La pandemia por COVID-19 dejó en claro que internet es una herramienta esencial para el trabajo, la educación y la producción. La necesidad durante el aislamiento preventivo de reinventarse y generar espacios digitales de encuentro, de formación y de trabajo puso en manifiesto la importancia del acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el desarrollo social.
De esta manera, en agosto del 2020, el Ejecutivo nacional aprobó el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 690/2020 para establecer a las TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos de competencia para garantizar el acceso equitativo a lo largo del país.
En este sentido, las provincias del NEA adquirieron prioridad las inversiones que apuntan a aumentar la penetración de las conexiones y el acceso de la población a las nuevas tecnologías. Tal es el caso de Red Capricornio inaugurada en septiembre, un punto de acceso de conectividad internacional en la que participan Ecom Chaco, la estatal Refsa Telecomunicaciones de Formosa y Marandú Comunicaciones de Misiones.
Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.
— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020
Entre otras cosas, el DNU prohibía las suspensiones o cortes de servicios durante un plazo de 180 días para asegurar que durante el aislamiento no se vulnere el derecho a la educación y al trabajo.
Además, daba al Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) la autoridad de reglamentar la prestación básica universal obligatoria y regular las tarifas, asegurándose que las mismas sean “justas y razonables”, cubran los costos de explotación y tiendan a la prestación eficiente.
Sin embargo, estas regulaciones no cayeron bien a las prestadoras del servicio, quienes presentaron una cautelar para que la justicia suspendiera el DNU en mayo de este año. A pesar de este fallo, es necesario continuar el debate sobre la forma de garantizar el acceso a internet de forma equitativa a lo largo del país.
En sintonía con el mundo
Argentina no está sola en reconocer la importancia de internet. Las organizaciones internacionales vienen recalcando la importancia del acceso a las tecnologías digitales como garantía de la libertad de expresión.
En el 2011 la Organización de las Naciones Unidas declara el acceso libre a internet como un derecho humano y cuatro años después, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que se establece internet como un “derecho básico”, promoviendo su regulación para su “promoción, protección y disfrute”.
En el 2019, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta en la que se pedía a los estados “reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión“.
el diagnóstico de la estructura, cobertura, acceso y asequibilidad a los servicios de comunicaciones en la Argentina arroja zonas y sectores con buenos servicios y también muchas carencias. Esas carencias no las cubre el mercado: se precisan políticas públicas activas.
— Martín Becerra (@aracalacana) August 22, 2020
Países como Finlandia y Estonia, que ocupan los puestos 11 y 29 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya reconocen el acceso a internet bajo estas resoluciones y obligan al sector privado y público a suministrarlo en todo el territorio.
Lo mismo hicieron Holanda, Canadá y Francia, que ocupan los puestos 8, 16 y 26 del mismo índice. Los tres países invierten en proyectos que aseguran la conectividad de alta velocidad a toda la población.
Cabe destacar que la Ley Argentina Digital, promulgada en el 2014, ya reconocía como interés público el desarrollo de las TIC como factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la nación.
El DNU del año pasado redobló la apuesta para que, junto al Plan Nacional de Conectividad, se sentaran las bases que garanticen la maximización de la cobertura geográfica y la accesibilidad de toda la población.
A su vez, se presentó ese año en la Cámara de diputados el proyecto de Ley de acceso a internet como derecho humano y servicio universal, que incluye las modalidades de banda ancha, fija, móvil y satelital.
Asimetría en la conexión
Para no quedarnos en derechos nominales, es necesario discutir si el mercado de competencia es suficiente por sí solo para garantizar el derecho equitativo y eficiente a lo largo del país.
Según el último estudio de la Cámara Argentina de Internet correspondiente al segundo semestre del 2020, Argentina alcanzó un crecimiento anual del 8,9% de cantidad de conexiones. Sin embargo, el 32% de los hogares aún no cuenta con conexión fija de internet.
Si analizamos el nivel de penetración del servicio según provincia vemos que existe una concentración que deja al NEA particularmente en desventaja. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra un total de 108 conexiones cada 100 hogares, la provincia de Formosa solo registra 32.
A su vez, las cuatro provincias del NEA en conjunto presentan una penetración inferior al 50%, a diferencia de la región pampeana que se mantiene por encima del 65%.
Si bien la competencia incentiva la inversión hacia nuevos mercados, las mismas se dirigen siempre hacia los de mayor rentabilidad, postergando cada vez más a las provincias menos pobladas, con menor poder adquisitivo o menor densidad de población. En este sentido, dejar que el mercado regule el acceso a internet promueve el desarrollo asimétrico a lo largo del país.
Esta tendencia solo es contrarrestada por las inversiones realizadas desde las provincias y la nación, gracias a las cuales Chaco y Corrientes, por ejemplo, lograron un crecimiento anual del 16,80% y 9,44% en la penetración de las conexiones.
Concentración en el mercado
Un informe del regulador de servicios británicos OFCOM advierte que las propias características de los servicios online tienden a generar mercados concentrados que perjudican a los consumidores.
En los papeles, Argentina no parecería tener este problema: cuando la Cámara Argentina de Internet se pronunció sobre el DNU del Ejecutivo nacional, habló del riesgo de la subsistencia de 1.200 pequeños y medianos actores que prestaban servicios principalmente en pequeñas y medianas localidades del interior.
Sin embargo, si uno presta atención a los índices de concentración del mercado de servicios de internet fijo presentados por el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM), en Argentina se observa que tan solo cuatro proveedores concentran el 80% del mercado, dejándoles solo el 20% restantes a una diversidad de proveedores.
La concentración se vuelve aún más grosera teniendo en cuenta que Telefónica (15%), Telecentro (12%) y Supercanal (7%) son propiedad de la misma empresa; por lo que el 80% del mercado estaría concentrado solo en dos grandes empresas: Telecom-Cablevisión, y Clarín (proveedora de Fibertel).
Este escenario se recrudeció justamente cuando se flexibilizaron las regulaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri que permitió la fusión de Cablevisión y Telecom en 2017.
Para que internet pueda ser finalmente un servicio público en todo el país es necesario promover su acceso de la mano de los pequeños actores y poniendo un límite a las adquisiciones que concentren más el mercado.
De otro modo, la tendencia será que estas pequeñas empresas sean adquiridas por alguno de estos dos grandes proveedores que aprovecharán las inversiones estatales para entrar en pequeños mercados, que de otro modo no habrían sido rentables.
