La discusión por la posibilidad de utilizar teléfonos celulares en las cárceles chaqueñas se reabrió luego que referentes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) pidieran revisar la permisividad y el Gobierno defendiera la medida asegurando que “el celular es positivo en la medida que sirva para la readaptación social de las personas”.
Cabe señalar que esta decisión fue adoptada por el Gobierno chaqueño durante la pandemia de COVID-19. Fue en junio del 2020 que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco autorizó a internos de cárceles chaqueñas a utilizar celulares para comunicarse con familiares, de manera provisoria, debido a la imposibilidad de visita, y, desde entonces, se sostuvo la permisividad.
Sin embargo, durante el 2022 sucedió un caso que activó la alarma social y abrió una fuerte discusión al respecto. Fue cuando Misael Cabrera, un hombre detenido en la Comisaría de la localidad de Samuhú y condenado por abuso sexual a su hijastra, cuando la víctima tenía 7 años, incumplió, en reiteradas ocasiones, las reglas de uso de teléfonos celulares y realizó publicaciones y mensajes ofensivos contra su víctima desde la celda.
Esto hizo que debieran secuestrarle el aparato electrónico en dos ocasiones. De igual modo, el recluso solicitó un teléfono celular a otro condenado y continuó persiguiendo a la víctima. El caso derivó en que la víctima se quitara la vida durante la fiesta de navidad, una semana atrás.
“El uso de celulares dentro de las cárceles chaqueñas permitió garantizar el acceso a la educación del interno y la vinculación con su grupo familiar cercano”, Gloria Zalazar, Ministra de Seguridad y Justicia.
¿Qué reclamó el INADI?
La delegada del INADI, Nancy Sotelo habló recientemente con medios locales y, si bien reconoció que el protocolo para el uso de teléfonos celulares en las cárceles fue puesto en marcha siguiendo recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, advirtió que “desde hace un tiempo familiares de víctimas de femicidios y abusos sexuales vienen denunciando el uso malintencionado de dispositivos móviles por parte de personas detenidas por esos graves delitos”.
Mencionó también que, luego de la audiencia en el contexto del femicidio de su hermana, Soledad Sotelo, asesinada el año pasado por Maximiliano Qurióz, comenzó a recibir capturas de pantalla e información de las amigas de la víctima que lo vieron activo en las redes sociales.
“Femicidas, abusadores y torturadores no pueden tener acceso a un teléfono desde su lugar de detención”, Nancy Sotelo, delegada del INADI en Chaco.
En esa línea, reclamó que las autoridades provinciales con competencia en la materia, actualicen dicho protocolo y no se permita, en adelante, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet a detenidos por femicidios y delitos contra la integridad sexual.
“Se trata de una política de seguridad. El Estado debe prevenir los hechos de violencia, debe acompañar a las víctimas cuando estos hechos ya pasaron. No revictimizar nuevamente. Los familiares de víctimas vamos a organizarnos y esperamos que el Gobernador nos escuche. Hasta ahora, eso no ha pasado y hacemos un llamado fuerte a todas las instituciones, no solamente al Poder Judicial sino al legislativo”, aseveró Sotelo.
La respuesta del Comité de Prevención de la Tortura
A raíz de los dichos de la delegada del INADI, el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco se pronunció sobre el tema y remarcó que “los teléfonos de manera ilegal o no registrada ya estaban presentes en el contexto de encierro antes de la pandemia”.
Y dijo que, inicialmente, hubo una autorización que fue parcial, lo que provocó muchas situaciones de conflicto entre las personas que tenían y no tenían autorizados los teléfonos. Es por eso que el Ministerio de Seguridad tomó la determinación en junio de 2020, luego de un proceso de análisis.
La integrante del Comité, Ariela Álvarez, analizó que la norma, a su vez, establece un “uso racional y responsable e indica un procedimiento administrativo para el caso que no se de ese uso responsable. Se retira ese teléfono y se evita que haya un uso abusivo o ilegal”.
“En los casos de violencia de género y abusos, que son los más sensibles y que han trascendido en estos últimos días, tiene que quedar en claro para las víctimas y sus familiares que hay mecanismos que son inmediatos de prevención y protección frente a esas situaciones”, remarcó Álvarez.
La referente dejó en claro su postura de prevenir los posibles casos de acoso y ciberdelitos desde la cárcel, mediante los mecanismos judiciales, sin afectar el derecho a la comunicación de la totalidad de los reclusos.
“Tenemos que llevar tranquilidad a las víctimas de que, si se sienten afectadas, rápidamente tiene que haber un mecanismo de protección”, Ariela Álvarez, integrante del Comité de Prevención de la Tortura.
Celulares en las cárceles: ¿a la espera de una ley que regule la situación?
Ariela Álvarez fue un poco más allá del reclamo y realizó un pedido que podría modificar de fondo la situación. Que la Cámara de Diputados trate un proyecto de ley para regular el uso de teléfonos celulares en las cárceles chaqueñas.
“Tenemos que llevar tranquilidad a las víctimas de que, si se sienten afectadas, rápidamente tiene que haber un mecanismo de protección. Esto es lo que tenemos que discutir”, dijo.
Y consideró: “Ojalá estos temas lleguen a la Cámara de Diputados y se discutan porque necesitamos del involucramiento social y, en este caso, de los legisladores para discutir lo que está ocurriendo dentro de las cárceles y del incumplimiento del Estado del objetivo resocializador que tiene la pena en sí misma”.
En la actualidad, según el Comité de Prevención de la Tortura, existen 2.800 personas que habitan el territorio chaqueño que hoy se encuentran privadas de libertad, entre Servicio Penitenciario y Comisarías. La mayoría de estas personas, aseguran, están haciendo un uso absolutamente responsable, estudiando y recuperando vínculos afectivos mediante el uso del celular.
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