El 15 de abril venció el plazo propuesto por la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso aprobara una nueva ley sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano que investiga, designa y propone la remoción de jueces.
Esto significa que el Congreso debió elegir dos nuevos miembros correspondientes a las segundas minorías de cada Cámara para sumarse al Consejo. En esto, la estrategia del oficialismo para evitar que Juntos por el Cambio logre una mayoría en la Magistratura generó una polémica que estuvo está en boca de todos los medios.
La historia del Consejo
El diseño institucional estipulado en la Constitución Nacional de 1853 daba un carácter vitalicio a los nombramientos de jueces, elegidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo tras un concurso que realizaba y elevaba el Consejo de la Magistratura. Una vez designados, los jueces podrían ser removidos solamente mediante un juicio político que debía ser confirmado por las dos cámaras del congreso.
Además de ser un sistema mayormente discrecional, la remoción por juicio político resulta un proceso muy costoso en términos institucionales. Por eso, en la reforma constitucional del 94 se asignó al Consejo de la Magistratura la potestad de investigar y seleccionar a los jueces nacionales y federales y de acusarlos y removerlos si un jurado de enjuiciamiento confirma la acusación.
De esta forma, además, se sustrajo a la Corte Suprema el sistema de administración absoluta de la justicia. Si bien la Constitución del 94 no establecía un número para la conformación del Consejo de la Magistratura, en su artículo 114 establece que la misma debe procurar “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular”.
Es la Ley de 1999 la que estableció que la Magistratura esté compuesta por 20 miembros: el titular de la Corte Suprema (quien presidiría el Consejo), cuatro magistrados, cuatro representantes de los colegios de abogados abogados, dos representantes de la academia, un representante del Poder Ejecutivo, y ocho miembros del Poder Legislativo, de los cuales cada cámara designaría a dos representantes de la mayoría y un representante de las primeras y segundas minorías.
La composición fue modificada por la Ley 26.855 del 2006, que reduce la cantidad de miembros a 13: tres magistrados, dos representantes de los colegios de abogados, uno del Poder Ejecutivo, uno de la academia y seis del legislativo, de los cuales cada cámara elegiría a dos para representar a la mayoría y a uno a la minoría. Se eliminó la presencia del titular de la Corte Suprema y se estableció que el propio consejo definiría su presidente por votación. Posteriormente hubo otra reforma en el 2013.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esta ley en el 2013, objetando que un Consejo compuesto por siete representantes de la política partidaria y seis de las instituciones no procuraban el “equilibrio” establecido por la constitución. Así, se cambió nuevamente la composición del Consejo de la Magistratura. Esta vez, los miembros serían 19, manteniendo la ausencia del titular de la Corte Suprema pero sumando cinco representantes de las academias universitarias.
¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina tu país? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios.
La casta de la que nadie habla. pic.twitter.com/rq2K703WVi— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 17, 2022
El nuevo Consejo
Muchos expertos discutieron el fallo de la Corte Suprema, aduciendo que es irreal separar a los sectores partidarios de las instituciones ya que de todos modos los miembros de los representantes de las instituciones se encuentran alineados con alguna de las facciones políticas. De hecho, eso mismo ocurría hasta hace poco, ya que dos magistrados y dos abogados estaban alineados con la oposición mientras que un representante de la academia estaba alineado con el oficialismo.
Por eso, el Frente de Todos presentó en diciembre un proyecto de Ley que busca equilibrar los estamentos y al mismo tiempo dar más federalismo y equidad de género al Consejo de la Magistratura.
De aprobarse la Ley, volvería a estar formado por cuatro jueces, cuatro abogados, dos miembros de la academia y un representante del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso seguiría designando a tres representantes por cada cámara, dos por la mayoría y uno por la minoría. En total, el Consejo de la Magistratura estaría conformado por 17 miembros, de los cuales 8 tendrían que ser mujeres. A su vez, de los cuatro abogados, uno debe ser de CABA y los otros tres de las provincias.
El proyecto fue presentado en diciembre, cuando el Presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti anticipó un fallo de inconstitucionalidad a la reforma del 2013. Se dio al Congreso un plazo de 120 días para aprobar un proyecto.
En vez de restaurar la vigencia de la Ley 26.855 que el fallo del 2013 revocó, la Corte Suprema declaró que, de no aprobarse una nueva ley, el Congreso volvería a estar conformado de acuerdo a la Ley de 1999. De esta forma, el propio Rosatti, apoyado por la Corte Suprema que él mismo preside, podría pasar a presidir también el Consejo de la Magistratura.
Además de tomar la presidencia del Consejo, volver a la composición del 99 implica que las cámaras elijan dos representantes por sus mayorías y uno para las primeras y segundas minorías. Con los representantes de los bloques de UCR y el PRO, la oposición podría llegar a la mayoría del Consejo, junto al juez Juan Manuel Culotta y los abogados Marías y Carlos Matterson.
El proyecto presentado por el FdT fue aprobado por la Cámara de Senadores a principios de este mes y todavía debe pasar por Diputados. Sin embargo, el plazo de 120 venció el 15 de abril y el Congreso debió elegir a sus representantes para el Consejo antes de aprobar la nueva ley.
Ante las mentiras y la desinformación, algunas aclaraciones sobre lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura 👇🏻
— Mariano Recalde (@marianorecalde) April 21, 2022
La separación del bloque
Para evitar que la oposición tomara el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos se dividió en dos bloques, un “Frente Nacional y Popular”, conducido por José Mayans y la “Unidad Ciudadana”, conducida por Juliana Di Tullio. De esta manera se le quita la condición de segunda minoría al PRO.
El movimiento táctico estuvo en la boca de todos los medios, y miembros de la oposición amenazaron con denunciar penalmente al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y a la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, los antecedentes judiciales no los acompañan, ya que en el 2015 el entonces oficialista PRO juntó las bancadas para nombrar a Pablo Tonelli.
Cuando asumió Macri, el FPV era primera minoría; le correspondían dos sillas en el Consejo.
El macrismo se alió a Stolbizer, el PS, peronistas racionales, etc, armó una nueva primera minoría y se quedó con una silla de más.Pepín sentaba jurisprudencia.https://t.co/xXgeceF2Zm
— Sebastián Lacunza (@sebalacunza) April 20, 2022
Así, el presidente de la Cámara de Diputados informó la designación de Roxana Reyes, de la UCR, mientras que el Senado informó el nombramiento de Martín Doñate del FdT. Estos dos miembros se suman al Presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y las cuatro nuevas consejeras que juraron la última semana para sumar los 20 miembros del Consejo.
Así, el Consejo de la Magistratura estará conformado de la siguiente manera:
Presidente de la Corte Suprema: Horacio Rosatti (preside el organismo).
–cuatro jueces: Ricardo Recondo y Agustina Díaz Cordero, integrantes de la Lista Bordó al interior de la Asociación de Magistrados; Alberto Lugones (Lista Celeste); y Juan Manuel Culotta (Compromiso Judicial).
-cuatro diputados: Vanesa Siley (Frente de Todos), Pablo Tonelli (PRO), Roxana Reyes (Unión Cívica Radical) y Graciela Camaño (Interbloque Federal).
-cuatro senadores: Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara (Frente Nacional y Popular); Silvia Giacoppo (Unión Cívica Radical); y Martín Doñate (Unidad Ciudadana).
-cuatro abogados: Diego Marías (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Carlos Matterson, Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez (interior del país).
–Representante del Poder Ejecutivo: Gerónimo Ustarroz.
-dos académicos: Diego Molea (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y Pamela Tolosa (Universidad Nacional del Sur).
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