Muchas hipótesis se elaboraron después del intento de homicidio a Cristina Kirchner el primero de septiembre. Las principales, intentan dilucidar si la “banda de los copitos”, nombre que reciben los perpetradores del atentado actuaron por motus propia o si tienen algún tipo de vínculo o relación política que incentivó o participó en la organización u hostigamiento del mismo.
Poco después del intento de homicidio, Brenda Uliarte apareció junto a otros vendedores callejeros de copitos en el noticiero de Telefe, en el horario de mayor audiencia de la televisión de aire, para decir que tenían miedo.
Esta extraña maniobra llevó a algunos analistas a preguntarse sobre las verdaderas motivaciones que tenían para exponerse de esa manera cuando todavía ningún canal ni noticiero la señalaban a ella ni se acuñaba aún la frase “La Banda de los Copitos”.
Cuatro detenidos
Hasta ahora hay cuatro detenidos en la causa. El primero fue Fernando Sabaj Montiel, quien gatilló el arma, y la segunda fue Brenda Uliarte, quien lo acompañó al lugar. El tercer imputado , a través de los mensajes encontrados en el celular de Uliarte, fue Gabriel Nicolás Carrizo, identificado como el jefe y proveedor de materia prima y maquinaria del grupo que vendía algodones de maíz apodado “la banda de los copitos”.
Allí se leen conversaciones posteriores al atentado en donde ambos jóvenes lamentan que el arma no se haya disparado y expresan sus intenciones de intentarlo por segunda vez, siendo Uliarte la que apriete el gatillo.
Finalmente está Agustina Díaz, la amiga de Uliarte, a quien la acusada cuenta como planificaba matar a Cristina Kirchner. En mensajes posteriores al hecho, Agustina le cuestiona sobre las razones por las que no salió el disparo y le recomienda descartar el arma.
Tanto Sabag Montiel como Brenda Uliarte fueron procesados por la jueza María Eugenia Capuchetti con prisión preventiva por considerarlos coautores del delito de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa. El fiscal Carlos Rívolo imputó a Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes en el en el intento premeditado de homicidio.
La fiscalía también investiga los mensajes de Carrizo con una tal “Andrea”, quien le aseguró haberle entregado una pistola calibre 22 a Uliarte y los mensajes a un tal “Jony White”, a quien reveló también sus intenciones de “matar al jefe de la Cámpora” apenas dos horas después del atentado. Sobre los primeros mensajes, Carrizo dijo que se trató de una broma. Los segundos aún no fueron incluidos en las indagatorias.
El abogado de Carrizo
Carrizo está siendo defendido por Gastón Marano, un abogado de muy alto perfil quien aparentemente accedió a defender de manera gratuita al acusado. Graduado con diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires, tiene posgrados en las universidades Di Tella y Harvard.
Fue supervisor de la secretaría de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y tenía a su cargo la gestión de la cooperación jurídica internacional. Marano fue asesor de Ignacio Torres, senador de Juntos por el Cambio, quien lo desplazó por defender a Carrizo.
Cuando la familia Carrizo contratan a Marano, también autorizan acceso al expediente a otros dos de sus auxiliares, Brenda Salva y Fernando Sicilia. Salva comparte estudio jurídico con Marano y además asesora al bloque de diputados del PRO.
Es una profesional muy cercana a Patricia Bullrich y a Cristian Ritondo. Sicilia participó en la defensa de la organización de inteligencia acusada por espías ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri. La defensa declaró que el día de hoy estaría pidiendo nuevamente la excarcelación del joven.
La vinculación con Revolución Federal
Brenda Uliarte acudió semanas antes a una “marcha de las antorchas” convocada por un grupo llamado Revolución Federal. La propia joven subió fotos que corroboran su participación además de decir a su amiga Agustina Díaz que estaba organizando armar “bardo” con las antorchas en la rosada. Además, tanto Uliarte y Sabag como otros miembros de la banda de los copitos comparten grupos de Telegram con gente de Revolución Federal.
Esto puso en el foco de la discusión a Revolución Federal, una organización relativamente nueva pero que cobró mucha notoriedad por sus escraches violentos a distintos funcionarios del oficialismo.
El 10 de mayo el grupo realiza varias publicaciones en redes sociales difundiendo un código QR para sumar militantes a un grupo de chat de Whatsapp. Pocos días después hace lo mismo un grupo llamado Nación de Despojados, con orientación similar. Ambas agrupaciones articulan acciones y convocatorias para protestar contra el gobierno nacional.
