Después del fallo en en el que la Corte Suprema obliga a aumentar el monto coparticipable a la Ciudad de Buenos Aires, y avalado por las facultades que conceden los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional el presidente Alberto Fernandez elaboró un pedido de juicio político a los jueces por intervenir desde el Poder Judicial en temas presupuestarios que competen al Poder Ejecutivo y sobre una ley presupuestaria aprobada por el Poder Legislativo.
El pedido fue acompañado por 11 gobernadores, entre los que se encuentran el gobernador de Chaco Jroge Capitanich, y el formoseño Gildo Insfrán. Ya en la cámara de diputados, se encuentra a la espera del decreto presidencial que pedirá sesiones extraordinarias para ser tratado en la Comisión de Juicio Político.
He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución ⬇️ pic.twitter.com/USZkqnt7eV
— Alberto Fernández (@alferdez) January 3, 2023
Las razones del pedido de juicio político
El proyecto de juicio político se realiza en un contexto de descrédito del sistema judicial en el ámbito público. El escándalo que provocaron los viajes de jueces con empresarios y funcionarios de Cambiemos a Lago Escondido fue para una parte de la población la evidencia de que existe una complicidad entre jueces, empresarios y funcionarios de Juntos por el Cambio.
Este sentimiento fue alimentado, por un lado, por la condena a la vicepresidenta Cristina Fernadnez de Kirchner y finalmente por el fallo del propio juez Rosatti que exhorta a la nación a retribuir a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que se le había asignado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Es por ello que en el pedido de juicio político se menciona la relación que tienen Silvio Robles, director general de la Vocalía de Rosatti y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, evidenciada en los chats que se filtraron del celular del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
Comunicado de adhesión de las y los intendentes del @FrenteDeTodos de la Provincia de Buenos Aires al pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el mal desempeño de sus funciones. pic.twitter.com/qb7VVMGdge
— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 8, 2023
El presidente y los 11 gobernadores que firmaron el documento entienden que éstos intercambios se tratan de “una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura“.
En el documento también se menciona la manera en que Rosatti asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, al instigar desde su posición de presidente de la Corte Suprema a la legislatura, siendo éste una clara intervención del poder judicial al poder legislativo y ejecutivo.
“Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual, como se desarrollará en el punto siguiente, asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se describe en el texto.
¿Las decisiones del Poder Judicial no tienen nada que ver con tu vida? ¿La Corte Suprema no incide en tu día a día? ¿Y en el desarrollo económico de un país? En 7 hilos te mostramos fallos concretos que deberías conocer.
— Julia Strada (@Juli_Strada) December 5, 2022
Y continúa: “posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación“.
Al realizar ésta maniobra con el objetivo de imponerse a sí mismo como presidente de los dos organismos, se considera que Rosatti actuó en desmedro de la Ley de ética en el ejercicio de la función pública, donde se especifica que “todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual tengan un interés en el pleito“
En éste punto se incluyen a Rosenkratz y Maqueda dentro del pedido de juicio político, ya que ambos como miembros de la corte apoyaron la decisión de Rosatti que, según el texto, “arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional“.
El juicio político es una herramienta constitucional y el Congreso ejerce las facultades de los arts. 53, 59 y 60 de la CN. Ud. es un ex presidente, no degrade las instituciones comparando una acción violenta contra los poderes democráticos con un procedimiento constitucional. https://t.co/83O3GKS1yB
— Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) January 9, 2023
En cuanto al fallo que decidió incrementar infundadamente la masa coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires es una decisión en la que se acusa a los cuatro miembros de la corte por igual, incluyendo a Ricardo Lorenzetti. Sin embargo atribuye una mayor responsabilidad a Rosatti aduciendo que debería excusarse de cualquier decisión sobre el distrito de la Capital Federal por las relaciones que mantiene con el Jefe de Gobierno porteño.
Los pasos a seguir
En este momento el pedido de juicio político firmado por el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores del país se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de ser tratado por la comisión de juicio político que preside Carolina Gaillard. Sin embargo, la comisión debe esperar al pedido de sesión extraordinaria para reunirse, que desde la presidencia aseguran se pedirá para la segunda quincena de éste mes.
La comisión está conformada por 31 integrantes: 16 pertenecientes al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno del Interbloque Federal. Tanto los diputados de JxC como el diputado del interbloque avisaron que no acompañarán el pedido de juicio político, sin embargo, para su tratamiento en comisión solamente se necesita de mayoría simple (la mitad más uno), por lo que, si la totalidad del bloque del FdT lo acompaña, JxC no podrá detener su tratamiento.
Según las últimas noticias este hombre, Silvio Robles, dejaría de ser la mano derecha del presidente de la @CorteSupremaAR Horacio Rosatti.
Esto no modifica el vergonzoso rol que cumplió hasta hoy con la anuencia eel Cortesano.
JUICIO POLÍTICO YA pic.twitter.com/0SsB1O86G9— Lmas (@Lmas94230039) December 31, 2022
De aprobarse el tratamiento, se abrirá la investigación en la que los distintos bloques podrán llamar a distintos testigos para declarar. En éste proceso se producirán las pruebas y formularán las acusaciones que se llevarán al recinto para que sean debatidas por el resto de los diputados. Hecho ésto, se convoca a los acusados para realizar su descargo, pero el proceso no será obstaculizado en caso de que residan de ése derecho.
De acuerdo a la constitución, un pedido de juicio político necesita ser aprobado por dos tercios de la cámara, es decir que debe contar con 177 votos positivos de los 257 diputados. El frente de todos cuenta con 118, por lo que deberá sumar 59 para que el proyecto pase al senado
El oficialismo contará con un par de meses para establecer las alianzas necesarias que le permitan aprobar el juicio político. Juntos por el Cambio, por su parte, amenaza con paralizar el Congreso, no dejando avanzar ninguna otra ley hasta que se resuelva o vote el pedido de juicio político.
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El Ministerio de Justicia de la Nación denunció a Marcelo D’Alessandro
