El 3 de marzo se cumplirán dos años desde que se declaró la pandemia en Argentina, y con todo el camino recorrido, es fácil dar por sentado todos los cambios y medidas que tuvieron que acompañar la transformación del campo laboral.
La irrupción del COVID-19 trastocó la organización del trabajo tal como se conocía. En el mejor de los casos, quienes no cumplían tareas esenciales, pudieron reconvertir sus actividades en teletrabajos, mientras que otros debieron modificar sus espacios y la organización de sus actividades atendiendo a las medidas sanitarias preventivas.
No todo el complejo campo laboral vivió la transición de la misma manera, y en algunos casos, el cese de las actividades terminó afectando aquellos trabajos que no eran esenciales pero tampoco podían realizarse remotamente.
A principios del 2021, la Organización Internacional del Trabajo arrojó en un informe que, entre despidos y reducción horaria, fruto de la pandemia se habían perdido 255 millones de empleos en 2020.
Asimismo, hubo cambios en el campo laboral que obligó al Estado a tener que adaptarse para poder mediar las relaciones laboral.
Protección del empleo
Además de la irrupción del teletrabajo, el impacto de la pandemia además visibilizó en el país la masividad de un tercer grupo de trabajadores con contratos precarios, pequeños emprendedores, vendedores ambulantes, quienes encontrándose vulnerables aún antes de la Pandemia, vieron su fuente de trabajo aún más afectada o disminuida por las medidas sanitarias.
En diálogo con NEA HOY, la abogada Joaquina Bouzas afirma que “claramente la informalidad creció de una manera abrupta, y eso se puede ver. Hoy en día rige la prohibición de despidos, incluso se prorrogó. Hay una situación que el Gobierno viene a respaldar, pero hay sectores muy desprotegidos, lo que es el sector doméstico por ejemplo, o emprendimientos a menor escala”.
Además, recuerda que también se encuentran los trabajadores que forman parte de la población de riesgo, cuya actividad muchas veces implicaba exponerse al contagio poniendo en riesgo su vida. “Hubo sectores que expusieron su salud. Como por ejemplo la gente de 60 años, que para evitar ir a sus empleos tuvieron que usar sus licencias de vacaciones”.
Como se dijo, para acompañar estas transiciones y continuar con las medidas de aislamiento sin vulnerar aún más a la población activa, el Estado debió generar nuevas normativas que protejan a estos trabajadores.
Uno de los más importantes fue el Decreto 329/20, que prohibió los despidos y suspensiones sin causa justa e impuso la doble indemnización que se prorrogó hasta el 2022, mientras que para las poblaciones más vulnerables, se decretaron una serie de medidas económicas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Sobre ésto, Joaquina Bouzas asegura que “hubo, hay y van a haber nuevas normativas que vengan a respaldar todo esto. Pasamos de una supervisión de tareas, de estar en contacto físico a tener que evaluar de otras formas, de otro lugar, de una forma digital. Hoy se basan en otras cuestiones”.
Protección del espacio laboral
Pero además de proteger los puestos de trabajo, debió pensarse al propio campo laboral como potencial fuente de contagio, aumentando el riesgo de los trabajadores que debían exponerse al virus todos los días.
Por eso en abril del 2020 también se emitió el Decreto 367/2020, que detalla que “los trabajadores que se infectan con la COVID-19 debido a su trabajo, deberían tener derecho a atención de salud y, en la medida en que estén incapacitados para trabajar, a prestaciones monetarias o una indemnización, en caso que quedaran secuelas”.
Según explica la abogada Liliana Gomez en diálogo con NEA HOY, “dado el contexto de pandemia no solo el bien jurídicamente protegido es la salud, sino también el sustento en el hogar. Estos tiempos de pandemia exigen sobre aquel que detenta mayor capacidad económica, la observancia en el campo de las relaciones laborales de pautas de buena fe y solidaridad hacia el eslabón más frágil de la cadena productiva”.
Dato preliminar de noviembre: la industria creó 7.800 puestos de trabajo formales nuevos. De esta manera, alcanzó el mayor valor en tres años.
Comparado contra fines de 2019, hay 48.000 puestos formales más en ese sector. pic.twitter.com/W8ZnjZVnMH
— Daniel Schteingart (@danyscht) January 26, 2022
Un ejemplo de esto se dio a mediados de enero del 2022, que por un acuerdo conciliatorio, una ART deberá indemnizar con 14 millones de pesos a la familia de un trabajador que se desempeñaba en la venta online y falleció a fines del 2020 tras haber contraído COVID-19 en el ámbito laboral.
Como reverso de la moneda, si bien no se ha registrado en Argentina se pudo ver en otras partes del mundo que hubo despidos de trabajadores que no quisieron vacunarse para protegerse de la enfermedad al momento de asistir a su lugar de trabajo.
Con las nuevas herramientas que se generen, queda esperar que la justicia esté a la altura de evaluar en cada caso en particular la necesidad y situación de vulnerabilidad de los trabajadores. Por eso, la letrada Bouzas aclara que es fundamental que el trabajador busque asesoramiento.
“Hay un montón de alternativas. A veces uno se queda con una respuesta o con lo que escuchó en la tele, y hay otras alternativas de seguir buscando para poder llegar a una solución o tener otra modalidad de respaldo. No están cien por ciento desprotegidos, hay herramientas”, aseguró.
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