La Fiscalía de Instrucción Nº 3 de Corrientes, a cargo del doctor Gustavo Roubineau dispuso acciones investigativas en las oficinas de la Dirección Provincial de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble en el marco de la investigación por la megaestafa en la compra y venta de inmuebles que tiene como principales imputadas a la escribana Gladys Báez, quien permanece detenida, y la falsa notaria, Teresa Vázquez, prófuga de la Justicia.
Ayer, personal de Prefectura Naval inició un fuerte allanamiento en cinco lugares de la Capital y, producto del operativo, detuvieron a siete personas: entre ellas la directora del Registro de la Propiedad y al director de Catastro, Narciso Santín Toffoletti.
El hecho, cuya investigación se promovió, involucra el accionar de la escribana Báez, que intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterada, y que aparentemente habían sido comercializados por la profesional.
El mecanismo fraudulento fue detectado por los organismos de contralor de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble.
De tal manera, las acciones generadas en la fecha son consecuencia de las denuncias generadas por los organismos de la provincia y se aguardan nuevas acciones similares hasta la determinación definitiva de responsabilidades en este tipo de procedimiento fraudulento, que no se ha concretado gracias a la intervención de los organismos de contralor de las mencionadas reparticiones provinciales.
La referente política Teresa Vázquez, quien ahora es representada por el abogado Rubén Leiva, debería estar detenida pero en febrero, cuando allanaron su casa en la localidad de Santa Ana, las fuerzas federales se dieron cuenta de que se había dado a la fuga.
En la requisa a su propiedad se encontró gran cantidad de documentación adulterada, como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 documentos nacionales de identidad.
La causa
De acuerdo a la investigación, al menos 15 personas detenidas formaban parte de una banda delictiva que buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de Abril y Mendoza, lo cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, les falseaban la mensura a los agrimensores.
El negocio no es solamente el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto, también se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes.
Identificaban si se encontraban abandonados y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.
Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, y así poder escriturar el inmueble.
Ese rótulo truchado era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble.
En agosto del año pasado el área de Asesoría Legal de esta Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes que llamativamente tramitaban siempre las mismas personas que hoy están detenidas.
Capítulo aparte es el de Gladys Báez, quien además está vinculada a una causa en la que se involucra al exgobernador Ricardo Colombi, por la compra de una casa, donde se investiga evasión tributaria.
Fuente: El Litoral.
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