El estallido social en Colombia que inició el 24 de abril del 2021 significó la unión de un conglomerado de organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, partidos políticos y distintos actores de la economía.
Avanza el #ParoNacional28A
📌 En Cali, avanza la movilización nacional del #ParoNacional miles de personas siguen en las calles, aún no llegan al punto de encuentro. #EsElMomentoDeParar28A #ParoNacional #VivaElParoNacional28A pic.twitter.com/41ElReDD8j
— Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) April 28, 2021
Desde afuera, el levantamiento parecía ser una respuesta espontánea a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, que consistía principalmente en un aumento del IVA y ampliación de la base impositiva sobre los salarios.
Pero Andres Camacho, líder social e integrante del equipo de la congresista colombiana María José Pizarro, explicó en NEA HOY que en el país se viene gestando un proceso de movilizaciones desde hace una década, fruto del descontento generalizado por la forma en que las distintas políticas estatales fueron impactando negativamente en las clases medias y bajas.
Crisis y pandemia
En su comunicado del 29 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas colombiano manifiestó que entre el 2019 y el 2020, 3,5 millones de colombianos han entrado a la pobreza monetaria y 2,8 millones a la pobreza monetaria extrema. El 42,5% del país se encuentra por debajo del índice de pobreza monetaria y el 15,1% debajo de la pobreza extrema.
A este porcentaje se suman otros datos que alarman: recientemente se registró un 12,4 por ciento de “desocupación de larga duración”, un 72,9 por ciento de trabajo informal y que solo el 9 por ciento de los hijos de las familias más pobres acceden a la universidad frente a un 50 por ciento de las ricas.
En este contexto, agravado por la pandemia, el gobierno presentó una medida que provocó el estallido social: una reforma que propuso aumentar los precios de los productos de primera necesidad y reducir el sueldo de los trabajadores al mismo tiempo, decisiones que contribuirían a empeorar la crisis.
Para 2020, la incidencia de la #pobreza monetaria a nivel nacional, incluyendo el aporte de todas las ayudas institucionales, fue de 42,5 %. De excluirlas, la incidencia se ubicaría en 46,1 %. pic.twitter.com/pWH98oCrM8
— DANE Colombia (@DANE_Colombia) April 29, 2021
Los Acuerdos de Paz
Según Camacho, para entender el estallido social en Colombia es importante analizar las consecuencias de la mala ejecución de los Acuerdos de Paz firmados en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.
Por un lado, las distintas movilizaciones populares durante el proceso de negociaciones, plebiscito y firma del acuerdo sirven como antecedentes importantes de las formas de protesta que se observan hoy. “Es un momento importante que desencadena un tipo de movilización ciudadana, de mucha gente reclamando el derecho a la paz en las calles, y es un momento de ruptura”, analizó.
Por otro lado, la mala implementación de los acuerdos destinados a terminar con un conflicto de más de cincuenta años tuvo como consecuencia la desilusión general de la población. “Mucha de esa movilización por la paz se ha visto traicionada en la esperanza de construir un país distinto luego de la firma del acuerdo de paz”, agregó.
Lo que se esperaba, según Camacho, es que el alto gasto público utilizado para las fuerzas de seguridad finalmente pudiera invertirse en derechos postergados como la salud, el desarrollo social o una reforma agraria. La desilusión de la población fue aumentando al ver que no se cumplía este escenario.
Cultura Guerrerista
El conflicto armado entre el estado colombiano y las FARC se remonta a 1960. Durante este tiempo, Colombia se sumó a Estados Unidos en su “Guerra contra el Narcotráfico”, firmando acuerdos bilaterales con el fin de financiar y fortalecer las fuerzas de seguridad en el país.
Según Camacho, esta cultura “guerrerista” se ve reflejada en la respuesta del Gobierno hacia las protestas. “No ven detrás de todo esto la crisis social, sino que siempre ven agentes extraños y agentes desestabilizadores. Entonces su tratamiento es un tratamiento de guerra que no ha cambiado en la política estatal”.
Más de medio siglo de formación de las fuerzas de seguridad bajo este paradigma, dan como resultado los crímenes que los organismos internacionales vienen denunciando desde el principio del estallido social en Colombia, de represión, secuestro y tortura de los manifestantes.
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