A partir de ese día, Revolución Federal se adjudicó varias protestas violentas, como la del 4 de julio en la quinta de Olivos cuando se designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, la del 9 de Julio en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, cuando armaron una guillotina con la leyenda “presos, muertos o exiliados”, el 22 de julio frente al instituto patria.
También fueron los que estuvieron El 4 de agosto en el escrache a Sergio Massa durante uno de sus primeros actos al frente de la cartera de Economía, evento que llevó a la discusión y renuncia de Viviana Canosa en América. El 11 de agosto se atribuyeron presencia en el teatro donde actúa Pablo Echarri y el 18 de agosto frente a Casa Rosada realizaron una marcha que debió ser dispersada por la policía.
Algunos integrantes de éstas agrupaciones estuvieron en Recoleta el fin de semana del 27 y 28 de agosto, cuando se realizó el enfrentamiento entre militantes kirchneristas y la policía por las vallas que había ordenado poner Horacio Larreta.
De acuerdo a las investigaciones, en un posteo un usuario en twitter llamado “@johnny.dipp.31″ habría pedido “unos cuantos corchos a los parásitos”, refiriéndose a los funcionarios del gobierno nacional. El usuario “@revolucionfederal_” habría respondido “Aún no conseguimos el héroe que se anime”.
La Agencia Federal de Inteligencia denunció el posible vínculo entre el grupo con el atentado a la vicepresidenta, y a mediados de mes, la Unidad de Información Financiera (UIF) elevó un informe confidencial que pone el foco en el financiamiento de esta organización, haciendo incapié en su fundador, Jonathan Morel, quien recibió una transferencia por casi 2 millones de pesos de un fideicomiso que estaría vinculado a la familia Caputo.
Estas dinero había sido cobrado pocos días antes del atentado. Según Morel, se debió a trabajos de carpintería realizados en su taller en Buenos Aires para un hotel de Neuquén, a más de mil kilómetros de distancia. Supuestamente, Morel no sabía que el fideicomiso correspondía a la familia Caputo.
Hasta a Pagni le llama la atención que todos los abogados de la banda de los copitos sean del PRO. pic.twitter.com/bbOMaRZV2L
— Sergio Villone (@sergioVillone) September 20, 2022
La vecina de cristina
Mientras se agrupaban día tras día militantes kirchneristas a brindar su apoyo a la vicepresidenta, trascendió en los medios la presencia de un personaje pintoresco. La vecina de Cristina, Ximena de Tezanos Pinto adquirió notoriedad cuando comenzó a colgar banderas arriba del departamento de la expresidenta, mientras que en las redes salía de vez en cuando en las redes relacionándose simpáticamente con algunos militantes kirchneristas.
Es integrante del partido Republicanos Unidos que fundó Ricardo López Murphy para anexarse a Juntos por el Cambio, a pesar de haber afirmado que votó por Javier Milei en el 2021. Su figura, hasta ahora picaresca, adquirió un nuevo rol en ésta trama cuando se supo que, tres meses antes del atentado, comenzó a subalquilar su apartamento a Gladys Egui, representante legal de Leonardo Sosa, integrante de Revolución Federal.
Invitado por su representante legal, Sosa habría subido al departamento de Tezanos Pinto cuatro días antes del atentado y se sacó una selfie desde el balcón mostrando la esquina en el que ocurriría el hecho. Además de representar a Sosa, Egui representa a Gastón Guerra, quien participó de los escraches en Casa Rosada el día que Sergio Massa asumió como ministro.
No a lugar
Con todos estos datos vinculando a la banda de los copitos con la organización, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró que la causa del atentado y las investigaciones a Revolución Federal debían unificarse, y le envió un expediente a Capuchetti.
“La presunta actividad ilícita llevada a cabo por el grupo Revolución Federal debería ser investigada conjuntamente con el ilícito padecido por la Vicepresidenta, teniendo en consideración que una de las personas habría participado en ambos espacios”, indicó el magistrado de Giorgi.
El argumento, sin embargo, fue rechazado en primer término por el fiscal Carlos Rívolo, que dictaminó que “no se vislumbró hasta el momento nada que vincule a los acusados con la agrupación Revolución Federal, ni con sus miembros o líderes”.
La jueza Capuchetti respaldó al fiscal, indicando que el hecho de que Uliarte hubiera concurrido a una manifestación del grupo Revolución Federal “no vincula a esa agrupación con el atentado a Cristina Kirchner”.
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