto en toda la provincia del Chaco.
