La semana pasada, el senador Martín Lousteau presentó un proyecto de ley que propone alentar el empleo privado eliminando las indemnizaciones por despido.
NEA HOY dialogó con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social, para analizar el impacto que podría tener la aplicación de esta ley en caso de que sea aprobada.
El proyecto
Para Campos, el proyecto presentado por el ex ministro de Economía, así como las propuestas del diputado mendocino Alfredo Cornejo y la “mochila argentina” del empresario textil Teddy Karagozian, tienen un punto en común.
Son una continuidad al proyecto presentado en el 2017 por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca. El objetivo es crear un fondo nacional de cese laboral que alivie a las empresas la carga de las indemnizaciones por despido.
“Básicamente lo que hace es eliminar el sistema de indemnización por despido previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, y reemplazarlo por un sistema parecido al que hoy existe en la industria de la construcción”, afirmó Campos
Así, durante todos los meses los empleadores realizarían un aporte al fondo. Entonces, cuando un trabajador es despedido, en lugar de percibir la indemnización por parte de la empresa, recibiría una suma desde el Estado.
Socializar los costos laborales
Para la creación del Fondo de Cese Laboral, todos los meses el empleador debe aportar un porcentaje de la nómina de empleo. Si por un lado el proyecto libera al empleador de cualquier sanción o consecuencia patrimonial, por el otro en realidad se está exigiendo ese costo al momento de la contratación.
Para Luis Campos, esto no elimina las consecuencias patrimoniales de la extinción del vínculo laboral, sino que las socializa. Esto, según él, “termina generando un incremento de costos parejos para toda la actividad, y esto se traduce en un incremento de costos que termina enfrentando el conjunto de la sociedad”.
Según explica, hoy las empresas grandes al momento de contratar ya incluyen este gasto en su estructura de costos, pero en las empresas medianas o más chicas en su mayoría no contemplan este gasto a la hora de contratar.
Si bien esto conlleva un riesgo de tener impactos patrimoniales mayores en caso de reclamos o juicios de indemnizaciones por despido, muchos empleadores toman esta decisión de manera consciente porque les permite producir a menor costo.
“El día de mañana se aprueba la ley y todos los supermercados tienen que hacer un aporte del 8% de su nómina salarial a este fondo. Esto no hay ninguna razón para que no se traslade automáticamente a precios”, concluye Campos, “con lo cual ese fondo se termina financiando con un incremento de precios que pagan los consumidores”.
Al exigir que todas las empresas asuman mayores costos a la hora de contratar, el proyecto no elimina los costos de las indemnizaciones por despido. En cambio, lo que hace es trasladar esos costos del empleador al consumidor.
Normalizar el sistema de contratación de la construcción
El proyecto está inspirado en el sistema de contratación que existe en la industria de la construcción, que hoy esta teniendo un incremento en la contratación. Pero mirar este incremento y pensar que se debe al éxito de su sistema de contratación puede ser engañoso.
Para Campos, esta alza no indica que la flexibilidad laboral incentive el empleo. Lo que prueba es que el sistema flexible de contratación permite ajustar y recuperarse más rápidamente a las crisis económicas.
“Este régimen ultra flexible de contratación que tenés en la industria de la construcción no implica creación de puestos de trabajo. Lo que si genera es una posibilidad de ajustar muy rápido a la baja”, indicó.
Como se puede observar en el sector de la construcción, reformar el sistema de indemnizaciones por despido y flexibilizar de esta manera el sistema de contratación no genera más trabajo cuando la economía está en alza. En cambio, lo que hará es incrementar los despidos cada vez que la economía se contraiga.
No hay contratación sin sistema productivo
Hay que decir que el proyecto aborda una problemática real hoy en Argentina, que es la falta de trabajo privado. Para Luis, sin embargo, esta falta no se relaciona con las leyes laborales sino con el sistema productivo en el país.
Lo contradictorio en el proyecto reforma de las indemnizaciones, es suponer que se está incentivando la contratación al facilitar los despidos. Parte de la base de que los empleadores no están contratando trabajadores por el miedo a tener que afrontar los costos de su despido.
En este sentido, Campos explicó que el impacto que tiene la legislación laboral en la creación o destrucción de empleo “es muy limitado”. Lo que inhibe hoy la contratación en Argentina no son los costos que afrontarán los empleadores, sino la posibilidad de vender la producción.
“Por más rígida que sea la legislación laboral, si el empleador cree que su aumento en la producción va a tener un mercado que le pueda generar ganancia, va a contratar trabajadores”, determinó.
“Por más rígida que sea la legislación laboral, si el empleador cree que su aumento en la producción va a tener un mercado que le pueda generar ganancia, va a contratar trabajadores”, Luis Campos.
“Si vos eliminas cualquier tipo de legislación laboral, pero no hay expectativa de que la actividad económica crezca”, aclaró por otro lado, “por más que vos elimines cualquier legislación laboral, es más, por más que lleves el salario a cero, el empleador no va a contratar”.
Por ello, para Campos la manera de incentivar el empleo formal en Argentina no es flexibilizando las indemnizaciones por despido, sino generando las bases para el desarrollo de los sectores que requieren mano de obra.
A su vez, para fortalecer mercados que den ganancia a estos sectores, generar programas que incentiven el consumo interno, particularmente “en los sectores que hoy están padeciendo subconsumo”
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